¿Qué tanto se acercará una auditoría que ordenó la Contraloría General de la República (CGR) al uso final que diputados de la Asamblea Nacional (AN) le dieron a los casi 15 millones de dólares que repartió este órgano del Estado desde julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016?
La Prensa tuvo acceso a información que contiene la auditoría hecha hasta ahora a la Asamblea. Se trata de un informe que da cuenta de procedimientos administrativos y no uno de tipo forense u ordinario, sobre el uso de fondos y bienes del Estado.
Lo que se ha descubierto hasta ahora es casi nada en cuanto al destino final de los fondos estatales. Pero la auditoría recoge con lujo de detalles la totalidad de los diputados gestores de las ayudas. Solo cuatro de ellos utilizaron fondos que sobrepasaron el 20% del total de las donaciones, que sumaron hasta ahora 14.9 millones, según la auditoría de la CGR.
En los primeros cuatro lugares en gestión y entrega de donaciones están los diputados Rubén De León (PRD); seguido de Francisco Alemán (Molirena); Pedro Miguel González (PRD) y Adolfo Beby Valderrama (Partido Panameñista).
AUDITORÍA, UN CUENTO CHINO
¿Qué descubrió la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría realizada a las dudosas donaciones de la Asamblea Nacional (AN)?
La respuesta es nada. La Prensa ha tenido acceso a información de esta diligencia que desde hace meses llevan a cabo funcionarios de la Dirección de Auditoría Interna de la CGR en la Asamblea. Pero esta no es una auditoría forense –como la que se estila en casos en los que se presumen manejos irregulares de fondos– sino una que solamente examina los procedimientos administrativos.
La auditoría –que aún está en etapa de borrador– halló algunas deficiencias en la manera en que se manejaron los más de $14.9 millones en donaciones, que este medio ya había reportado, pero, hasta ahora, no llega al fondo, no hay una investigación para determinar el destino final del dinero que, como quedó demostrado en una investigación periodística de La Prensa publicada el año pasado, buena parte de los fondos quedó en manos de asistentes de diputados.
¿Se trata de un error? No lo es. La resolución que firmó el contralor Federico Humbert (ver lo rojo del facsímil) ordena al equipo auditor verificar únicamente “los procesos”.
Y esta auditoría es crucial. Sin ella, el Ministerio Público (MP) no podrá reabrir el proceso seguido a los asistentes de diputados y otros funcionarios que el MP tiene competencia para investigar, ya que la Corte Suprema evitó procesar a diputados por carecer de la llamada “prueba idónea”.
La información a la que ha tenido acceso este medio –y que está en manos del director de Auditoría Interna de la CGR, Jorge Perea– revela algunas cosas nuevas, aunque no lo son para la institución, ya que esta es la que refrendó cada cheque que salió para las personas, instituciones, juntas comunales y onegés que solicitaron ayuda a la AN.
Descargue aquí dos cuadros dinámicos en Excel con datos como fecha, hora y minuto exacto en el que los cheques fueron cambiados, los bancos y sucursales donde se hicieron efectivos, los códigos que identifican al diputado gestor, entre otros detalles.
LAS LISTAS
Así, por ejemplo, la auditoría recabó los nombres y números de cédula de cada supuesto beneficiario de donaciones, clasificados por gestor, es decir, en la auditoría consta una lista de personas a las que los diputados les gestionaron donaciones y los montos en cada caso.
Con este listado, el MP podría citar a los beneficiarios y averiguar el destino final del dinero o, en su defecto, interrogar a cada persona sobre el proceso que les habría impedido –si fuera el caso– recibir la totalidad del dinero de la donación.
En cuanto a los diputados, la auditoría elaboró la lista de gestores, en la que aparecen 68 de los 71 diputados. Así, por ejemplo, entre los que más diligenciaron donaciones figuran el expresidente de la AN Rubén De León (del Partido Pevolucionario Democrático, PRD), con $1.4 millones; le sigue el diputado Francisco Alemán (Molirena), con $616 mil; en tercer lugar está el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, con $554 mil; y el expresidente de la AN Adolfo Beby Valderrama (del Partido Panameñista), con $463 mil.
Solo 4 de los 71 diputados gestionaron y entregaron cheques por más de $3 millones en donaciones, es decir, el 20% de los $14.9 millones donados. (Ver tabla).
Poco más del doble de la suma anterior –unos $6.4 millones– fue donado a nombre de la Asamblea Nacional –“donación institucional”, le llaman los auditores–, suma que corresponde al 43% de las donaciones totales. El remanente del dinero –37%– se repartió entre la gran mayoría de los 67 diputados restantes.
INVESTIGACIÓN TRUNCADA
Desde que La Prensa publicó la investigación sobre la dudosa filantropía de los diputados, la CGR inició una investigación, cuya génesis fue accidentada.
Existen tres direcciones de auditorías en la CGR, una interna, la general y la forense, solamente las dos últimas llevan a cabo investigaciones sobre el manejo de fondos públicos.
Como ya se explicó, existe una diferencia entre una auditoría forense y una interna o de procedimientos.
Según el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Auditoría Interna, de la CGR, su objetivo es “velar por la correcta administración del patrimonio de la Contraloría, mediante el control, fiscalización, monitoreo y seguimiento de las operaciones administrativas”.
Pero, en febrero de 2016, las cosas cambiaron. Con el cúmulo de procesos que se generaron en el Ministerio Público a partir de los manejos irregulares de dinero estatal registrados en la pasada administración, la CGR creó la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, cuya función no era vigilar las operaciones administrativas de la CGR, sino fiscalizar, regular y controlar “los actos de manejo de fondos y bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección...”.
Y de eso se debió tratar la auditoría: sobre el manejo de fondos y bienes públicos, y no de procesos administrativos.
El 8 de marzo de 2017, el contralor Federico Humbert ordenó a la Dirección de Auditoría General de la CGR “realizar una auditoría al proceso de emisión y pago de contratos por servicios profesionales, así como donaciones efectuadas por la Asamblea Nacional de Diputados durante el período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016”.
La Dirección de Auditoría General tiene como objetivo “fiscalizar, mediante el control posterior, los actos de manejo de fondos y bienes públicos para determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y presentar ante el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas los informes cuando correspondan”.
Es decir, Humbert ordenó una auditoría ordinaria que le habría servido al MP para su investigación, pero, cuatro meses después, modificó la orden de auditar a la Asamblea Nacional.
El 11 de julio de 2017, Humbert decidió que la Dirección de Auditoría General dejara la labor encomendada, y que en su lugar la hiciera Auditoría Interna, que como se dijo examina procesos administrativos.
El resultado es que, 10 meses después, aún no hay una auditoría, ni siquiera de carácter administrativo.
El borrador carece de inspecciones en campo para verificar que los beneficiarios recibieron el dinero. Tampoco se sabe nada de los fondos que salieron para las oenegés y sociedades deportivas que manejaba personal de la AN vinculado a los diputados, directa o indirectamente.
Se le preguntó a Humbert por qué no había entregado esta auditoría, pero no contestó los correos, mensajes ni llamadas telefónicas.
Según los auditores, la información suministrada para las donaciones no fue oportuna, ni íntegra, ni confiable, por carecer de un control adecuado de los expedientes de las donaciones, y los documentos sustentadores están incompletos y no garantizan una información confiable.
De hecho, los auditores descubrieron que el Departamento de Tesorería de la Asamblea y la Dirección de Auditoría Interna de ese órgano del Estado firmaban un acta, tras entregar la donación, sin tener la certeza de que el firmante es el beneficiario.
Queda pendiente no solo la entrega de este informe, sino una investigación para determinar el destino final del dinero. Pero, por lo visto, le tocará a las autoridades judiciales establecerlo.
