En noviembre de 2018, cuando aún se ventilaba el caso de los pinchazos en la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Martinelli había llamado a los querellantes a la cárcel El Renacer para plantearles un acuerdo que pusiera fin a las a las acusaciones en su contra. Así lo contaron los abogados de las víctimas a diversos medios de comunicación.
Estos abogados revelaron que Martinelli ofreció pagarles $75 mil a cada uno de los que estaban dispuestos a pactar. Abogados y víctimas rechazaron de plano la oferta: lo mínimo que aceptarían –le dijeron– sería $1 millón para cada uno. Esta contraoferta tampoco prosperó. El expresidente les respondió que prefería darle $1 millón a cada magistrado, que darle tal cantidad de dinero a las víctimas, revelaron los abogados.
Para entonces, a varios medios se había filtrado un proyecto de fallo –elaborado por el entonces magistrado Oydén Ortega Durán– en el que este accedía a la petición de la defensa de Martinelli de quitarle la competencia del caso a la Corte Suprema de Justicia y enviarlo a la justicia ordinaria.
Un mes después, el proyecto de Ortega se convirtió en sentencia. El caso de Martinelli fue a la justicia ordinaria, donde terminó exonerado de los cuatro cargos en su contra en un fallo no exento de polémica.
Lo que dijeron los abogados sobre la respuesta de Martinelli volvió a poner el tema sobre la mesa.
¿La Corte vende fallos?
¿En la Corte Suprema de Justicia se pueden comprar sentencias? Eso era lo que pensaba Martinelli, a juzgar por la respuesta que, según los abogados, le dio a la contraoferta de los querellantes en el caso de los pinchazos. Pero él no es el único que lo cree así.
Desde hace años, un empresario panameño tiene las mismas sospechas. Los casos judiciales que promovía terminaban con fallos de la Corte Suprema de Justicia que invariablemente eran en su contra.
Las sentencias se acumulaban, y con el transcurrir de los años, acentuó su teoría de que todas esas decisiones en su contra describían un patrón de corrupción.
El empresario se propuso tratar de probar lo que pensaba: que su contraparte ganaba los casos gracias al pago de sobornos por fallos hechos a la medida.
Específicamente, pretendía probar que por entonces un magistrado –cuyo periodo venció y se retiró este año– vendía sus fallos, al menos, en su caso.
Una manera relativamente fácil habría sido grabar a quienes él creía que eran los personajes de la trama corruptiva. Claro que para eso habría sido necesario obtener autorización expresa del Órgano Judicial, cuyos jueces son los que aprueban este tipo de procedimientos.
Y este escenario planteaba una ironía... y un obstáculo: un juez tendría que permitir la intervención de las comunicaciones de personas que supuestamente corrompían a sus colegas –incluyendo al que probablemente tuviera que autorizar la intervención– y a funcionarios de todo nivel en el Órgano Judicial. Ello equivalía a pedirle permiso a los que él pretendía investigar. Irónico y virtualmente imposible.
El empresario buscó alternativas. Después de varias consultas, decidió contratar los servicios de una agencia privada de inteligencia.
Su propósito era que los detectives pudieran probar que, en su caso, que los jueces habían actuado con dolo para perjudicarlo.
Pero el resultado de la intervención de los agentes reveló un entramado que iba más allá de su propio caso. Los hallazgos de los detectives van desde la descripción de esquemas de corrupción en oficinas de la Dirección de Migración, del Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Panamá, hasta el pago de sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los informes de su caso apenas eran la punta de un gigantesco iceberg.
Los investigadores
La cruzada del empresario que se sentía víctima del sistema de justicia local buscaba dejar en evidencia que, en su caso, los fallos tenían un precio: que se paga en dólares y en efectivo.
Su iniciativa lo llevó a buscar ayuda fuera de las fronteras de Panamá. Eligió a expertos en inteligencia entrenados y formados por el Ejército israelí. Aunque sus métodos en ocasiones han sido calificados de controvertidos, igualmente ha sido efectiva en sus resultados, principalmente en litigios corporativos complejos, en los que ha logrado probar el pago de sobornos.
El empresario contrató los servicios de la empresa israelí Black Cube, con sede en Tel Aviv, y con oficinas en Francia y el Reino Unido.
Fue fundada en 2010 por dos exoficiales que sirvieron para unidades élite de inteligencia del Ejército israelí que, a su vez, contrata a especialistas en operaciones de inteligencia para hacer el trabajo de campo.
Para atrapar a sus blancos, Black Cube suele crear escenarios elaborados, que incluyen compañías ficticias, espías que se hacen pasar por empresarios o ejecutivos con el fin de extraer información. Entre sus clientes se cuentan magnates, bufetes de abogados y otros.
Fuentes vinculadas a esta investigación explicaron a La Prensa que en casos como estos, al “proyecto” se le asigna un director, con conocimiento de la región y del área objetivo.
Además, intervienen analistas que, en conjunto con los otros integrantes del equipo, le dedican, al menos, unos tres meses a cada proyecto.
El trabajo de campo es asignado a ex unidades del ejército israelí, especialistas en tecnología, seguridad interna e inteligencia tecnológica, dotados de experiencia en este tipo de asuntos en cada región, en este caso, en países de América Latina.
El objetivo
El empresario panameño acordó con los detectives investigar a un abogado local que era su contraparte en buena parte de los procesos que él había instaurado en el Órgano Judicial.
Su nombre: Janio Lescure. Ese sería su blanco. Para obtener evidencias era necesario llevarlo a un lugar donde fuera legal grabar las conversaciones.
Es así como Lescure fue invitado a viajar a España en dos ocasiones. El abogado aceptó, quizás ante la perspectiva de enganchar a potenciales clientes que era en realidad –como ya se dijo– investigadores israelíes.
Para obtener resultados en esta operación, los exagentes de inteligencia adoptaron la identidad de inescrupulosos hombres de negocios rusos, interesados en llevar a Panamá mujeres para ejercer la prostitución clandestina.
Adoptar esta identidad no era producto del azar. Habían estudiado a Lescure antes de presentarse.
Y es que Lescure no es ajeno a este negocio. Él aparece como director y agente residente de sociedades –así como defensa técnica– de un conocido empresario de origen norteamericano, dueño de clubes nocturnos en Panamá, como Josephine's Gold y Josephine's Elite.
Su nombre es James Shackelford, quien fue arrestado en 1998 en Colombia, acusado de trata de blancas y proxenetismo. Y como se verá a lo largo de las siguientes entregas, Lescure acumuló experiencia para evitar ser acusado, al menos, del delito de trata de blancas.
La operación de inteligencia con Lescure comenzó y terminó en el segundo semestre de 2018. Previo a los encuentros en España, los detectives prepararon las fachadas y la parafernalia de un plan para desenmascarar a un magistrado, pero que terminó descubriendo lo que Lescure describe en sus propias palabras como una “mafia” en el Órgano Judicial de Panamá.
Los escenarios donde tuvieron lugar las grabaciones fueron restaurantes de lujo ubicados en Madrid y Barcelona, en salones de acceso público. “No hay nada que se haya dado en encuentros privados”, revelaron las fuentes.
Audios y demandas
Y Lescure fue gráfico, abierto, inusualmente locuaz en este tipo de encuentros. Describió cómo puede obtener fallos a la medida; de su amistad con algunos magistrados; de cómo les paga y sobre las tarifas a las que deben someterse por estos fallos arreglados.
El empresario que contrató los servicios de los israelíes entregó a La Prensa extractos de los audios de las reuniones con Lescure en España, a fin de exponer todo lo que, inesperadamente, descubrieron los detectives.
La Prensa pudo corroborar algunos de los hechos que describió Lescure, pero el abogado no quiso hablar con La Prensa, pese a que en el primer contacto accedió a una entrevista que luego convirtió en una amenaza de querella.
La exprocuradora Ana Belfón, en representación de Lescure – tras obtener un poder de este último– hizo la amenaza poco velada de querella en caso de que el medio divulgara los audios, cuya veracidad del contenido ni niega la carta ni niega Lescure.
La amenaza vino por escrito: “… Cualesquiera grabaciones que reúnan características de ilicitud, se constituyen en conductas delictivas y continuadas, con propósitos a aviesos [sic] de quienes se la han proporcionado a usted. Concretándose en una denodada persecución a la profesión de un abogado, con francos matices extorsivos”, advirtió en su carta la también abogada de Mayer Mizrachi. (Ver facsímil).
