El diputado perredista Alfredo Fello Pérez calificó de “falsas” y de asuntos “viejísimos” las publicaciones de este medio en las que se mencionan conexiones con Carlos Enrique Mosquera, alias Calitín, uno de los delincuentes más peligrosos del país, actualmente detenido en la cárcel de Punta Coco por los delitos de pandillerismo y narcotráfico.
Pérez, quien busca la reelección como diputado del circuito 8-4 (Chepo, Balboa, Chimán y Taboga), dijo que presentó ayer una demanda civil por $1 millón contra Corporación La Prensa por las publicaciones, y destacó que ya había sido absuelto en 2016 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una denuncia en la que se le acusó de la comisión de diversos delitos, tras su vinculación con Mosquera.
El diputado presentó a los medios la parte resolutiva del fallo en el que el tribunal no admitió el proceso en su contra por falta de prueba idónea.
Alfredo Pérez
Diputado del circuito 8-4.
El proceso completo
Lo que no presentó el diputado fue el fallo completo, que contiene los antecedentes de su presunta vinculación con Mosquera.
El proceso se inició a partir de una compulsa de copias que el Ministerio Público remitió a la CSJ el 10 de mayo de 2016, sobre un proceso seguido a Calitín y otros por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas; posesión y tráfico de armas de fuego; y delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
La vinculación del MP
Como parte de las pesquisas –realizadas por la Fiscalía Primera de Drogas–, rindió declaración jurada Eliseo Ábrego Peña, quien manifestó que Carlos Mosquera figura en la sociedad Agro Darién como suscriptor, en compañía de Alfredo Pérez.
Según Ábrego Peña, la sociedad Agro Darién está registrada mediante escritura pública No. 10532, del 2 de junio de 2010, en la que los primeros dignatarios fueron Carlos Mosquera, presidente; Alfredo Pérez, secretario; y Nimia Pérez (hermana del diputado), tesorera.
De acuerdo con la declaración de Ábrego Peña, en dicha escritura también se menciona que Carlos Mosquera tenía el 50% de las acciones y el resto las tenía Alfredo Pérez.
La información del testigo fue confirmada por la fiscalía a través de oficios practicados en el Registro Público, en los que, además, se descubrió que el diputado y Mosquera aparecen como suscriptores en la sociedad Rapi Cash, S.A., inscrita el 5 de octubre de 2010 y disuelta el 21 de agosto de 2012.
No justifican bienes
La investigación a Mosquera se inició por un informe de inteligencia policial, en el que se señala que varios hombres, entre ellos, Carlos Mosquera, se dedicaban al narcotráfico y al “tumbe” de drogas en Chame.
En marzo de 2015, la fiscalía allanó la finca Los Campeones, en El Espavé, Chame, y detuvo a Calitín.
En el operativo, las autoridades decomisaron armas, dinero en efectivo y cinco sacos “con cocaína en grandes cantidades”. Además de Mosquera, se detuvo a otros sospechosos.
La División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial concluyó que, respecto a “la justificación de los fondos utilizados para la adquisición de bienes e inversiones realizadas por Carlos Mosquera y sus allegados, no se ha acreditado debidamente una fuente de ingresos que compruebe la procedencia lícita para el pago de dichos bienes, igual que muchos de estos bienes inmuebles se encuentran subvalorados, con el fin de evitar conocer el verdadero valor de los mismos”.
Corte salva a Fello
El fallo de la Corte, fechado el 14 de julio de 2016, con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, señala: “no se han aportado elementos de convicción, tampoco consta indicio alguno que permita establecer la relación entre los hechos investigados y el diputado Pérez”.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, “no hay una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización, y tampoco se puede tener por presentada la prueba idónea del hecho punible”.
Además de Cedalise, el fallo lleva la firma de los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Abel Zamorano, Ángela Russo, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega y José Ayú Prado.
Fello archiva casos
Luego de este fallo de la Corte, Pérez ha ocupado un puesto en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales en los dos últimos periodos legislativos (2017-2018 y 2018-2019), en los que ha votado a favor del archivo de varias denuncias contra los magistrados de la Corte.
Por ejemplo, en marzo de 2018 votó a favor del archivo de denuncias contra los magistrados Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega.
Luego, en octubre pasado, también apoyó el archivo de casos contra los magistrados Díaz y Fábrega.
Por mandato constitucional, los diputados investigan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estos, a su vez, procesan a los diputados.
Otras denuncias
Contra el diputado Pérez reposa en la Corte una denuncia por la supuesta comisión de delitos ambientales, relacionados con el presunto tráfico ilegal de madera (cocobolo).
Este proceso fue instruido en 2012 por el Ministerio Público, que hizo una solicitud para que se le abriera causa criminal a Pérez.
Sin embargo, a partir de julio de 2014 el proceso pasó a la esfera de la Corte Suprema, ya que Pérez ganó una curul como diputado del 8-4. El caso sigue en el tribunal de justicia.
El diputado tiene tres denuncias más por supuestamente cancelar cheques sin fondos a diversas empresas.
