Pese a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno con los carteles de drogas y el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional, dijo ayer el delegado en el país del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Christoph Harnisch destacó en rueda de prensa que “las FARC después del desarme dejaron de ser grupo armado y veo en la actualidad que este hecho para nosotros fue importante en términos jurídicos y legales”, aunque remarcó que la exguerrilla, convertida ahora en una fuerza política, “sigue teniendo obligaciones en términos del derecho humanitario y obligaciones con la búsqueda de personas desaparecidas” durante la lucha armada de más de medio siglo con las fuerzas colombianas.
Horas después, el presidente Juan Manuel Santos señaló que “hay avances y también grandes desafíos, pero no nos olvidemos que los acuerdos fueron diseñados para ser cumplidos en 15 años”.
El delegado del comité lamentó que a pesar de este avance continúan los enfrentamientos en diferentes partes del país contra el ELN, el cartel narco Clan del Golfo “y un grupo que no existía hace dos años, que son disidentes del frente oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz”.
Agregó que “siguen las amenazas a personas, a las comunidades, siguen los homicidios selectivos, las siguen afectando con artefactos explosivos. Para estas poblaciones la situación no cambió y en algunas zonas empeoró”.
En un informe, el comité señaló que la implementación del acuerdo de paz con las FARC no ha avanzado con la rapidez y ambición que se esperaba. “Necesitamos un mayor nivel de compromiso y voluntad política para que se cumpla lo acordado”.
El comité registró más de 550 casos de violaciones recientes al derecho internacional humanitario en zonas históricamente vulnerables de Colombia y donde se produjo el reordenamiento de grupos armados, principalmente en los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca, entre otros.
Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo en rueda de prensa que en los dos últimos años han sido asesinados 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país.
“No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el Gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”, agregó.
Las autoridades atribuyen estos asesinatos a la expansión en los últimos meses del ELN, las disidencias de las FARC y la consolidación de áreas cuyo territorio se encuentra dominado por grupos ilegales.
