La comisión legislativa especial que investigará los presuntos casos de corrupción en las contrataciones de obras de infraestructura pública en las últimas tres administraciones de gobierno se instaló ayer en medio de críticas y aprobación por parte de sectores de la sociedad civil.Los miembros de la comisión, que fueron juramentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, acordaron dentro de la hoja de ruta trazada que podrán solicitar a las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas copia autenticada de todos los contratos que hayan celebrado para la construcción de infraestructuras durante los últimos tres periodos constitucionales 2004-2009 (Martín Torrijos); 2009- 2014 (Ricardo Martinelli) y 2014-2019 (Juan Carlos Varela).De igual manera esta instancia podrá entrevistar a los titulares y extitulares de las carteras o despachos públicos cuyas instituciones participaron en la contratación de tales obras para el cumplimiento de sus funciones.También podrá hacer cualquier diligencia en el territorio nacional o en el exterior que consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.Esta comisión, conformada por 11 diputados (ver tabla), deberá presentar un informe final al pleno de la Asamblea que contenga las conclusiones y recomendaciones que surjan como resultado de su trabajo.
El presidente de la comisión especial, el diputado Elías Castillo, manifestó que investigarán en detalle las implicaciones del escándalo Odebrecht.
“59 millones o seguramente mucho más hacen repugnante las acciones de quienes, aun sabiendo las dificultades y limitaciones por las que atraviesa el 34% de panameños que vive en la pobreza, roban a manos llenas, conspiran para llevar adelante sus fechorías y, más tarde, se ríen de sus hazañas”, señaló.Castillo anunció que ya contactó a los “colegas parlamentarios de Brasil”, país sede de Odebrecht, la constructora cuyos ejecutivos confesaron haber pagado $789 millones en sobornos a funcionarios de varios países de la región. En Panamá, Odebrecht admitió coimas por $59 millones entre los años 2010 y 2014.
“Hice contacto con colegas parlamentarios de Brasil. Justamente en ese país está ubicada la empresa [Odebrecht]. De ser necesario viajaremos para hacer esos contactos. Igual con los congresos de otros países como Perú y República Dominicana y muchos otros [países] que surgirán sobre la marcha”, señaló Castillo.
En alusión a las publicaciones periodísticas sobre donaciones supuestamente fraudulentas otorgadas por la Asamblea, Castillo indicó que si hay responsables de irregularidades o delitos en la Asamblea, se deben conocer y sancionar, y advirtió que si también existen sectores, personalidades o altos funcionarios comprometidos con el latrocinio que ha significado el caso Odebrecht, el país lo debe saber.
COMISIONADOS IMPLICADOS
Varios diputados miembros de esta comisión investigadora están vinculados a oenegés o fundaciones que recibieron donaciones supuestamente irregulares expedidas por la Asamblea Nacional durante el período de julio de 2014 al 3 de marzo de 2017.
La oenegé a la que la Asamblea le donó la mayor cuantía -$85 mil- fue a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Azuero (Fudsa), vinculada al diputado Carlos Tito Afú, de Cambio Democrático (CD).
La Organización Probienestar Social y Desarrollo Comunitario, cuyas oficinas funcionan en el centro político del diputado Elías Castillo, y parte de su directiva mantiene contratos por servicios profesionales en la Asamblea, recibió donaciones por $30 mil.
Además, el Fútbol Club Bugaba, vinculado al diputado Rony Araúz, secretario de la comisión, recibió donaciones por $30 mil.
También la Asamblea le donó $30 mil a una oenegé presidida por Samantha Acrich, del equipo del diputado Juan Carlos Arango, quien además es miembro de la comisión legislativa que investigará las donaciones y contratos por servicios profesionales otorgados por el Legislativo.
Una investigación de La Prensa documentó que de julio de 2014 a diciembre de 2016 la Asamblea Nacional desembolsó $14 millones en donaciones y que en algunos casos estos recursos nunca llegaron a su supuesto beneficiario original. Además, según lo reportado por este medio, gastaron $68 millones en contratos por servicios profesionales por trabajos que - en muchos casos- no se ejecutaron.
CRÍTICAS Y APOYO
Sectores de la sociedad civil reaccionaron a favor y en contra ante la conformación de esta comisión. Además, se refirieron a las funciones legales que tendrá esta instancia, que en 90 días debe rendir un primer informe a la Asamblea Nacional sobre sus tareas.
Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Rubén Castillo, ante la existencia de hechos concretos que supongan algún tipo de delito, las instituciones correspondientes deben actuar. En ese orden de ideas, dijo, “el Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial deben comenzar a actuar, porque pareciera que en esta coyuntura la creación de esta comisión es como un mecanismo de defensa, más que el interés de investigar”.
Según Castillo, dicha comisión representa un mensaje claro: “No me investigues, porque yo también te puedo investigar a ti”.
“La Asamblea debe hacer un acto de introspección, si van a investigar, que investiguen desde adentro, ya que se ha revelado una cantidad de cosas que no han sido explicadas. Por eso no veo cómo esta comisión pueda determinar algo concreto”, sentenció Castillo.
El también abogado dijo que los diputados, en vez de investigar tantos años de administraciones -en donde a juicio de Castillo se han dado hechos que pudieran ser cuestionados- sería más viable denunciar puntualmente lo que ha venido ocurriendo y que dejen que las autoridades judiciales hagan su trabajo.
“El tema de fiscalizar está en la ley y ellos están en todo su derecho, pero pareciera que ahora es que se acordaron de la fiscalización (…) la misma comisión en sí supone que la Asamblea Nacional no hizo su trabajo para evitar irregularidades. Ellos quedarían mejor parados si trabajaran en su imagen maltratada y que generen normas y leyes que eviten estos actos irregulares”, añadió.
En tanto, Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, también coincidió con Rubén Castillo, alegando que esta comisión es un “muro que fabrican los diputados para defenderse de la otra comisión que investigará las donaciones”.
Agregó que “esto viene a representar algo así como ‘ si tú me investigas allá, yo te investigo acá’ y al final no pasa nada”.
Para Troncoso, esta comisión es una “irrupción” en el orden constitucional y legal. “A la Asamblea no le compete la designación de estas comisiones, no está dentro de su eje”, aseguró.
Asimismo, explicó que es al contralor Federico Humbert a quien le compete hacer las investigaciones a las obras de infraestructuras.
“Como sugerencia, adicional al trabajo que hará el contralor, es crear una subcomisión que coadyuve a esta gestión, algo así como una veeduría ciudadana conformada por expertos en materia de finanzas, contabilidad y banca”, agregó.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, no estuvo de acuerdo con Troncoso, alegando que la Asamblea Nacional tiene libertad para organizar o constituir una comisión para investigar cualquier tema que ellos consideren de importancia.
Sin embargo, dijo que “dado los niveles de corrupción que se han presentando, la labor de los diputados tiene que ser administrativa, ya que no tienen capacidad jurídica, la ley no se los permite”.
