La defensa del expresidente Ricardo Martinelli anunció, en total, 28 pruebas testimoniales, 87 documentales, 4 periciales y 132 documentos de entrevistas para que sean evaluadas por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, en la audiencia del proceso que se le sigue al exmandatario por los pinchazos.
Entre las pruebas testimoniales, la defensa invocó a varios funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y de la Dirección de Investigación Judicial, que ya fueron entrevistados por la fiscalía. También recurrirá a las entrevistas y declaraciones rendidas por el presidente Juan Carlos Varela; los expresidentes Martín Torrijos Espino y Ernesto Pérez Balladares; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; el alcalde José Blandón Figueroa y su padre, José Blandón Castillo; y los diputados José Luis Varela Rodríguez, José Muñoz Molina y Zulay Rodríguez.
La defensa comunicó que también recurrirá a una ampliación de indagatoria rendida por Gustavo Pérez –exjefe del CSN– el 4 de febrero de 2015, en la que denunció haber sido interrogado bajo torturas y maltrato físico y psicológico.
Sin embargo, Pérez, al rendir indagatoria el 12 y 13 de enero de 2015, admitió que el exagente del CSN Ronny Rodríguez “le entregaba sobres” a Martinelli relacionados con el espionaje a personalidades del país.
Piden peritos
Además, los abogados de Martinelli pidieron que se les permita la presentación de los peritos informáticos Alejandro Hernández y José Vega, quienes se encargarán de realizar una evaluación de equipos electrónicos en los que se ubicó los correos y material interceptado a las víctimas de los pinchazos.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, explicó que estos peritos evaluarán si al inicio de la investigación la entonces Fiscalía Auxiliar cumplió con la cadena de custodia de las pruebas.
También pidió la presentación del perito Manuel Mclaud Marmolejo, para que revise las huellas dactilares del testigo protegido y determine si estas corresponden con la persona que suministró la información de los pinchazos a la Fiscalía Auxiliar.
Además, anunció como testigo al auditor César Contreras, para que evalúe el informe de auditoría de la Contraloría General de la República respecto a la pérdida del equipo espía, comprado por $13.4 millones de fondos públicos a la empresa MLM Protection.
Fiscal pide plazo
Concluida la presentación de pruebas por la defensa, el juez Mejía dio la palabra al fiscal de la causa, Harry Díaz, para que presentara sus objeciones.
Díaz anunció que sustentaría objeciones de 21 pruebas, pero en forma aleatoria, y pidió plazo de cuatro días para sustentar el resto.
Al pedido de la fiscalía se opuso el abogado Sidney Sittón. “La defensa no está de acuerdo con el proceder de la fiscalía. Dentro de un debate oral, la fiscalía debe tener capacidad para responder”, dijo Sittón.
El fiscal ripostó que el plazo que pedía para estudiar el resto de las pruebas es corto, comparado con los casi tres años que el procesado evadió el proceso y que solo fue posible traerlo ante el tribunal por una extradición.
Mejía intervino y señaló: “Desde el año 2015, la defensa conoce cuáles son los medios probatorios que la fiscalía pretende usar en el juicio. Pero es ahora que la fiscalía sabe cuáles son los elementos que pretende usar la defensa”, por lo que accedió al pedido del fiscal y le dio plazo hasta el 26 de este mes para presentar sus objeciones. El querellante particular también debe hacerlo.
Revaluación médica
Antes de cerrar la sesión, la abogada Holanda Polo, también del equipo de Martinelli, reiteró la petición para que Mejía solicite al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una revaluación del estado de salud del exgobernante.
Mejía dijo no entender el fundamento de dicha solicitud. “Me tienen enredado, porque estoy tratando de comprender lo que quiere la defensa [...]. Quieren una prueba pericial para sustentar una petición que a mí nadie me ha hecho”, agregó.
El juez emplazó a la defensa a que le señalara si lo que querían era una prueba pericial para sustentar luego un cambio de medida cautelar. Ante esto, Polo indicó que lo que quería era que el juez gestione la revaluación médica y que ellos se reservan el derecho de usarla posteriormente.
Finalmente, Mejía dijo que en su momento tomará esa decisión y cerró la audiencia hasta el próximo miércoles 26 de septiembre.
