El Ministerio Público (MP) aseguró que la información proporcionada por los empresarios que han firmado acuerdos de colaboración eficaz como parte del caso Blue Apple “evidencia la comisión de otros delitos que están originando la apertura de nuevas investigaciones”.
En un comunicado, el MP justificó los acuerdos de colaboración que ha firmado con algunos de los imputados en esta investigación, la cual guarda relación con el presunto pago de sobornos de empresas contratistas del Estado a funcionarios en el pasado gobierno.
“Los acuerdos de colaboración eficaz y efectiva nos han permitido conocer cómo se utilizó toda una estructura societaria y también una estructura financiera para lograr el cometido ilícito. Los colaboradores también aportaron documentación presentada a la fiscalía, la cual fue corroborada...”, señala el comunicado.
Esta nota fue divulgada después de que el diario La Nación de Costa Rica publicara el sábado pasado una certificación de la fiscal sexta anticorrupción, Yasmina Montoya –quien lleva las pesquisas del caso–, en la que se confirma que Carlos Cerda Araya, presidente de la constructora Meco, firmó un acuerdo de colaboración con el MP el 1 de diciembre de 2017, y que en dicho convenio se dispuso no formular cargos a Cerda Araya ni a la constructora, y se pactó el archivo del proceso a ambos.
Kenia Porcell
Procuradora de la Nación
Según las pesquisas del caso Blue Apple, Meco y otras constructoras contratistas del Estado –entre estas Grupo Corporativo GS, Bagatrac, Rodsa, Conalvías, Concepto y Espacios, e Ingeniería REC– habrían girado unos $40 millones en sobornos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a cambio de agilizar trámites y desembolsos en proyectos de infraestructura pública.
Según la investigación, Cerda Araya, de Constructora Meco; Juan Rodríguez, de Constructora Rodsa; y Alberto Jurado, de Bagatrac, S.A., revelaron a la fiscalía que Jorge Churro Ruiz, el entonces director de Administración de Contratos del MOP, les solicitó entre 5% y 10% del valor bruto de sus contratos en concepto de “ayuda política”.
Sectores de la sociedad civil organizada rechazaron el acuerdo entre Meco y el Ministerio Público.
“Se favorece a la empresa y la impunidad”, declaró Juan Diego Vásquez, de la Red de Jóvenes por la Transparencia, mientras que el Movimiento Independiente lamentó que empresas involucradas en esta red de sobornos puedan seguir contratando con el Estado.
Sin embargo, el MP defendió los acuerdos de colaboración eficaz, toda vez que, según alegó, a partir de las delaciones de los empresarios se corroboró la teoría de la fiscalía en cuanto a la existencia de un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a las coimas.
De igual forma, el MP resaltó que los empresarios “han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que [a su vez] están originando la apertura de nuevas investigaciones”, las cuales, empero, no detalló.
De acuerdo con el comunicado del MP, los colaboradores también aportaron documentación a la fiscalía, que ya fue corroborada. Entre otros aspectos, se determinó quiénes integraban la organización criminal, el destino de las ganancias del dinero ilícito, el uso de facturas falsas, las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, el uso de factoraje, así como la adquisición de bienes inmuebles.
El MP explicó que estos acuerdos traen consigo responsabilidades para las partes. Por ejemplo, el colaborador debe permanecer como testigo de cargos para la fiscalía hasta el juicio del proceso, mientras que la fiscalía se compromete a brindarle protección por la información que revele.
Caso complejo
La jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Décimo Octavo Penal, en fallo del 5 de abril pasado, declaró como compleja la investigación del caso Blue Apple y le otorgó un plazo de seis meses a la fiscalía para que concluya las pesquisas relacionadas con esta red.
