Denuncian negociado con fallos de la Corte Suprema de Justicia

Un nuevo escándalo se posa sobre la Corte Suprema de Justicia y su transparencia en la resolución de fallos. Un empresario chiricano denunció que la Cooperativa de Servicios Múltiples San Antonio, R.L. (Cacsa) habría negociado con una firma de abogados para obtener un fallo favorable que evite una condena por daños y perjuicios.

La denuncia ante el Ministerio Público la interpuso Luis Muñoz, quien demandó a Cacsa por daños y perjuicios luego de haber invertido su patrimonio en un proyecto urbanístico en Chiriquí, que no logró concretarse porque la cooperativa le retiró el respaldo financiero pactado. El denunciante alegó que actas de reuniones de directivos de Cacsa evidencian la supuesta negociación a través de la firma de abogados Ameglio Moncada & Asociados, por $1.5 millón para “gestionar” una casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema.

En menos de tres meses, Cacsa pagó $500 mil a esta firma solo por firmar el poder para que la representara y por la admisión de la casación que ya había presentado Cacsa en 2018. El presidente de Cacsa, Serafín González, se negó a ser entrevistado por La Prensa.

¿Otro escándalo en ciernes en la Corte?

¿Puede una firma de abogados garantizar el resultado de un pleito en la Corte Suprema de Justicia? El siguiente es un caso que podría dar indicios de ello. Se trata de una controversia legal entre una pareja de esposos empresarios chiricanos y la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa, R.L.), de Chiriquí.

La querella desató una serie de eventos que, aun cuando no terminan, dejan ver un trasfondo de posibles negociados en el más alto tribunal de justicia.

El pleito entre las partes surgió cuando Luis Muñoz y su esposa, Itzel Vásquez, exigieron judicialmente a Cacsa el pago de $16 millones –más costas– por daños y perjuicios provocados por el retiro de una aprobación de préstamo de financiamiento del 10% para la compra de una finca y el 90% para el desarrollo de un proyecto urbanístico en dicha propiedad.

Muñoz y su esposa invirtieron su patrimonio, haciendo uso –incluso– de bienes fuera del matrimonio para adelantar el proyecto en David. A su vez, Cacsa se comprometió a proporcionar el financiamiento, pero en razón de su abrupto retiro del proyecto tras la inversión de los empresarios, estos exigieron una indemnización por daños y perjuicios.

Procesos

El 19 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo de Circuito de Chiriquí, ramo civil, favoreció a Cacsa: negó la pretensión de los esposos Muñoz. Estos apelaron a una instancia superior. El 2 de marzo de 2018, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial revocó la sentencia de primera instancia. Condenó a Cacsa al pago del daño, aunque fue en abstracto, es decir, sin haber calculado el perjuicio causado.

Tras el fallo, los demandantes promovieron –en abril de 2018– un secuestro de cuentas bancarias de Cacsa, así como de bienes inmuebles, por valor de $16 millones, de los cuales, $6.7 millones corresponden al efectivo que Cacsa mantenía en la banca. La Cooperativa levantó el secuestro sobre los inmuebles, no así sobre el efectivo.

Aun así, hubo consecuencias. En junio de 2018, la noticia trascendió y provocó una estampida de ahorristas que abarrotaron la cooperativa para retirar su dinero. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) medió para evitar una eventual iliquidez. Su entonces director, Willie Chin, en un comunicado, calmó a los ahorristas indicando que Cacsa no sería intervenida.

Pese al revuelo, la directiva de Cacsa, aunque tuvo oportunidad de negociar en todo momento un acuerdo extrajudicial con los demandantes, optó por la vía judicial. Así, apostó todo al último recurso que le quedaba: casación ante la Corte. Y ahí empezaron los problemas.

Hasta ese momento, el caso había sido enteramente manejado por el asesor legal de Cacsa, el abogado Edilberto Arjona, quien renunció a la Cooperativa en junio pasado. Pero antes, a mediados del año pasado, presentó el recurso de casación ante la Corte. Su papel no se limitó a la acción legal. Jugó un papel protagónico en una serie de acciones que tomó la directiva de Cacsa en torno al caso.

Riesgo calculado

Dado que los directivos de Cacsa se jugaban el todo por el todo en la casación, no querían riesgos. El 9 de junio de 2018, lograron –en asamblea extraordinaria de delegados– que se aprobara la contratación de una firma externa de abogados para que también representara a Cacsa. El monto de la contratación aprobado previamente por la Asamblea se fijó en $150 mil.

La búsqueda de la firma externa no fue tan apremiante, quizás por el hecho de que el recurso de casación de Cacsa entró en admisibilidad en la Corte meses después de presentado, en diciembre de 2018. Finalmente, éste fue admitido el pasado 16 de julio. Al magistrado Hernán de León –de la Sala Primera de lo Civil– le tocó la ponencia.

Entre tanto, la administración de Cacsa cambió de manos. Una nueva directiva, presidida por Serafín González, tomó posesión en abril pasado. González, un político del Molirena, que aspiró –sin éxito– a ser representante de corregimiento en Changuinola tras una corta carrera como funcionario de la Dirección General de Ingresos en Bocas del Toro –devengando un salario mensual de $700– manejaría una cooperativa con un patrimonio superior a los $175 millones.

González –que no accedió a responder las preguntas de este medio por correo electrónico ni personalmente– se enfocó en encontrar una firma que representara a Cacsa en el pleito.

Como se dijo en líneas anteriores, meses antes se había aprobado un máximo de $150 mil para contratar una firma externa. No obstante, la contratación que hizo la directiva sobrepasó ampliamente lo pactado, lo que generó una agria disputa entre la junta directiva –presidida por González– y los miembros de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, que terminó con la expulsión de estos últimos, no solo de la junta, sino de la Cooperativa.

Las ofertas

González recibió las cotizaciones de varias firmas de abogados. Nada habría de extraño en estas de no ser porque, aunque su trabajo sería mínimo, considerando que el recurso de casación ya había sido presentado por Cacsa en la Corte, los honorarios profesionales eran elevadísimos.

Virtualmente, lo único que podría hacer la firma externa era promover un impulso procesal y/o alguna corrección del recurso presentado por el abogado de Cacsa que solicitara la Sala de lo Civil. Pese a ello, las ofertas recibidas en ningún caso fueron menores a $1.5 millones.

Tan elevados honorarios quizás se debían a que Cacsa exigía dos garantías a los abogados oferentes: la primera, que la firma asegurara la admisión del recurso de casación y, la segunda, que garantizara un fallo favorable a la cooperativa. Esas cláusulas figuraron en el texto de un documento que habría enviado Cacsa a las firmas interesadas en representarla.

Una de las firmas que se presentó fue la de la abogada Edna Ramos. Ella declaró a La Prensa que “los miembros de la directiva de la Cooperativa, específicamente el abogado interno de la Cooperativa [Edilberto Arjona], insistía en que garantizáramos los resultados y nosotros nos negamos rotundamente, porque eso le está prohibido a todo abogado. Yo, lo que puedo garantizar, es la calidad de mi gestión […]”.

“A nosotros –añadió– no nos podían pedir que garantizáramos un resultado, y menos que estableciéramos tiempo [para que saliera el fallo], porque usted sabe que la Ley dice un tiempo, pero la Corte se toma otro tiempo, y nosotros nos rehusamos a asumir la representación en la forma en que ellos la pedían”.

El resultado, según Ramos, fue que “nos retiramos de la reunión de la junta directiva, indicando que nosotros preferíamos no tomar el caso”. Su oferta: $2.5 millones. Incluía un equipo para trabajar en la imagen de Cacsa, “porque ellos me dijeron que, debido a publicaciones de los demandantes, se habían visto afectados con el retiro de cuentahabientes”.

El contratado

La firma que se quedó con el jugoso contrato de Cacsa fue Ameglio Moncada & Asociados. Sus honorarios fueron menores: $1.5 millón, suma que resultó de un ajuste a la baja solicitado por Cacsa.

A cambio de esa cantidad, la firma se comprometía a presentar un impulso procesal ante la Corte Suprema para que se admitiera el recurso de casación, cosa que, como se verá, ni siquiera fue necesaria, pues el recurso de casación –presentado por Cacsa a mediados de 2018– fue admitido un día antes de que la firma presentara el poder para representar a la cooperativa.

Es así como el socio principal de la firma, Carlos Ameglio Moncada, el 28 de mayo pasado envió al presidente de Cacsa, Serafín González, el desglose de sus honorarios: $200 mil a la firma del poder para representar a Cacsa; $300 mil al admitirse el recurso de casación en la Corte, y el restante millón de dólares, al momento de “la resolución emitida por la Sala Civil […] que casa la sentencia de segunda instancia”.

Esta carta no fue encontrada por las autoridades en los archivos de Cacsa –como mucha otra documentación– aunque este desglose –palabra por palabra– consta en dos de las actas de la junta de delegados de Cacsa, al momento de discutir su aprobación.

La directiva de Cacsa –en su mayoría– estuvo de acuerdo, y el trato se cerró en esos términos. Recibió su aprobación final en una reunión celebrada el 6 de junio pasado, en la que los miembros de la Junta de Vigilancia fueron excluidos.

No obstante, esta junta, enterada de lo que se tendría que pagar a la firma, envió el 10 de junio pasado una dura carta a González, en la que le advertía que no existía justificación contable ni financiera para esta millonaria erogación.

Los firmantes expresaron su “enérgico rechazo y protesta” por la “falta de transparencia”. “Nos queda claro que promueve una contratación para un supuesto impulso procesal, pagando con sobrecostos por un servicio que la Cooperativa ya ejecutó en un 80%”, resalta la nota (ver facsímil). Como resultado de su protesta, el 13 de julio pasado, los tres miembros de la Junta de Vigilancia que firmaron la carta dirigida a González fueron “expulsados” de sus puestos y de la cooperativa.

Eliminado el obstáculo, la directiva tuvo vía libre para hacer la contratación de la firma. Y a partir de ese momento, las cosas caminaron. Incluso, un día antes de que la firma presentara el poder para representar a Cacsa, el magistrado Hernán De León –ponente en el proceso–, admitió el recurso que había estado paralizado casi por un año.

La firma Ameglio Moncada & Asociados cobró a Cacsa en unas pocas semanas la suma de $500 mil: $200 (el 11 de junio de 2019) y $300 mil (el 7 de septiembre pasado).

En ninguna de las facturas emitidas por Ameglio Moncada & Asociados consta el cobro del impuesto del 7%, (unos $35 mil en total) que, como expuso la abogada Edna Ramos al momento de ofrecer sus servicios, su cobro era de obligatorio cumplimiento.

Medio millón de dólares después, la firma externa solo ha tenido que enviar dos cartas a la Corte. Una de ellas, el poder para representar a Cacsa.