Los tropiezos administrativos del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, fueron blanco de críticas por diversos sectores de la sociedad civily entidades públicas, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Administración.
Además, Girón fue objeto de señalamientos por parte de organizaciones de médicos y pacientes, pues no lograba concluir con efectividad actos públicos millonarios relacionados con la compra de insumos y medicinas.
Girón, quien fue seleccionado por el presidente Juan Carlos Varela el 30 de agosto de 2014 entre una lista de 24 aspirantes, decidió renunciar ayer ante los miembros de la junta directiva de la institución.
Su decisión se concretó dos días después de que los representantes del Ejecutivo en la directiva de la CSS –los ministros de Salud y Economía y Finanzas, Miguel Mayo y Dulcidio De La Guardia, respectivamente– se reunieran con el mandatario para tratar el tema sobre su gestión en la entidad.
No obstante, Girón dijo ayer a este diario que decidió renunciar porque “básicamente existen diferencias insuperables con el señor contralor, que no benefician en nada la salud de 3.4 millones de panameños”.
Luego, el funcionario expresó: “al final del camino, la culpa es mía”.
La mayoría de las diferencias que sostuvo Girón con el contralor Federico Humbert fueron por el refrendo de contratos.
La última discrepancia entre ambos funcionarios se registró el pasado mes de noviembre, cuando la CSS suscribió un contrato con la empresa Festieventos, S.A. por la suma de $2.1 millones para el Foro Mundial de Seguridad Social.
El contralor refrendó ese contrato por insistencia de la propia junta directiva de la entidad; sin embargo, mediante una misiva Humbert advirtió que esa contratación no representaba los mejores intereses para el Estado por razones económicas.
De hecho, el viernes 11 de noviembre, Humbert demandó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la nulidad del contrato entre la CSS y la empresa Festieventos, S.A., encargada de la organización del evento. Esto, al considerar que el precio y valor “no eran adecuados”.
Mientras la Contraloría General de la República demandaba la nulidad del contrato, Girón optó por cancelarlo.
Cinco días más tarde, el 16 de noviembre, y en completo hermetismo, las autoridades de la CSS colgaron en el portal web de Panamá Compra el pliego de condiciones de una contratación directa para la organización del evento, por $1.5 millones. La beneficiaria fue la misma empresa.
CARRO Y ARTÍCULOS
Otro desatino de Girón fue en marzo pasado, cuando tenía previsto comprar una camioneta Toyota Land Cruiser 2016, valorada en $109 mil.
En esa fecha, el contralor Humbert le envió una carta y le dijo: “aprovecho la oportunidad para sugerirle que analice la posibilidad de utilizar los recursos autorizados disponibles para este proyecto en otros rubros, principalmente de las áreas que dan la razón de ser a la Caja”.
En 2015, Girón también tuvo inconvenientes con la Contraloría General de la República, que le rechazó la compra de artículos promocionales.
En noviembre de ese año, el procurador de la Administración, Rigoberto González, le solicitó“suspender inmediatamente” cualquier acción que implicara una afectación financiera a los programas de Enfermedad y Maternidad (EM), de Riesgo Profesional y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esto, luego de que Girón señalara que cuando terminara su gestión [en el año 2019] quedarían $100 millones de los $1,700 millones que actualmente hay en el programa EM, porque serían utilizados para saldar deudas de la pasada administración y financiar proyectos futuros, como la Ciudad de la Salud.
González remarcó en aquel momento que el manejo de estos dineros tiene “una finalidad específica y limitada” y, por tanto, “de ninguna manera pueden estar siendo utilizados para saldar deudas de obras de la pasada administración o para cubrir proyectos creados a futuro por parte de la CSS”.
MEDICAMENTOS
Girón también tuvo diferencias con el Ministerio de Salud (Minsa) por la compra de fármacos, especialmente después de que solicitara modificaciones a la Ley No. 1 de enero de 2001 sobre medicamentos, por incluir entre los requisitos de las licitaciones certificados internacionales.
La situación generó un desabastecimiento de fármacos, que se agravó en febrero pasado, cuando la CSS licitó la compra de sustancias controladas y narcóticos y exigió que los oferentes tuvieran certificados de la Food and Drug Administration de Estados Unidos o de la European Medicines Agency (FDA y EMA por sus siglas en inglés, respectivamente).
Lo anterior se convirtió en requisito esencial para que las compañías pudieran ser adjudicatarias de los renglones de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como cáncer, esquizofrenia y VIH.
Esta situación originó una polémica que dividió la opinión de los involucrados.
Por un lado, la CSS y las asociaciones de enfermos, que veían en la exigencia de los requisitos una forma de obtener productos de mayor calidad; y del otro, el Ministerio de Salud, la Contraloría y los gremios empresariales, que consideraban que la medida afectaba la libre competencia y que los documentos que se exigían no eran necesarios.
En este escenario, la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas presentó en febrero pasado un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El recurso fue resuelto por la CSJ el pasado 27 de octubre, al emitir un fallo que revocó la Resolución No. 1655 del Minsa, fechada el 14 de diciembre de 2015, con la que se prohibía a las entidades públicas, como la CSS, solicitar requisitos diferentes a los contemplados en la Ley No. 1 de 2001 al momento de llamar a actos públicos.
La última polémica durante la administración de Girón fue la adjudicación de una licitación para la compra de pruebas e insumos de laboratorios clínicos a través de un edicto, por la suma de $38.7 millones, proceso en el que no se tomó en cuenta los planteamientos de la Comisión Técnica Evaluadora.
Los propios comisionados enviaron una nota al director de la entidad, en la que sostuvieron que observaron vicios e incumplimientos con los requisitos del pliego de condiciones, por lo que solicitaron formalmente la revocación del edicto que autorizó la adjudicación de la licitación.
Con respecto al tema, Girón dijo que en esa licitación se utilizó el criterio del mejor valor, en el cual la empresa que presentaba la mejor oferta económica y cumplía con los requisitos fijados obtenía el contrato.
Posteriormente, el pasado jueves 15 de diciembre, decidió anular el acto, luego de presentar un informe a la directiva, en el que se denotaban una serie de irregularidades en el proceso.
NO ES LA SOLUCIÓN
Tras la renuncia de Girón, quedará como director encargado de la entidad Rubén Darío López, actual subdirector.
López manifestó que la llegada de un nuevo director implica que este necesitará de un tiempo perentorio para aprender sobre los procesos, conformar su equipo de trabajo y ponerse al día con los distintos proyectos.
El funcionario aseguró que los problemas que enfrenta la entidad obedecen a su sistema de funcionamiento, que está obsoleto.
Además, dijo que a toda la sociedad le corresponderá asumir la responsabilidad que implica buscar un nuevo administrador.
La salida del director de la CSS no fue una sorpresa para las diferentes asociaciones de pacientes ni para el sector empresarial del país.
El presidente de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, Orlando Quintero, indicó que no es una sorpresa la salida de Girón, aunque se mostró convencido de que esta tampoco es la solución a la “crisis” que enfrenta la CSS.
Aseguró que los diferentes problemas, respecto a la falta de fármacos, insumos quirúrgicos y los procesos administrativos deficientes, son un problema de Estado y no solo con cambiar al director se van a resolver.
A su juicio, lo que “preocupa” es que a poco más de dos años para que se termine este gobierno, la institución y los pacientes se quedarán a la deriva, mientras se designa a una nueva persona.
Por su parte, Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), opinó que urge reformar por completo la estructura administrativa de la Caja de Seguro Social.
Planteó la necesidad de que se divida la institución en dos entidades, una dedicada a brindar los servicios de salud y otra que administre los programas de pensiones, cada una con junta directiva independiente y especializada, “sin influencias políticas ni gremialistas”, [y] que le den continuidad a los proyectos.
Así mismo, recordó que como gremio han hecho diferentes llamados al gobierno nacional, encabezado por el presidente Juan Carlos Varela, para que se busque alternativas ante los problemas que enfrenta la institución, sin que haya una respuesta.
Desde su punto de vista, “es imposible abordar este tema sin reiterar el reto que lanzamos respetuosamente al presidente Varela para que, pese a cualquier costo político, rescate la seguridad social de manera integral y con la debida eficiencia que garantice que los efectos de las decisiones tomadas perduren más allá de la ventana de 10 años que nos brindó la última reforma a la Ley Orgánica”.
Sobre el tema, Carlos Abadía, exviceministro de Salud y exmiembro de la junta directiva de la CSS, manifestó que resulta “intrascendente la permanencia o no de Girón en el cargo” y que si no se hacen los cambios estructurales que requiere la CSS, no habrá funcionado para nada.
Sugirió que se hagan ajustes de los procesos de compras de medicamentos, en los que se involucre a la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, los proveedores y la Contraloría, para solventar los puntos críticos.
