Desde que en 2016, tras una serie de estudios impulsados por la Alcaldía de Panamá, se conocieron las causas de las anegaciones que ocurrían en las comunidades ubicadas en las márgenes del río Juan Díaz, las autoridades empezaron a buscar los $50 millones necesarios para ejecutar los proyectos para atender el problema.
Sin embargo, fue hasta finales de 2017 cuando, desde la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República, se ofrecieron $8 millones para efectuar la primera fase del proyecto.
Antecedentes
Como parte de la iniciativa, se creó una mesa de trabajo en la que participaron, además de la Secretaría de Metas y la Alcaldía, representantes de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente.
En aquel entonces se acordó que el pliego de cargos debía estar alineado con las recomendaciones que hizo la Alcaldía, producto de los estudios elaborados por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, España, y de los Diálogos del Agua que se desarrollaron en la capital, en 2016.
La realidad fue otra. En abril pasado, la Secretaría de Metas convocó a un acto público, a través del portal Panamá Compra, sin que las autoridades de la Alcaldía validaran la información, lo que generó disconformidad.
Dos meses después, el 26 de junio, el proyecto fue adjudicado al Consorcio Juan Díaz, que conforman las empresas China CamcEngineering Co. LTD Panama Branch y Desarrollo, Inversiones y Equipos Patria, S.A.
La obra adjudicada consiste en los estudios, diseño, desarrollo de planos y construcción de la primera etapa de la ampliación de la parte baja del cauce del río Juan Díaz, por un monto de $6.6 millones.
Desde la Secretaría de Metas se informó que actualmente se encuentran en el proceso de aprobación del contrato suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y el Consorcio.
“Una vez terminado y formalizadas las firmas, le corresponde el refrendo a la Contraloría General de la República”, comunicó la Secretaría de Metas.
Alegato de la Alcaldía
Raisa Banfield, vicealcaldesa del distrito de Panamá, reiteró que el pliego de condiciones “no responde” al objetivo de reducir el riesgo de inundación, sino que impulsa la creación de ajustes mínimos al afluente, que permitirían en un futuro próximo la construcción de más proyectos inmobiliarios.
Aseguró que es inquietante el hecho de que se pretende hacer un trabajo tan complejo en un área “sensible” como lo es este afluente de 28 kilómetros de largo, que durante los últimos años ha generado unas 10 inundaciones por año.
Raisa Banfield
Vicealcaldesa de la ciudad
Banfield dijo que la Alcaldía impulsa el proyecto denominado “Cuenca urbana resiliente de Juan Díaz” -cuyo costo estimado es de $50 millones-, que abarcaría la parte alta y media del cauce. Para este propósito, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La situación obliga a que nos sentemos, nos miremos las caras y se hagan las modificaciones necesarias para ver cómo ambos proyectos se alinean, se evita que uno afecte al otro y que sea una obra coherente con los objetivos de reducción de riesgo”, comentó la vicealcaldesa.
Entre las obras que se prevé desarrollar con estos fondos internacionales están habilitar dos lugares para retener agua (tipo lagunas), a fin de reducir los caudales en la cuenca baja del río, y la construcción de diques y muros lo más alejado posible del borde del río, con el propósito de recuperar y preservar la servidumbre y crear una zona de corredor fluvial que ayude a manejar las corrientes del río.
También se propone crear drenajes y lagunas para regular los niveles de agua dentro del canal construido en el área donde se desarrolló el proyecto residencial Metro Park.
Banfield indicó que se tiene previsto hacer una reunión pronto entre el MEF, la Alcaldía y la Secretaría de Metas para unificar criterios en cuanto a un plan maestro mejor organizado.
‘Deben priorizar’
Manuel Mejía Zambrano, secretario general de la Asociación de Comunidades del río Juan Díaz, consideró que desde la Secretaría de Metas se está actuando de manera “intransigente”, y aunque “lo que dice la Alcaldía no está escrito en piedra, sí está sustentado en una serie de estudios validados por organismos internacional y la sociedad civil”.
Mejía Zambrano comentó que “lo que creemos es que la Secretaría de Metas está haciendo un traje a la medida para los inversionistas que quieren desarrollar proyectos urbanos en la zona”.
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, manifestó que el gran problema radica en que a lo largo del río se ha permitido la tala de hectáreas de bosques y manglares para dar paso a rellenos urbanos y construcciones sin tomar en cuenta la función ambiental que estos desempeñan y la seguridad humana.
Añadió que no se puede permitir que se continúe explotado la zona para que ciertas empresas “internalicen ganancias y externalicen los costos ambientales y sociales a la población”, sin ser multados, y mucho menos obligados a reparar los daños que ocasionan.
Ambos coincidieron en que es necesario que las autoridades pongan primero a la ciudadanía y al ambiente.
