Detenidos carecen de defensa pública: ONU

Un informe del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura concluyó que en Panamá los privados de libertad “carecen de una defensa pública”, y que las entidades como la Defensoría del Pueblo tienen poca presencia en las cárceles.

El informe es producto de una visita al país el año pasado.

ONU alerta sobre ‘tortura’ en las cárceles

Activar el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, adecuar la tipificación del delito de tortura regulado en el Código Penal para que sea imprescriptible, reforzar la defensa pública de los privados de libertad, así como mejorar las condiciones en los centros penitenciarios de La Joya y La Joyita fueron algunas de las recomendaciones del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) luego de su visita a Panamá en agosto de 2017.

Lo anterior está contenido en un informe que hizo público este organismo internacional el mes pasado, luego del aval del Estado panameño.

El documento revela, además, todas las observaciones del SPT tras tener un paso expedito en prisiones, subestaciones de policía, instituciones psiquiátricas y centros correccionales para jóvenes, así como en instalaciones de detención para migrantes.

Apreciaciones

Pese a que el subcomité reconoció que Panamá ha tenido una serie de avances legislativos e institucionales en materia de derechos humanos, recibió consistentes alegaciones de personas privadas de libertad que manifestaron haber sido objeto de tortura o malos tratos en distintas circunstancias.

Asimismo, el informe señala que en muchos casos las personas privadas de libertad estaban frecuentemente incomunicadas.

“El subcomité expresa su preocupación por las carencias de la defensa pública que se debe otorgar a las personas privadas de libertad. A la pregunta sistemática a los privados de libertad de si recibían asistencia letrada de los defensores públicos, la respuesta constante era negativa”, agrega el documento.

El SPT observó también la poca presencia de la Defensoría del Pueblo en los centros penitenciarios.

En cuanto al mecanismo nacional de prevención contra la tortura, encargado de llevar a cabo inspecciones regulares a los lugares de privación de libertad, el organismo internacional reiteró que Panamá tiene cinco años de retraso en hacer funcionar este ente.

Centros de detención

Parte del informe también destacó las “condiciones lamentables” en la gran mayoría de los centros penitenciarios visitados. En La Joya y La Joyita, por ejemplo, el subcomité constató en varios pabellones una “grave situación de condiciones infrahumanas” de habitabilidad, no solo en cuanto a hacinamiento, sino también en otros tópicos como humedad, poca ventilación, carencia absoluta de higiene y acumulación de basura.

“El subcomité está preocupado por la falta de alimentación y agua potable durante la custodia policial [...] también se recibió quejas de los privados de libertad sobre la falta de atención médica especializada”, añadió el documento.

Población Lgbti

El informe concluye en cuanto a la atención médica a las personas privadas de libertad: lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (Lgbti), con muchos pacientes que viven con VIH-sida, que si bien reciben la medicación antirretroviral, el acceso al médico del establecimiento es de extrema dificultad.

Iván Chanis de la fundación Iguales señala que en el país, en general, las personas Lgbti tienen muchos obstáculos para recibir una salud de calidad debido a la estigmatización y discriminación en la sociedad y dentro de los sistemas de salud. La situación dentro de los centros penitenciarios es grave y en muchos casos -como el informe establece- se constituye en situaciones crueles e inhumanas.