El magistrado Harry Díaz se refirió a posibles anomalías en la resolucción de un habeas corpus que aprobó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor del exministro de Economía y Finanzas (MEF) Frank De Lima, y que le sustituyó la medida de detención preventiva por la de impedimento de salida del país.
En un salvamento de voto de este fallo, el magistrado Díaz señaló que le llama la atención que a principios del presente año circuló, para firmas de los integrantes del pleno, un proyecto de fallo sobre un habeas corpus -identificado con el número 1317-17-, con igual pretensión al aprobado el 10 de mayo pasado a favor del exministro. Ambos recursos fueron interpuestos por Franklin Amaya, abogado de De Lima.
Cuenta Díaz que ese proyecto de fallo declaraba legal la orden de detención del exministro, y no sustituía la medida de detención preventiva.
Indica que cuando el proyecto circulaba entre los magistrados, Amaya presentó un desistimiento del habeas corpus, “como si supiera cuál era el sentido del fallo”.
El desistimiento fue admitido y el proyecto de fallo se retiró.
Posteriormente, Amaya presentó un nuevo habeas corpus.
En esta ocasión, el pleno también declaró legal la detención, pero sí cambió la medida cautelar: de detención preventiva a impedimento de salida del país sin autorización judicial.
“Como integrantes del pleno de esta corporación de justicia, no podemos propiciar la impunidad de los delitos ni hacernos ignorantes de la existencia de estos fuertes elementos de convicción, máxime cuando se trata de delitos que causaron lesiones patrimoniales al Estado de gran magnitud”, dijo Díaz.
El magistrado consideró que debió dársele un nuevo análisis al recurso presentado por la defensa, “toda vez que la fuerte vinculación existente contra Frank De Lima hace que la medida cautelar de detención preventiva sea la que corresponde aplicar para evitar que la investigación pierda su eficacia”.
Díaz consideró que el pleno debió pronunciarse sobre las prácticas dilatorias de la defensa, por las que Amaya debió ser “fuertemente sancionado”. Particularmente, el magistrado se refirió a seis habeas corpus que ha presentado el abogado a favor del exministro. Este medio llamó a Amaya, pero no respondió.
El resto de los magistrados consideró que la medida de detención interpuesta por el Ministerio Público contra el exministro resultaba “altamente rigurosa”.
El Ministerio Público ordenó la detención de De Lima, mientras se le investiga por un contrato otorgado a la sociedad Republic Parking Tocumen, S.A., para la operación de estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen.
El contrato fue pactado cuando el exministro fungía como presidente de la junta directiva de la terminal. Una auditoría de la Contraloría calculó en $1.9 millones la lesión patrimonial al Estado, producto de esta concesión.
