Los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron expulsados ayer de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó la edición digital del diario La Prensa.
La medida también implica la suspensión de las visitas de la Comisión a esa nación centroamericana, envuelta en una profunda crisis política.
En un tuit la CIDH explicó que el régimen orteguista justificó la salida del GIEI por el vencimiento del “plazo, objetivo y misión”.
De acuerdo con La Prensa, desde que los expertos del GIEI llegaron al país denunciaron el bloqueo del régimen sobre la información oficial de las víctimas de la represión.
La Cancillería nicaragüense había citado a los integrantes del Meseni y el GIEI a las 3:00 p.m. de ayer miércoles para notificarlos sobre la medida adoptada.
Antonio Urrejola, comisionado de la CIDH para Nicaragua, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que “la CIDH seguirá realizando sus acciones de monitoreo, denuncia y acompañamiento a las víctimas y sus familiares. No solo es nuestro mandato y deber, sino nuestro compromiso y convicción”.
Hoy jueves estaba previsto que el GIEI presentara su último informe sobre la situación que se vive en Nicaragua.
El grupo de expertos que integran el Meseni llegó al país en junio pasado para dar seguimiento a las 15 recomendaciones realizadas por la CIDH al régimen de Ortega, donde pedía el cese de la represión contra los manifestantes y las detenciones arbitrarias contra los nicaragüenses que se manifestaban en su contra.
En tanto, los integrantes del GIEI llegaron en septiembre para coadyuvar en la investigación de hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de este año.
Denuncia
Ayer, miércoles, el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció ante la fiscalía al jefe de la Policía, Francisco Díaz, por “robo, usurpación de dominio y crimen organizado”, al allanar y decomisar bienes del diario Confidencial y otros medios críticos del gobierno de Daniel Ortega.
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