Se llama Kenia Porcell, es abogada y actualmente procuradora general de la Nación. Aunque no estaba mencionada explícitamente en la propuesta de reformas constitucionales, dos de esas normas buscaban neutralizar su rol como autoridad máxima del Ministerio Público.
Bastaron unas cuantas horas después del anunció oficial de su renuncia para que la diputada del PRD Kayra Harding circulara un mensaje en las redes sociales, en el que reconoció que con la decisión de Porcell, ella propondría en la legislatura que arranca el 2 de enero de 2020 “las modificaciones para que los diputados puedan ser investigados por el Procurador[a] de la Nación y se elimine la figura del Fiscal Especial”.
Harding hacía mención a las reformas aprobadas el pasado 28 de octubre, en las que el artículo 155 propone que el procurador de la Administración investigue a los diputados, y el numeral 5 del artículo 161 plantea que la Asamblea Nacional designe a un fiscal especial para investigar a los procuradores de la Nación y de la Administración.
Estas propuestas fueron ideadas por los propios diputados y no son parte del paquete que elaboró el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y que avaló el Ejecutivo.
El tuit de la diputada Harding es una insólita confesión voluntaria de que la bancada del PRD consideró necesario dotarse de un blindaje para protegerse de las actuaciones de la procuradora Porcell.
A pesar de que se quiera descalificar a Porcell por una supuesta selectividad o por acciones temerarias, los diputados debían saber que los actos de la procuradora en su contra serían controlados por la Corte Suprema de Justicia. Ambas reformas manifiestan desconfianza de la tutela que pueda hacer la Corte de los derechos de los diputados.
Es insólito que dos normas constitucionales se hayan propuesto para blindar a la Asamblea contra una funcionaria que en el mejor de los casos habría concluido su término como procuradora el 31 de diciembre de 2024.
Esto quiere decir que el pleno aprobó reformas con vistas a resolver un problema judicial de los actuales diputados.
La teoría constitucional de los Estados democráticos propugna que las normas jurídicas individualizadas no tienen lugar en una constitución política, que es una norma general para todas las personas en todos los tiempos. Una vez más, los diputados demuestran su aspiración de estar por encima de la ley e incluso de la Constitución.
La ciudadanía y los poderes públicos tienen el deber de analizar detalladamente las reformas para evitar otras propuestas con nombre y apellido.
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