El diputado perredista Alfredo Fello Pérez, quien busca la reelección por el circuito 8-4 (Chepo, Balboa, Chimán, Taboga), es vinculado con Carlos Enrique Mosquera, alias Calitín, procesado por pandillerismo y narcotráfico.
Una relación sentimental de la hermana del diputado, Nitzia Pérez, arrastró a que ambos participaran en sociedades anónimas con Mosquera, uno de los delincuentes más peligrosos del país, actualmente detenido en la cárcel de máxima seguridad en Punta Coco y es señalado por informes de inteligencia como cabecilla de la pandilla Calor Calor y vinculado al narcotráfico.
El diputado, su hermana y Mosquera serían suscriptores en las sociedades The Versace Internacional CO., S. A. y Agro Darién S.A., creadas desde 2010 con el fin de participar en varias licitaciones públicas.
Las autoridades capturaron en 2012 en el puerto de Balboa varios contenedores de la empresa Agro Darién S.A., en cuyo interior había cocobolo, cuya extracción y comercialización están prohibidas. Por este caso, Pérez fue llamado a juicio por el Ministerio Público, pero tras ser electo diputado en 2014 el caso pasó a la esfera de la Corte Suprema de Justicia, donde aún se tramita.
El diputado tiene otras tres denuncias en la Corte por girar cheques sin fondos.
Diputado Fello Pérez y sus misteriosas conexiones
Alfredo Fello Pérez es un diputado de pocas palabras en la Asamblea Nacional. De bajo perfil y poca presentación de leyes, un hombre con acento campesino, pero con conexiones sospechosas y muchas denuncias en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la supuesta comisión de varios delitos.
A Fello Pérez, quien busca la reelección como diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el circuito 8-4 (Balboa, Chepo, Chimán, Taboga), se le vincula con uno de los delincuentes más peligrosos del país, actualmente detenido en Punta Coco: Carlos Enrique Mosquera, alias Calitín.
Informaciones de inteligencia vinculan a Calitín Mosquera con la pandilla Calor Calor y con la captura de 320 kilogramos de cocaína, varias armas de guerra y autos de lujo en una finca en el corregimiento de Sajalices, en Chame. La incautación se produjo en el marco de la operación Calitín.
La relación
Nitzia Pérez, hermana del diputado, tuvo una relación sentimental con Carlos Mosquera, de la cual tuvieron un hijo. A raíz de esto, el diputado, su hermana y Mosquera constituyen a partir de 2010 varias sociedades con el fin de ganar licitaciones públicas.
El objetivo de las sociedades era “ganar” licitaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), ya que tendrían la influencia de un miembro del partido Molirena, que formaba parte de esa administración.
Es así como el 31 de marzo de 2010 se crea la sociedad Versace Internacional CO., S. A., en la que son suscriptores Pérez, su hermana y Mosquera.
También el 2 de junio de 2010 se constituye la sociedad Agro Darién, S.A., en la que Mosquera y Pérez aparecen como suscriptores.
Pérez, actuación y candidato a reelección
Además, ese mismo día se inscribió en el Registro Público la sociedad Rapi Cash, S.A., en la que Pérez, su hermana y Mosquera son suscriptores. Esta última fue disuelta en 2012.
Las anteriores, Versace Internacional CO., S.A., y Agro Darién, S.A., siguen vigentes.
“Qué culpa tengo de haber estado en una junta directiva de una empresa, hace más de cinco años, donde uno de los directivos tiene problemas con la ley”, señaló Pérez en unas de sus intervenciones para explicar los vínculos que se le hacían desde esa época con Mosquera.
Casos judiciales
Pero además el diputado perredista, quien recientemente desafió la línea de la cúpula del PRD al votar a favor del ministro de la Presidencia, Jorge González, para ocupar el cargo de directivo en la Autoridad del Canal de Panamá, enfrenta, al menos, cinco procesos en la CSJ.
Reposa en el tribunal un expediente que se fusionó de dos denuncias presentadas contra el diputado por la posible comisión de delitos ambientales, en la modalidad de tráfico de madera y defraudación aduanera y además otras tres investigaciones relacionadas con supuesto pago de cheques sin fondos a empresas contratadas por el diputado.
En este expediente funge como fiscal de la causa el magistrado Olmedo Arrocha, recientemente nombrado en la Corte.
El primer proceso fue admitido por la CSJ el 7 de abril de 2016, referente a una denuncia presentada por la entonces Autoridad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio de Ambiente, relacionada con un supuesto intento de exportación de madera de cocobolo hacia China, a través de la empresa Centro de Maderas y Muebles La Colina, S.A., y en la que se señala al diputado.
El otro proceso relacionado con el presunto tráfico de madera se desarrolla en la fase de investigación. Fue admitido el 21 de diciembre de 2017 .
Para sustentar la admisión de esa denuncia los magistrados citaron un informe del sargento de la Policía Nacional Carlos Gobea, en el que detalla que el 7 de septiembre de 2012 informó a su superior jerárquico, Alberto Page, que en el puerto de Balboa habían encontrado varios contenedores que posiblemente contenían en su interior madera conocida como cocobolo y bálsamo. El cargamento, según narró Gobea, pertenecía a la empresa Agro Darién, S.A.
El cocobolo es una especie en peligro de extinción, cuya extracción y comercialización está prohibida por disposiciones del Ministerio de Ambiente.
El cocobolo tiene una alta demanda de países de Asia, Europa, así como de Estados Unidos.
Gobea, de acuerdo con el documento de la Corte, contó además que una fiscalía anticorrupción estaba investigando el caso, “ya que le ofrecieron una cantidad de dinero para que dejara mandar [al exterior] dichos contenedores”.
También la Corte citó un informe técnico de inspección de la antigua Autoridad Nacional del Ambiente que detalla que el contenedor MSKU 8397482, de color gris, tenía “trozos de madera cocobolo en su interior”.
Hicieron referencia a un documento de la Dirección General de Comercio Interior, en el cual se informa que Alfredo Pérez Díaz es el representante legal de Agro Darién, S.A.
Además, mencionan la vista fiscal 72 del 28 de febrero de 2013, en la que la Fiscalía Tercera Anticorrupción recomendó llamar a juicio a Alfredo Pérez (que para entonces no era diputado) y a los ciudadanos Leonel Antonio Castillo, Leslie Brooks Cedeño y Esteban De León por la supuesta extracción ilegal de maderas.
Cheques sin fondos
El magistrado Arrocha también está a cargo de un tercer proceso contra Fello Pérez por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, por hacer pagos a empresas a través de cheques sin fondos.
En este caso, la empresa JVU International, S.A. denunció que el diputado le canceló con un cheque de $5 mil que no tenía fondos.
JVU International, S.A. fue contratada por el diputado para la confección e instalación de parques infantiles, bancas y máquinas biosaludables en Chepo cabecera y Las Margaritas .
El resto de los procesos contra Pérez -dos más- también está relacionado con el presunto pago de cheques sin fondos.
La magistrada Ángela Russo es la fiscal de la causa en esas investigaciones.
La empresa Bamos Adelante S.A. interpuso dos denuncias contra el diputado.
Tras una operación comercial de $80 mil con la sociedad, el diputado canceló con un cheque de $26 mil, pero cuando la empresa intentó depositarlo, el banco le comunicó que no tenía fondos.
En agosto de 2018 el diputado pagó con un cheque de $2 mil a la empresa y tampoco tenía fondos, por lo que también interpusieron otra denuncia contra Pérez en la Corte.
Recientemente, por este proceso, la magistrada Russo solicitó al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del diputado Fello Pérez, pero aún no ha recibido respuesta.
Este medio llamó al diputado Fello Pérez para que diera su versión de sus vinculaciones con Mosquera, y las denuncias que mantiene en la Corte Suprema de Justicia por supuesto tráfico ilegal de madera y por presuntamente pagar deudas con cheques sin fondos, pero no contestó.
Al diputado se le dejaron mensajes de voz en su celular y a través de WhatsApp.
