Son los encargados de hacer las leyes, pero varios de ellos tienen cuentas pendientes con la justicia del país.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por ahora, hay 13 denuncias contra nueve diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de distintos partidos políticos.
Algunos de ellos tienen hasta dos procesos, y se les acusa de delitos contra la administración pública, contra la fe pública y contra la libertad e integridad sexual. Así consta en un informe de la CSJ actualizado hasta el pasado 4 de octubre, al que tuvo acceso La Prensa.
El rastro de las planillas
Tres de los denominados “padres de la patria” investigados están vinculados al escándalo por supuestas irregularidades en planillas y contratos de la Asamblea Nacional en el quinquenio pasado (2014-2019).
En este grupo están Francisco Pancho Alemán, diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Edwin Zúñiga, de Cambio Democrático (CD); y Rubén De León, quien representa al Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Parlacen.
Todos fueron denunciados en su momento por el contralor Federico Humbert. Zúñiga, tiene dos procesos por este motivo.
De León también fue denunciado junto a la diputada de CD, Yanibel Ábrego, por el ciudadano Daniel Karin Barrantes Castillo, quien los acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Se desconocen los detalles del expediente.
Una suplente
Ariana Coba Martínez, diputada suplente del panameñista Hugo Méndez, tiene dos procesos por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública.
El primero guarda relación con una denuncia presentada por Víctor Zambrano Zambrano –los detalles se desconocen–, y el otro surge por una denuncia interpuesta por Alejandro González Calderón, en perjuicio de Auto-DK S.A. y Ahmad Awad Mahd.
El caso de Playa Leona
La diputada de CD Lilia Batista debe hacerle frente a un caso de vieja data: presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la junta comunal de Playa Leona, distrito de La Chorrera, donde la hoy diputada fue representante de corregimiento (2009-2014).
Cuando era jefa de esa junta comunal, Batista administró al menos $6 millones de partidas circuitales de diputados, una modalidad que se impuso en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La diputada del PRD Zulay Rodríguez fue querellada por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, quien la acusa de delitos contra el honor, y delitos contra la administración pública.
En el recurso, la defensa de Porcell sustenta que el pasado 19 de agosto Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter mensajes afirmando que la procuradora ha omitido recibir declaraciones de Rodrigo Tacla Durán, un exoperador de Odebrecht que vive en España. La acción legal cita este tuit de Rodríguez: “Pero Kenia tiene 10 millones de razones para él (sic) no declare”.
Otra que también debe atender procesos en el máximo tribunal de justicia es Giselle Burillo, quien representa a CD en el Parlacen. Burillo tiene dos casos en la Corte. El primero es por supuestas anomalías en el alquiler de carros cuando fue ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), y el segundo es por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte para el traslado de plantas móviles, hecho que también ocurrió cuando era la jefa de Ampyme.
El caso de Arquesio Arias
Por último, está la investigación que le sigue la Corte al diputado perredista Arquesio Arias, quien está acusado de abuso sexual a una joven de 22 años y a una menor de edad, cuando era médico en la comunidad de Ustupu, en la comarca Guna Yala.
En julio pasado Arias declaró a La Prensa que todo era un tema “político”, producto de las primarias de los partidos en 2018. Insistió en que es una campaña “sucia” y que su equipo legal tiene pruebas de que lo que se le trata de imputar no fue así. La sociedad civil pide que se le separe de la curul mientras se le procesa.
