Dudosas donaciones de la Asamblea Nacional

A mediados del año pasado, este diario inició una investigación sobre el presupuesto de la Asamblea Nacional, específicamente, del renglón denominado “donaciones, subsidios o apoyos económicos”. La investigación periodística chocó de frente con la falta de transparencia de los funcionarios involucrados, respecto a la forma en que se deben manejar estos fondos del Tesoro Nacional.

En el proceso de investigación, La Prensa envió una carta formal –con base en la Ley de Transparencia– al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, en la que se le formularon preguntas sobre el destino final de estos fondos y documentación que sustentara la emisión de miles de cheques destinados a personas, fundaciones, juntas comunales y organizaciones no gubernamentales (oenegés).

De León contestó parcialmente la petición de información. Sus respuestas estaban lejos de ser lo precisas que había solicitado este medio. La vaguedad de sus respuestas se sumó a su negativa de conceder una entrevista –frente a frente– sobre el tema, la cual se sigue gestionando desde principios del mes pasado.

Desde entonces, La Prensa ha enviado a De León y a su equipo de prensa, al menos, cuatro correos solicitando la entrevista. Además, se habló directamente con él a su celular, pero declinó por diversas razones: viajes o porque estaba ocupado en otros menesteres legislativos, etc.

De igual manera, se le envió una solicitud de información –también basada en la Ley de Transparencia– a la Contraloría General de la República. Las respuestas de la entidad igualmente no fueron lo precisas que este medio requería.

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto que destinó la Asamblea para las donaciones fue de 12.7 millones de dólares, entre julio de 2014 y diciembre de 2016. Esta suma no incluyó las donaciones refrendadas y en trámite en la Contraloría, de enero y febrero de 2017, que ascienden, a este momento, al menos, a 1.5 millones de dólares, de los cuales, 911 mil ya están refrendados hasta el pasado día 3 de marzo.

En total, la Asamblea ha dispuesto de unos 14 millones de dólares para destinarlos a donaciones en 31 meses (unos 451 mil dólares al mes, en promedio).

Dos presidentes del órgano legislativo han administrado este dinero: Adolfo Beby Valderrama y Rubén De León, quien lleva en la Presidencia de la Asamblea dos períodos.

Durante la administración de Valderrama (julio de 2014-junio de 2015) se autorizaron donaciones por poco más de 650 mil dólares, repartidos en 525 cheques.

En el siguiente período –comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016– cuando asumió el cargo Rubén De León, la cuantía de las donaciones fue 10 veces mayor: 6.4 millones de dólares, repartidos en unos 2 mil 200 cheques.

La Prensa tuvo acceso a cheques refrendados por la Contraloría que suman 2.5 millones de dólares entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, que corresponde a la primera mitad de la segunda presidencia de De León. Es decir, la Asamblea, en dos períodos de De León, ha dispuesto de, al menos, unos 9 millones de dólares para “donaciones, subsidios o apoyos económicos”, sin contar 1.5 millones de dólares en lo que va de este año.

También se logró revisar los pagos refrendados por la Contraloría bajo el concepto de “donación, subsidio o apoyos económicos”, cobrados por personas naturales, fundaciones, juntas comunales y organizaciones no gubernamentales y comparó sus montos en cada período legislativo, del 1 de julio de 2014 al 3 de marzo de 2017.

Tras decenas de entrevistas a personas naturales y a representantes de personas jurídicas, se evidencia que buena parte de estos millones –si no la mayoría– no fue recibida por los beneficiarios, sino que fueron redireccionados por lo que parece ser una red organizada, que presuntamente se queda con el dinero a través de fraudes masivos en los que estarían involucradas miles de personas.

LOS CONTROLES

Durante meses, la Contraloría refrendó miles de cheques con fondos donados por la Asamblea, pero no fue hasta el 1 de noviembre pasado que se publicó en Gaceta Oficial el decreto 441-2016, mediante el cual se aprobaron los “Requisitos y Controles para otorgar apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (donativos o subsidios)”.

Para entonces, la Contraloría había refrendado, al menos, unos 9.4 millones de dólares, otorgados mediante 3 mil 700 cheques aproximadamente. La mayoría de los cheques se giraban por un promedio de 3 mil dólares cada uno, aunque en el caso de algunas oenegés, ese monto era superado, como por ejemplo, un cheque que fue hecho por más de 75 mil dólares.

Antes de la entrada en vigor de este decreto, “se fiscalizaban los fondos públicos mediante la verificación de documentos”, indicó la Contraloría, al responder la petición de información que este medio le envió el 1 de diciembre pasado. A simple vista, los requisitos formales se cumplirían, pero no hay una constatación de que los fondos hayan llegado al destinatario final.

El decreto puso tope a los donativos: ninguno superaría los 2 mil 500 dólares por persona, y que no se podrían entregar más de tres ayudas a un solicitante en un mismo periodo fiscal. Ello corregiría el hecho de que antes una persona podía recibir más de tres ayudas en un mismo período, pero el decreto no precisa bajo qué parámetros alguien puede recibir hasta tres ayudas en un mismo período fiscal.

¿QUIÉNES SE BENEFICIARON?

Durante varios meses, La Prensa ubicó a unas 60 personas, y de esa cantidad, poco más de 30 resultaron en entrevistas efectivas. Las primeras entrevistas se hicieron sin mayor obstáculo, aunque, a medida que estas avanzaban, se tornaron hostiles, con reclamos, palabras ofensivas e, incluso, amenazas físicas.

Producto de estos encuentros –cara a cara con los supuestos beneficiarios– este diario descubrió que entre los entrevistados, con excepción de uno o dos, ninguno presentó, por iniciativa propia, solicitud de ayuda a la Asamblea.

Los entrevistados –con notorias necesidades económicas– reconocieron haber firmado cartas de solicitud de donativos económicos porque funcionarios de la Asamblea se lo pidieron y ellos aceptaban, convencidos de que recibirían el dinero prometido. Ahora muchos reconocen que fueron engañados.

El grueso de los entrevistados vive en zonas marginadas de la capital, como Cerro Batea, Don Bosco, Villa Grecia, Los Nogales y en corregimientos de Juan Díaz y San Miguelito, así como en zonas rurales del interior. Sin embargo, también se encontraron en otros sectores.

Algunos de los supuestos beneficiados sí entendían para lo que se estaban prestando con estos trámites y reprocharon las preguntas de este medio por considerar que estas se inmiscuían en sus “asuntos personales”, al tiempo que voceros y representantes de fundaciones privadas y oenegés censuraron a La Prensa por interrogarlos sobre el destino final de fondos del Estado.

Otros expresaron temor por haberse involucrado en las transacciones y por ello ser investigados, suponiendo haber cometido un delito.

Cuando los supuestos beneficiarios recibían los cheques y se acercaban al Banco Nacional de Panamá para hacerlos efectivos, eran esperados a discreta distancia de la institución por una persona que recibía el dinero, y a cambio les entregaba una comisión por hacer efectivo el cheque.

Ante estos hallazgos, La Prensa hizo una solicitud de información, con base en la Ley de Transparencia, de la lista de los cheques girados contra las partidas 611 y 930 de la Asamblea, con los beneficiarios y documentos que sustentaran la expedición de los pagos.

La respuesta fue extemporánea e incompleta, ya que no se entregaron los documentos que sustentaran los millonarios desembolsos, aunque este diario pudo conseguir, a través de otros medios, una fracción de estos y unas 35 cartas con las supuestas peticiones.

Lo que sí entregó la Asamblea fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que “no es inconstitucional” el reglamento de este órgano que indica que en el presupuesto de inversiones “se incluirán las partidas circuitales...”.

Consultada la Asamblea del porqué enviaron este fallo no solicitado, su equipo de prensa dijo que “por jurisprudencia, aunque los donativos no son lo mismo que las partidas circuitales”, admitieron.

Por otro lado, al consultar al expresidente de la Asamblea Adolfo Beby Valderrama, dijo que no ve mal que se hagan donaciones, “si tienen un control y efecto de agenda social. Por mi lado, no utilicé esa herramienta para actividades políticas”.

Valderrama considera que las instituciones del Estado deben tener un presupuesto “social”, independiente del Ejecutivo, pero con sus respectivos controles.

VEA MAÑANA: Como esquilmar dinero del Estado