Estados Unidos (EU) responsabilizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de unos 350 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril.
En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo “son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”.
Se trata de la primera vez que Estados Unidos responsabiliza nominal y directamente al actual presidente y a su esposa por la situación en Nicaragua, y por ello volvió a defender el anticipo de las elecciones presidenciales previstas para 2021.
“Estados Unidos está del lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo miembros del Frente Sandinista, que piden reformas democráticas y el fin de la violencia”, afirmó la Casa Blanca, haciendo alusión al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para el Gobierno estadounidense, la celebración de “elecciones libres, justas y transparentes son la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.
Entrevista
La red de televisión CNN en Español anunció que transmitirá una entrevista exclusiva con Ortega, pero en fragmentos anticipados de ese diálogo el presidente nicaragüense discutió la realización de un referendo sobre la posibilidad de anticipar las elecciones.
“Podemos preguntarle a la gente, claro que sí. El problema aquí es que si dicen que ‘sí’, pues haremos elecciones anticipadas, pero si dicen que ‘no’ van a decir que hicimos fraude (...). Porque el trabajo para fortalecer el sistema electoral necesita de recursos”, dijo.
Mike Pence
Vicepresidente de Estados Unidos.
En otro anticipo de la entrevista, Ortega afirmó que ha contactado al secretario general de la ONU “y diferentes organismos internacionales” para “fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados”.
La idea de esos contactos sería “incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la Iglesia”, según dijo.
La Iglesia católica nicaragüense ayuda en un diálogo entre el gobierno y el arco opositor nucleado en la Alianza Cívica.
Manifestaciones
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
En el documento divulgado, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”.
Con esas sanciones, el gobierno “está demostrando que hará responsables por sus actos a funcionarios del gobierno de Ortega que autoricen violencia y roben a los nicaragüenses”.
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró “patrocinada por el Estado”.
Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno “está virtualmente en guerra con la Iglesia católica” y personas “armadas con machetes (...) han atacado templos y propiedades de la Iglesia”.
