La Fiscalía Anticorrupción desarrolla diligencias en cuatro provincias con relación a la posible lesión patrimonial causada en el manejo de los fondos asignados a las juntas comunales del país.
Fuentes del Ministerio Público informaron que se están efectuando entrevistas e inspecciones en las comunas de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, y que se prevé hacer lo mismo en Bocas del Toro y Chiriquí.
Estas diligencias se desarrollan bajo las normas del sistema penal acusatorio y, para esto, el Ministerio Público inauguró en julio pasado una sede de la Fiscalía Anticorrupción en Veraguas.
La apertura de este despacho se produjo tras el fallo del 3 de agosto de 2018, del Juzgado Quinto Penal, en el que el juez Enrique Paniza accedió a una solicitud del fiscal Anticorrupción, Adecio Mojica, de reabrir la pesquisa del dinero que manejaron las juntas comunales y los municipios durante el quinquenio 2009-2014.
En el fallo, el juez Quinto Penal, Enrique Paniza, precisó que la reanudación del proceso compete sólo a su jurisdicción, que es el Primer Circuito Judicial (la provincia de Panamá), donde 29 juntas comunales están bajo investigación y se han imputado cargos a 18 personas.
En este caso, en enero de 2019 la fiscalía solicitó la declaración de causa compleja, a lo que el juez Quinto Penal accedió el 27 de febrero. El 20 de marzo fueron presentados diferentes recursos de apelación por al menos seis abogados de las personas vinculadas a los hechos; y el 10 de junio se remitió el cuadernillo con las apelaciones al Segundo Tribunal.
Según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, la lesión en el caso se estima en más de $25 millones.
La Contraloría detectó malos manejos en los $247 millones que fueron transferidos a las juntas comunales, por diputados del quinquenio 2009-2014.Los auditores encontraron facturas falsas y documentos alterados. También advirtieron el manejo de $20 millones sin sustentación alguna.