Miembros de organizaciones de la sociedad civil se concentraron ayer frente a la Procuraduría de la Nación para pedir que actúe de manera “rápida y oportuna”, luego de que Odebrecht admitiera haber sobornado a funcionarios panameños.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que tienen “desconfianza” de las actuales autoridades, porque permitieron la adjudicación de contratos a esta empresa por más de $2 mil 600 millones, a pesar de que ya era investigada.
Las organizaciones de la sociedad civil proponen que se cree una comisión internacional contra la impunidad que colabore con la Procuraduría. Además, hicieron una lista de nueve puntos que consideran clave para el éxito de la pesquisa, entre ellos, que la Contraloría audite los contratos y obras de Odebrecht y que se conforme una fiscalía especial para el caso.
Precisamente, el Ministerio Público (MP) anunció la instalación de una fiscalía especial anticorrupción, que estará a cargo de las fiscales anticorrupción Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore, jefas de las fiscalías Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Anticorrupción, respectivamente, por lo que el MP comunicó que esos despachos estarán a cargo de Adecio Mojica, Javier Mitre, Lizzie Bonilla y Heydi Cedeño.
El MP no informó si las fiscales van a trabajar exclusivamente en el caso Odebrecht y cuál será el destino de los expedientes que adelantaban.
Este medio consultó al MP sobre el tema, pero no respondió. Lo que sí informó fue que la nueva fiscalía llevó a cabo una inspección ocular en la sede de Odebrecht y ordenó analizar y revisar todas sus cuentas.
Mientras, en un comunicado, Odebrecht dijo que está a la “entera disposición” de las autoridades y que responderá de manera eficiente a cualquier requerimiento. Dijo que ratifica el funcionamiento normal de sus operaciones en el país.
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