Enérgico llamado a la Corte Suprema de Justicia

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) hizo un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que actúen con “imparcialidad, independencia y probidad” al decidir sobre un recurso de la defensa de Ricardo Martinelli que pretende quitarle competencia a ese tribunal en el caso que se le sigue al expresidente por supuestamente espiar comunicaciones de, al menos, 150 personas.

“Fallar a favor de lo argumentado por la defensa del expresidente, sería ir en contra del derecho y del sentido común, pero, sobre todo, sería en contra de la justicia y destruiría la poca confianza que ya tiene la ciudadanía en cuanto a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia”, indicó la fundación en un comunicado.

La Conferencia Episcopal Panameña consideró que “urge que el sistema de justicia consolide su imparcialidad, su oportunidad al momento de juzgar y su legítima autonomía”.

Pérez, el juez al que declinaría la Corte

Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declina la competencia en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y contra la administración pública, el expediente quedaría en manos del juez decimosexto penal, Enrique Pérez, quien ha manejado varios casos que involucran actos ocurridos en su gobierno o figuras cercanas a su administración.

Los casos 

Una de esas pesquisas es, precisamente, la investigación a los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por supuestamente espiar las comunicaciones de unas 150 personas en el gobierno pasado.

La audiencia, que está programada para el 3 de septiembre próximo, ha sido suspendida seis veces por recursos presentados por la defensa de los imputados. En este proceso también se investiga a Ronny Rodríguez y William Pittí, exagentes del Consejo de Seguridad Nacional, actualmente prófugos.

Pérez también es el juez que, en un fallo de noviembre de 2017, dictó un sobreseimiento definitivo en el proceso que se le seguía a Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por supuestas irregularidades en la contratación de plantas eléctricas.

El Juzgado Decimosexto Penal también está a cargo del caso por presuntas anomalías en la compraventa de alimentos deshidratados a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $14.5 millones.

En esta causa penal son investigados Giácomo Tamburrelli, exdirector del PAN, y Rubén De Ycaza, representante de Lerkshore International, la empresa proveedora, entre otros.

Otro de los expedientes que ha tratado el juez Pérez es el que se le seguía a 14 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con las cuentas ligadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, destituido y condenado por enriquecimiento injustificado. Un fallo del Segundo Tribunal Superior Penal declaró nulo todo lo actuado por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, Pérez es el juez del proceso que se le sigue al exgobernador de Coclé Richard Fifer por la presunta comisión del delito de estafa. El caso guarda relación con una investigación que el Ministerio Público por una presunta defraudación en perjuicio de Gold Dragon Capital Management.

Pérez también absolvió a la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre, en el denominado caso Gucci.

A Sucre se le investigaba por la presunta comisión del delito de peculado, luego de que sus exescoltas la acusaran de asignarles tareas ajenas a sus funciones, como sacar a pasear a su perrito Gucci.

Pleno extraordinario

En tanto, el Órgano Judicial informó ayer, a través de un comunicado, que el próximo miércoles 11 de julio, a las 9:00 a.m., se realizará una sesión extraordinaria del pleno de la Corte, para discutir si admite o no el amparo que presentó la defensa del expresidente para quitarle la competencia del caso a la Corte.

El ponente es el magistrado Oydén Ortega. El pasado jueves, el pleno trató el caso, pero no logró un acuerdo.

Fuentes judiciales informaron que los magistrados Hernán De León, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso Mojica (suplente de José Ayú Prado) promoverían un proyecto de fallo en el que el pleno declinaría la competencia y ordenaría remitir el caso al Juzgado Decimosexto Penal, como lo pidió Martinelli al renunciar como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De León replicó que es “totalmente falso que se haya intantado redactar un contraproyecto contra el proyecto admisibilidad o no de esta acción de amparo de garantías”, según un comunicado divulgado ayer por el Órgano Judicial.

Según De León, el pleno, reunido el pasado jueves, solicitó más tiempo para estudiar el audio de la decisión adoptada por el magistrado juez Mejía, en la audiencia del pasado 25 de junio, que fue objeto del amparo promovido por la defensa de Martinelli.

[Importante] Presidente de la CSJ, Hernán De León aclara que no se ha reunido con ningún magistrado para conversar sobre proyecto de un amparo de garantías, presentado por la defensa del diputado del Parlacen. pic.twitter.com/TAZeO5RNfy

“Ni siquiera se llegó a discutir el fondo del proyecto presentado por el magistrado ponente, y se decidió realizar una reunión extraordinaria para la próxima semana”, indica la nota de prensa del Órgano Judicial.

Ayú Prado también se manifestó ayer, vía comunicado de prensa, y aseguró que no ha sostenido reuniones para discutir el amparo de garantías promovido por Martinelli.

Reconoció que el pasado jueves sí conversó con Asunción Alonso, su suplente, pero sobre la implementación del sistema penal acusatorio “y el déficit del presupuesto del Órgano Judicial por $14 millones”.

Reaccionan

Diferentes sectores se han pronunciado sobre la estrategia del equipo de defensores de Martinelli.

El cardenal José Luis Lacunza advirtió que el proceso seguido al exmandatario “es un caso emblemático para la justicia del país”, por lo que es necesario “que la justicia se ponga los pantalones de mayor de edad, para afrontar algo que puede ser decisivo para el futuro”.

Lacunza hizo estos señalamientos ayer al concluir la segunda  Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña.

“Ojalá que la Corte Suprema de Justicia cuando tenga que votar (...) lo haga con plena conciencia y responsabilidad.  No para quitarse una papa caliente de las manos y tirar el oro a otro hombro. Que sea consciente de que tiene que jugar su papel y lo juegue pensando en el bien de toda la comunidad panameña”, agregó.

Anette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), expresó que si la Corte declina la competencia, sería casi como garantizar la prescripción del proceso.“Sería una total burla a la justicia, y un escándalo a nivel internacional”, añadió, Planells, quien instó a los magistrados a “ser valientes y enfrentar su responsabilidad de juzgar al expresidente”.

‘Paz social’

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, consideró que los magistrados que conforman el pleno tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar la paz social.

“Para ello, deben negar el amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Martinelli, apoyando el criterio jurídico expresado por el juez de garantías del caso, Jerónimo Mejía. La intención del expresidente es que el caso pase al Juzgado Decimosexto Penal (...) Entraría al limbo de la interinidad de los jueces de circuito, audiencias suspendidas múltiples veces, justicia aplazada e impunidad de facto por mora judicial”, advirtió.

La Fundación añade que en los cinco años del gobierno de Martinelli, “Panamá vivió víctima de esquemas de gran corrupción y debilitación de las instituciones de control y transparencia... Los magistrados de la Corte pueden y deben restaurar la institucionalidad del Órgano Judicial, dejando atrás la noche oscura del amiguismo, corrupción y parcialidad”.

Los denuncian

Ayer también se conoció que Mejía y el magistrado Harry Díaz -quien actúa como fiscal del caso– fueron denunciados el pasado jueves ante la Asamblea.

El denunciante, el abogado Jorge Domínguez, solicita que se les investigue por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, según el artículo 208 de la Constitución, que señala: “los magistrados y jueces principales no podrán desempeñar ningún otro cargo público, excepto el de profesor para la enseñanza del Derecho”.

Martinelli llegó extraditado de Estados Unidos el pasado 11 de junio. El lunes se retoma la audiencia de la causa, en la fase de presentación de pruebas.