Enriquecimiento injustificado

Ha transcurrido un año y cinco meses desde que el Ministerio Público apeló el sobreseimiento otorgado a Miguel Ángel Herrera, Martha Herrera Marcos y Roberto Delgado Herrera en la audiencia preliminar del proceso por supuesto enriquecimiento injustificado que se le sigue a Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social.

Sin embargo, este recurso aún no ha sido resuelto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y hasta que esto no suceda el Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo De La Torre, no podrá fijar otra fecha de audiencia en este caso.

Las tres personas sobreseídas formaban parte de la directiva de la fundación Hermanos Hefe, con la que el exministro obtuvo una propiedad en El Valle de Antón.

Miguel Ángel Herrera es cuñado de Ferrufino y de Roberto Delgado Herrera, y hermano de Martha Herrera Marcos.

En total, ha pasado 1 año y 10 meses desde que se inició esta investigación –noviembre de 2014–, a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, según consta en un monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción efectuado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en conjunto con la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La auditoría de la Contraloría, realizada en marzo de 2015, reveló, por ejemplo, que los ingresos de Ferrufino en sus cinco años de ministro (2009-2014), durante la administración de Ricardo Martinelli, fueron de $1 millón 126 mil 884, mientras que sus gastos, pagos, bienes adquiridos y cuentas bancarias sumaron $3 millones 415 mil 180.

Se concluyó entonces que el enriquecimiento injustificado de Ferrufino sería de $2 millones 288 mil 296.

EL JUICIO

En la audiencia preliminar de este caso, efectuada en abril de 2016, el juez undécimo penal Eduardo De La Torre llamó a juicio a Ferrufino y a su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino.

El juez concluyó que en el expediente se acreditó que ambos tenían un patrimonio “no justificable” de acuerdo con sus ingresos.

Según el juez, en la auditoría se observó que Ferrufino no incluyó en la declaración jurada de bienes patrimoniales el valor de los vehículos ni la matrícula de circulación vehicular que permita verificar la existencia de estos, y tampoco declaró el valor ni clase de las acciones que conforman el capital social de las sociedades en las cuales manifestó tener participación.

El juez destacó que en su declaración, presentada en julio de 2009, Ferrufino manifestó ser el poseedor del 90% de las acciones de la sociedad SYG, S.A. Sin embargo, en los documentos establece que vendió el 30% de las acciones, por lo que solo mantendría el 70%.

Además, según el juez se comprobaron otras anomalías en la declaración jurada: omitió cuentas por cobrar resultantes de transacciones comerciales que tenía antes de 2009; no reportó una finca ubicada en el corregimiento de Herrera, La Chorrera, valorada en $432 mil; ni otra finca en El Valle de Antón, de $228 mil; entre otras.

Tampoco declaró una finca situada en Nueva Gorgona, Coronado, ni su participación accionaria en la sociedad GV, S.A., ni sus actividades relacionadas con la ganadería.