La investigación realizada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción en el caso Blue Apple dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros de Estado y que usó el sistema bancario para blanquear dinero proveniente de sobornos.
Tras la investigación, que se prolongó más de dos años, la fiscalía solicitó llamar a juicio a 52 de las 58 personas imputadas.
Asimismo, pidió sobreseer definitivamente a Ana Mercedes Briones Tejada y de manera provisional a Juan Carlos Marciaga, Rosa Jiménez Sánchez, Jorge Ford Hernández y Fernando Céspedes García, todos por blanqueo de capitales.
La fiscalía también recuperó 33 millones de dólares.
La investigación concluye que la lesión patrimonial ocasionada al Estado alcanzaría los $78.3 millones.
Este proceso fue abierto en septiembre de 2017, luego de que se detectara una sociedad “canasta” creada, presuntamente, con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009 y 2014.
Por este caso, el Ministerio Público requiere a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Las confesiones de los contratistas del Estado
Después del caso Odebrecht, Blue Apple es tal vez la investigación ligada a corrupción a nivel local, más grande de los últimos años. En esta trama, los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados dejaron al descubierto la amplia participación de funcionarios, empleados de bancos, y allegados a la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para presuntamente apropiarse de dineros del Estado.
Una de las declaraciones más contundentes del caso fue la que dio Juan Alexis Rodríguez, de la Constructora Rodsa S.A. quien reveló que el exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, le planteó una propuesta verbal para agilizarle trámites en el MOP: órdenes de pagos, planos, y otros. A cambio, de acuerdo a Juan Alexis Rodríguez, debía pagar entre el 6% y 8% del monto del contrato. Los desembolsos se harían en distintos pagos entre seis y ocho meses.
En su acuerdo de colaboración, Juan Alexis Rodríguez aportó a la fiscalía copias de cheques por la suma de $280 mil 517, $640 mil 973, y $1.9 millones, fechados en febrero de 2014 a favor de la Corporación de Energía del Istmo, por contratos que Rodsa se había ganado con el MOP.
Los pagos correspondían a varios obras de infraestructura que debían realizarse en Veraguas y Coclé. Reveló que estos pagos de igual forma se le requirieron en concepto de “ayuda política y para agilizar los trámites de los proyectos”.
Al mismo tiempo destacó que el dinero le fue solicitado por el ministro del MOP de la época, Jaime Ford, quien reemplazó a Federico Suárez cuando este renunció al puesto. Narró que Ford lo citó en su oficina, y le pidió los pagos. En otra ocasión le comunicó los montos que debía entregarle.
Pero esto no fue todo, Rodríguez reveló los nombres de otros protagonistas de la trama: Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de la empresa Factor Global Inc, quien según dijo, era el que gestionaba las facturas y los pagos. Y Federico Barrios Alaín, representante legal, presidente, tesorero y firmante de varias cuentas de la sociedad Blue Apple. Según Ruiz, Barrios Alaín le entregaría facturas que no correspondían a servicios relacionados con su empresa, sino que serían utilizadas para justificar montos de dinero girados a favor de la sociedad, que cobraría 3.75% del monto del pago recibido.
Refirió que los primeros pagos realizados estuvieron relacionados con un proyecto que se le asignó para el diseño y la construcción de caminos y puentes en Coclé.
Acuerdo con Meco
Este esquema se habría repetido en el caso de Carlos Cerda Araya, de Constructora Meco, quien aceptó haber autorizado la entrega de dinero también por solicitud de Churro Ruiz, a través de operaciones financieras y estructuras jurídicas.
Narró que entregó el 5% del valor de los contratos para la construcción del intercambiador vial en la carretera Panamericana (Howard), tramo puente de las Américas-Arraiján; y del diseño y construcción de la carretera La Villa-Las Tablas, en la provincia de Los Santos. También para los contratos del plan maestro de reordenamiento vial de la ciudad de Panamá; diseño y construcción de un túnel y rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato, y la construcción de caminos y puentes en Panamá Este.
Reveló que pagó $9.4 millones producto de la fórmula matemática del 5%.
Hablan Bagatrac y GS Contractors
Por su lado, Alberto Jurado Rosales, de la constructora Bagatrac S. A., confirmó el mismo mecanismo: debía entregar a través de Blue Apple parte de los fondos asignados a contratos.
Bagatrac S.A. emitió 12 cheques a la sociedad Blue Apple por distintos montos: desde $62 mil a $640 mil.
Mientras que la GS Contractors -Grupo Corporativo GS-, quien hasta el 29 de septiembre de 2017 hizo gestiones de pago ante el Estado por un monto de $58.7 millones, giró un cheque a nombre de Blue Apple por $283 mil 578.
Juan Daniel Samaniego, representante legal de la empresa, aseguró a la fiscalía que le mandaron unas cesiones de pago para que realizara a nombre de Blue Apple. Al igual que ocurrió con las demás compañía, el que le solicitó el dinero fue Churro Ruiz.
El acuerdo de Conalvías e Ingeniería R.E.C.
César Jaramillo Gutiérrez, representante legal de Conalvías, también declaró ante la fiscalía que su empresa realizó pagos a Blue Apple desde diferentes cuentas bancarias a cambio de facilidades para el desarrollo de varios proyectos.
Mientras que Eduardo Di Bello, representante legal de Ingeniería R.E.C., S.A. hizo lo propio y detalló cómo se realizaron los pagos a Blue Apple. Cuando el Ministerio Público verificó los depósitos realizados a la cuenta de Blue Apple en el Banco General, advirtió la existencia del cheque por $805 mil 376 girado desde una cuenta de Ingeniería R.E.C. S.A.
Conceptos y Espacios
En tanto, Jorge Espino, de Conceptos y Espacios S.A., detalló también que Federico Barrios Alaín, era quien se encargaba de gestionar las facturas ficticias y realizar los pagos. Según dijo, Joaquín Rodríguez, de Global Factor, le entregaba facturas que llevaba a la empresa. Una vez verificados los fondos, entonces se emitía el cheque y se lo entregaba a Joaquín Rodríguez. En ocasiones las facturas las solicitaban por correo electrónico, reveló.
Dos versiones de un mismo hecho
Cuando la fiscalía le tomó declaración indagatoria a Joaquín Rodríguez Salcedo, de Factor Global, dijo “haber mercadeado un método de Federico Barrios”, a través del cual con la venta de facturas, los contratistas “pudieran descargar el gasto, vía escudo fiscal, y hacerle llegar fondos a diversos funcionarios, no solamente a Jorge Ruíz.
Por su lado, en su declaración indagatoria, del 8 de enero de 2018, Barrios Alaín indicó que la estructura de Blue Apple inició en el año 2011, cuando fue invitado a participar en un negocio por Joaquín Rodríguez Salcedo, que consistía en la creación de un grupo de empresas que facturarían a los contratistas del Estado, por el supuesto suministro de materiales, alquiler de equipo, consultorías y otros. Según dijo Rodríguez le habría informado que debía abrir una cuenta bancaria a nombre de una de esas sociedades, paro lo cual se escogió Blue Apple. Allí, entonces, recibirían todos los pagos de los contratistas.
Aparecen Suárez y Ford
Joaquín Rodríguez Salcedo vinculó al exministro de Obras Públicas Federico Suárez con el esquema, al señalar que cuando Churro Ruiz dejó de ser director de contratos del MOP, el entonces ministro lo contactó y le informó que los trámites que se estaban haciendo con los contratistas, debía seguirlos validando Ruiz.
Agregó que este último llegó a solicitarle transferencias internacionales a la sociedad Malena Investment; relacionada al exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu. Así como a Dejaf Investment, Solution for Businnes, Rock Capital, que estaban relacionadas con Suárez.
También mencionó en su declaración que un fondo de $3 a $4 millones depositados en Bluen Apple fue usado como garantía para la compra de turbinas para el proyecto hidroeléctrico Sindigo en la provincia de Chiriquí, que estaba ligado al exministro Suárez.
Mientras que Jaime Ford, exviceministro de Vivienda, y exministro de Obras Púbicas, es vinculado al proceso a raíz de una declaración que dio Julián París, uno de los dueños de Conceptos y Espacios. Señaló que se le acercó a Ford cuando este era viceministro de Vivienda, para gestionar un contrato, pero que este le manifestó que para adjudicárselo tenía que hacer un pago a través de Blue Apple. Contó que después, Ford le informó que los pagos se le podían hacer a través de propiedades y, según dijo, de esta manera el exfuncionario habría adquirido bienes en La Chorrera, el Casco Antiguo, y en el barrio de San Francisco, en la capital.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción remitió la vista fiscal de este caso al Juzgado Decimoctavo Penal, solicitando el llamamiento a juicio de 52 de las 58 personas imputadas por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción, y falsificación de documentos.
Mientras que solicitó sobreseimiento provisional por el delito de blanqueo de capitales para Juan Carlos Marciaga, Rosa del Carmen Jiménez, Jorge Ford y Fernando Céspedes. Y sobreseimiento definitivo a favor de Ana Mercedes Briones Tejada.
