El presidente boliviano Evo Morales se recluyó ayer en la zona cocalera de Chimoré, su cuna política en la región central de Cochabamba, para anunciar su renuncia, tras perder el apoyo de los militares y la policía.
“No tengo por qué escapar, no he robado nada”. “Aquí no termina la vida. La lucha continúa”, dijo Morales, quien llegó a bordo del avión presidencial al aeropuerto de Chimoré, acompañado del vicepresidente Álvaro García Linera, quien también renunció a su cargo y a la presidencia del Congreso.
Morales, quien asumió en 2006 su primer mandato, enfrentó tres semanas de protestas contra su reelección en las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.
Morales, recibió ayer una avalancha de renuncias de altos funcionarios y llamados a renunciar de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los bolivianos han “dado una lección al mundo”, reaccionó el candidato opositor y expresidente, Carlos Mesa.
Militares e informe de OEA allanaron la dimisión
La convocatoria a nuevas elecciones presidenciales; la renuncia de ministros de Estado y un pedido de renuncia al presidente Evo Morales, por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sellaron el destino de Bolivia ayer.
Estos tres hechos que se produjeron luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció –también ayer– que su auditoría concluyó que las elecciones debían ser anuladas, tuvieron como desenlace la renuncia del mandatario de izquierda.
“La comisión de la auditoría de la OEA ha tomado una decisión política” al exigir nuevos comicios en Bolivia, declaró Morales por televisión poco después de anunciar su renuncia al país luego de casi 14 años en el poder. “Algunos técnicos de la OEA están al servicio de (...) grupos de poder”, agregó.
“El golpe de Estado se ha consumado”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, sentado junto a Morales,
Se cumplían tres semanas de protestas en rechazo a los resultados de los comicios del 20 de octubre.
Más temprano, Morales dijo que convocaba “a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a nuevas autoridades”. Y “renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, como pidió la OEA. No fijó fecha para el nuevo proceso y tampoco dijo si sería candidato.
“La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (...) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”, expresó la OEA en su informe.
Y añadió: “Een los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas”.
Por ello, decidió “cuestionar la integridad de los resultados de la elección”, dice el informe.
El informe de la OEA consigna que “las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado (...) y deslindar las responsabilidades de este caso grave”. Y añade que “resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.
A pesar del llamado a nuevas elecciones que hizo Morales, los principales opositores, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), a quien había derrotado Morales en primera vuelta, y el líder cívico Luis Fernando Camacho presionaron desde temprano por la renuncia de Morales. “Si le queda un ápice de patriotismo, debería dar un paso al costado”, dijo Mesa.
Camacho aseguró que “Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar”. Y exigió la dimisión de los miembros de los otros poderes del Estado.
En tanto, opositores que pedían la renuncia de Morales atacaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en Potosí, quien tras lo ocurrido renunció a su cargo.
El ministro de Minería, César Navarro, presentó igualmente su renuncia luego de que su casa, también en Potosí, fuera incendiada por un grupo de opositores. Le siguió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía, en rueda de prensa, dijeron que luego de analizar la situación conflictiva interna, pedían al presidente del Estado que renunciara a su mandato presidencial para permitir la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de Bolivia.
Además, ordenaron "operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que estaban actuando al margen de la ley.
Morales, en el poder desde 2006, había accedido a un cuarto mandato hasta 2025 en primera vuelta con el 47.08% de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de Mesa (36.51%), según el cómputo oficial objetado por la oposición.
La oposición también reprochaba al mandatario desconocer un referendo de 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser candidato.
“Nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo, protagonista y símbolo de la reivindicación de los pueblos originarios de Nuestra América. Llamamos a la movilización mundial por la vida y la libertad de Evo”, expresó el canciller cubano Bruno Rodríguez en Twitter.
Abren causa a autoridades electorales
La Fiscalía General de Bolivia abrió ayer una causa contra los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades en los cuestionados comicios del pasado 20 de octubre.
“Se ha instruido a los nueves fiscales departamentales del país el inmediato inicio de acciones penales contra los vocales y servidores públicos que corresponda de los Tribunales Departamentales Electorales” respectivos, añadió la Fiscalía.
Medios locales informaron que ya había sido detenida la expresidenta del tribunal electoral de la región oriental de Santa Cruz, Sandra Kettels, quien había dimitido el 30 de octubre en medio de cuestionamientos al escrutinio de los comicios.
En tanto, el comandante general de la Policía boliviana, general Vladimir Yuri Calderón, anunció que pondrá a disposición de la Fiscalía “a todos los órganos investigativos” de su institución para apoyar la investigación.