Tan solo 9 inspectores tiene el Ministerio de Ambiente en su regional de Darién para vigilar más de 115 mil hectáreas bajo manejo forestal en el área, por lo que indígenas y madereros denuncian la falta de supervisión.
Los permisos de corte se entregan a indígenas, pero la operación la financian empresarios chinos. De enero a junio, la exportación de madera a China se incrementó en 27%, totalizando en $37 millones, el principal destino de exportación. Voceros de las comunidades denuncian que no perciben los beneficios y solicitan otro tipo de desarrollo.
El Centro de Estudios y Acción Social Panameño, y el Centro de Incidencia Ambiental, solicitaron revisar permisos y normativas, petición que incluso efectuaron funcionarios de la entidad.
Chucunaque, cuenca despojada
De la cuenca del río más extenso del país, el Chucunaque, cuyo cauce recorre las comarcas Emberá Wounaan y Wargandí, se extrae el grueso de la madera que autoriza el Ministerio de Ambiente (Miambiente) para exportar a China. ¿Qué beneficios le quedan a Panamá de esta operación?
Pobladores, oenegés ambientalistas, e, incluso, madereros, exigen a Miambiente revisar la política extractiva. Afirman que a los panameños y al Bosque Protector Alto Darién (BPAD) -que se interna en la comarca Emberá, en Cémaco- no le quedan más que bosques talados, caminos que penetran la selva y centros de acopio de madera.
“No entiendo cómo permiten que se devaste tan cerca del Parque Nacional Darién, en Boca de Cupe [Yapé], y en otros pueblos. Hicieron una carretera desde Yaviza hasta la boca de Río Chico. [La madera] la cruzan en barcaza y va rumbo para China”, dijo un representante de la Asociación de Madereros de Darién, que pidió reserva de su nombre para prevenir represalias comerciales. (Los poblados que citó están dentro del BPAD).
A su juicio, el problema fundamental es la falta de supervisión de los permisos que entrega Miambiente. “La madera se lleva en bruto sin dejar valor agregado al país. Es cierto que el recurso se puede aprovechar, pero bien reglamentado. Talar, sembrar el doble y darle seguimiento. Si no, se siembra y se pierde [...] Miambiente no tiene suficiente personal para supervisión”, resaltó.
Vigilancia, ¿a ciegas?
En Miambiente hay mil 545 empleados permanentes. El 3% -o 51 de ellos- trabaja en Darién. De estos, seis son ingenieros forestales y nueve inspectores, según información de su web de agosto pasado. De estos últimos sale el personal que debe vigilar más de 60 mil hectáreas con permisos de extracción en la comarca Emberá (Cémaco); 53 mil hectáreas en Wargandí, de “proyectos de manejo forestal sostenible”, y mil 141 hectáreas en Darién de permisos particulares o simplificados para el período 2017 -2018.
Precisamente, este año se exportó más madera en bruto. De enero a junio, fue 27% más que en el mismo período del año pasado, con $37 millones. En cuanto al peso, 27% de incremento, 222 millones de kilos netos, según la Contraloría.
Sin embargo, según los permisos extendidos por Miambiente para el período 2017-2018, la extracción de madera se habría elevado a 42 mil 600 metros cúbicos en Darién y Panamá este, lo suficiente para llenar mil 300 contenedores de 20 pies. El 90% saldría de Darién.
Expertos en la materia consideran que la cantidad real es mucho mayor que lo reportado por Miambiente.
Mediante la georreferenciación de sus polígonos se comprobó que el 48% de la tala se ubica en el BPAD, en comunidades emberá wounaan, en Cémaco y Boca de Cupe.
“No sabemos cómo se ha dado esa cantidad de permisos y concesiones. Es terrible. Han llegado compradores de árboles al [sector del] Tuira, en Boca de Cupe, pero no he visto inspectores de Miambiente. Lo denunciamos desde el año pasado; quedaron en investigar, pero no recibimos respuesta”, se quejó Rumalda de Culiolis, representante de Boca de Cupe.
![Exigen mayor vigilancia en las selvas de la provincia de Darién](https://prensa.com/resizer/v2/M2IBBH5JU5D2ZBAACOYZKPMOPU.jpg?auth=dd14d9a7961c12b6e1c68c4eccb7c94559e4bd72763eb5767b486949d93c05e7&width=1200)
“Si se sigue extrayendo de forma indiscriminada, y si no se siembra, no vamos a tener nada de madera. Ese patio de [acopio] La Peñita es del chino Ming. Lo tiene a orillas de la carretera para meter las mulas, y salen a diario de 6 a 7 mulas con madera. Es un monopolio... A los panameños solo les queda el sudor”, agregó el maderero, que prefirió el anonimato.
Sus palabras coinciden con documentación entregada por Miambiente a este diario. Los permisos de extracción los piden indígenas, pero los contratos son para empresas chinas que financian la operación.
¿Cuánto vale el bosque?
En comunidades emberás, como Bajo Chiquito, se pactó la venta del pie tablar de madera de árboles de berbá, roble y espavé (especies en riesgo de extinción) a 10 centésimos. En La Pulida, a 16 centavos el pie tablar de amargo amargo, otra especie vulnerable. En Marragantí, el precio del pie tablar es de dos centavos y medio el pie tablar de madera de bálsamo, quira, almendro, guayacán, amargo amargo y zorro.
Cada comunidad recibe anualmente, en promedio, $25 mil por la madera, aseguró el presidente del Congreso General Emberá Wounaán, Edilberto Dorigama.
“No estoy de acuerdo con el proyecto comunitario. Los empresarios se aprovechan de la inocencia de los pueblos indígenas”, sostuvo Gómez Membache, de Vista Alegre, una comunidad emberá. Aseguró que en los últimos 10 años no ha visto informe alguno de estos ingresos.
La tala sostenible comunitaria, que abarca la mayor cantidad de volumen y extensión de los permisos de extracción de madera, fue promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), según estudios ambientales revisados por este diario. La organización brindó capacitación, pues considera la extracción controlada como una estrategia de conservación.
“Desde que yo vine aquí, la WWF ha venido negociando para sacar todos los árboles maderables que ha querido del lado de Tupiza y del río Tuquesa. ¿Cómo podemos decir que es ecologista cuando es una de las que más ha explotado esa región para ir dejando un desierto ahí”, cuestionó en TVN Pedro Hernández, el obispo de Darién desde 2005.
Cameron Ellis, geógrafo de Rainforest Fundation, con 15 años de trabajar en Darién, tiene una opinión opuesta: “Los pueblos indígenas de Panamá conservan sus bosques a un nivel superior a la mayoría de las áreas supuestamente protegidas por Miambiente”, así como las tierras fuera de las delimitaciones comarcales.
Exigen cambios
El Ministerio de Ambiente mantiene procesos de tala ilegal en la comarca Wargandí y Emberá (esta última dentro del BPAD).
Incluso, en un informe del Ministerio de junio de 2017, producto de una gira de fiscalización en Darién, Dalia Vargas, directora forestal, y Cristhian Laniado, asesor legal de Miambiente, recomendaron “que debe ejercerse el poder fiscalizador” del Ministerio en la comarca Wargandí “para tener un panorama actualizado de la situación de campo”. Aconsejaron también efectuar “una reforma integral de todas las resoluciones que norman el tema de los permisos para exigir requisitos más específicos y unificar la legislación.
La trazabilidad
![Exigen mayor vigilancia en las selvas de la provincia de Darién](https://prensa.com/resizer/v2/KJ64YMH5IVDMXJBQOQI5FYEB3E.jpg?auth=166160cc7c927e2a1ddaf9f0891c35cb4b0ec50eb6973e43f7ce46e2b55a5559&width=1200)
Este diario estuvo en los principales centros de acopio en Darién y observó que buena parte de la madera almacenada en estos tenía la marquilla y el chip del supuesto permiso, aunque Miambiente confirmó que no había patios registrados. Entonces, ¿cuáles son los sitios autorizados y de quiénes son? Miambiente ignoró la pregunta.
“El chip y la trazabilidad no se están respetando y no hay supervisión. La persona puede comprar el chip y ponérselo al árbol que le conviene, porque no hay la vigilancia”, acotó el ya citado representante de la Asociación de Madereros de Darién.
Para Daniel Holness, director del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, el plan de reforestación del Ministerio “es contradictorio con la cantidad de madera que se corta. Ves que los camiones salen de áreas indígenas [...]. Hay que revisar permisos y normativas, analizar cómo Miambiente los otorga y cuál es el beneficio real de la comunidad”.
Miambiente está tratando el BPAD como “plantación”, advirtió Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental. Cuestionó que se presentara una decena de estudios de impacto ambiental categoría 2 y no se consideraran los efectos sinérgicos, como la fragmentación del bosque en la comarca Emberá Wounaan y el aislamiento de especies. “¿Para qué tenemos un área protegida si no la protegemos?”, se pregunta.
La directora forestal de Miambiente expuso que si la tala se efectúa de manera científica, se asegura el mantenimiento de los bosques. “Con el manejo sostenible no es talar todo lo que está ahí, solo se saca lo que crece, lo demás se queda en el bosque, por eso se llama permiso forestal sostenible y se dan a 25 años para asegurar que esa área se maneje bien”.
Joya ecológica, a su suerte
Darién es una joya ecológica en abandono. Su comarca Emberá Wounaan ocupa el tercer lugar en el índice de pobreza multidimensional.
¿Qué tipo de desarrollo quieren para la comarca? Líderes de 29 comunidades Emberá y Edilberto Dorigama, presidente del Congreso General Emberá Wounaan, contestaron que el “ecoturismo”. Para el Consejo de Nokoras o autoridades tradicionales de consulta, es importante que se reforesten las zonas de extracción, porque, aunque la norma lo establece, no ocurre. “El almendro, que es de uso cultural y artesanal, los chinos lo están sacando con permisos comunitarios”, se quejó su vocero, Luzmil Chanchoré.
Dorigama, quien autorizó los estudios para el aprovechamiento maderero, como autoridad indígena añora la llegada de cruceros a Sambú, con miles de turistas, lo que hace una década generaba unos $500 mil anuales.
“Era un fuerte ingreso, ahora falta organización y capacitación”, dijo.
La economía se sustenta en el cultivo de plátano y aguacate orgánico, pero el intermediario se queda con el 60%. Un plátano, que en Darién no supera los 10 centavos, en Panamá vale 65 centavos.
Los indígenas desean trabajar de guardaparques. “Existen fondos para reforestación de grandes empresas, pero no para las comunidades indígenas dedicadas a la conservación de los bosques”, reclamó Dorigama. Otra alternativa sería la venta de bonos de carbono, práctica que se efectúa en la región del Chocó colombiano. Pero “nosotros no existimos para el gobierno”, acotó.
Otras opciones, según Miambiente, sería la producción de miel, zoocriaderos y las artesanías. Los indígenas ven en el bosque su fuente de alimentos y de medicinas. “En Bajo Chiquito [donde hay un permiso comunitario de extracción] esperan que un carro venga con pollo y huevos. Ya no pueden cazar un puerco o saíno para comer”, relató Peña Gómez. Pero la tala sin beneficios evidentes sigue vigente. La meta para 2020 es tener 350 mil hectáreas en producción de madera bajo “planes de manejo forestal”.