La Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) aplazó el inicio de tareas de la ex primera dama peruana Nadine Heredia, luego de que el Gobierno pidió que se anulara su nombramiento mientras se la investiga por presuntamente recibir pagos ilegales.
La FAO dijo ayer que Heredia seguirá siendo empleada suya mientras “vigila la evolución” de su situación.
Heredia debía ocupar este mes un puesto como jefa de la oficina de enlace de la FAO en la sede europea de la ONU en Ginebra, un puesto que confiere inmunidad judicial bajo las normas del organismo.
La justicia peruana la investiga por recibir presuntos pagos ilegales de empresas de construcción brasileñas y del Gobierno venezolano cuando su esposo, Ollanta Humala, era candidato presidencial en 2006 y 2011. Pesa sobre ella la orden de un tribunal de comparecer cada 30 días ante las autoridades judiciales. El canciller peruano ha dicho que su contratación interfiere con una investigación judicial.
La FAO dijo en un comunicado público en la víspera que había informado al gobierno en Lima de la decisión de aplazar “el inicio de sus funciones... en vista de los procesos en curso en Perú”.
La agencia, con sede en Roma, señaló que se mantendrá al tanto de la situación “con el fin de identificar las medidas apropiadas a aplicar en las circunstancias específicas del caso”. También defendió el nombramiento de Heredia, realizado de acuerdo con un proceso “transparente” que incluyó una evaluación independiente de sus aptitudes gerenciales.
“FAO considera que el principio básico de que se considera a la persona inocente hasta que se demuestre lo contrario se debe mantener y aplicar”, se lee en el comunicado.
“La organización tiene plena conciencia de su deber de colaborar en todo momento con las autoridades de sus Estados miembros con el fin de facilitar la administración de justicia, así como de evitar cualquier abuso relacionado con las prerrogativas, inmunidades u otros beneficios que se puedan derivar de las convenciones generales que rigen a los funcionarios públicos que trabajan para las organizaciones de la ONU”, concluye el comunicado divulgado.
