Los empresarios no han logrado consensuar criterios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con el Ministerio Público para tipificar el delito de defraudación fiscal.
El proyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional por el Órgano Ejecutivo propone que el umbral establecido para constituir delito de defraudación fiscal sea 300 mil dólares, pero la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sugiere que sea elevado a 500 mil dólares.
En opinión del MEF, la propuesta de modificación de los empresarios debilitaría el proyecto, a tal punto que su objetivo se perdería.
“Panamá necesita una propuesta robusta. Solicitar que se eleve a $500 mil el monto de defraudación no demuestra seriedad en combatir el blanqueo de capital”, indicó el MEF en un comunicado divulgado en horas de la tarde de ayer.
La iniciativa de aprobar una ley que tipifique como delito penal la evasión fiscal surge de una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y no atenderla podría provocar la inclusión de Panamá en la lista gris de ese organismo, de la que el país salió en 2016.
Respecto a la pena por delito precedente al blanqueo de capitales, se han propuesto entre 5 y 12 años de prisión, pero los empresarios consideran que sea un rango de entre 2 y 4 años de prisión, porque se podría convertir en una herramienta de persecución política.
El MEF advierte de que Panamá está siendo el último país en actuar sobre esta materia. “Se debe cuestionar si el sector privado local está dispuesto a arriesgar el bienestar de nuestro sistema financiero y monetario con aprobar leyes que demuestran un total desprecio a las normas internacionales para prevenir blanqueo de capitales”, señaló el MEF.
