Farah Diva Urrutia, directora general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, aspirante a ocupar un puesto en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se sometió ayer al proceso de entrevistas que sigue la Comisión de Estado por la Justicia.
Inevitablemente, surgieron cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, toda vez que Urrutia actualmente forma parte del Ejecutivo. “¿Tuvo contacto directo o indirecto con algún miembro del Ejecutivo que le sugiriera enviar su hoja de vida en este proceso?”, preguntó Maribel Jaén, en representación de la Comisión de Justicia y Paz.
“Esta es una de las preguntas clave para mi evaluación y fue parte de las reflexiones a la hora de tomar esta decisión. Aunque no lo crean, creo que fue una decisión valiente y no he tenido sugerencia de participar de este proceso. Fue una aspiración personal”, respondió.
Recordó, asimismo, que siempre ha sido funcionaria. “[...] Tengo un criterio formado, sé aplicar la norma”, agregó.
Además, negó ser “ungida” del presidente Juan Carlos Varela. “Antes de entrar a la Cancillería no conocía al presidente ni a la ministra de Relaciones Exteriores [Isabel de Saint Malo de Alvarado]. Yo entré a esta posición por mi competencia y a través de un proceso de selección entre varios candidatos”, explicó.
Añadió que la independencia que predica la llevará a la Corte a través de sus decisiones. “Tengo un amplio conocimiento en la rama del derecho, internacionalmente he aprendido buenas prácticas, soy capaz, con un criterio formado y es precisamente esto lo que da la seguridad para emitir correctamente las decisiones”, sostuvo.
Farah Urrutia
Aspirante a magistrada de la CSJ.
En otros temas, Urrutia señaló que para que la Corte mejore su imagen se debe eliminar los intereses individuales, mejorar la rendición de cuentas, fomentar la transparencia, mitigar la mora judicial e implementar la carrera judicial.
Propuso evaluar los privilegios que reciben los magistrados. “Hay que tener un control de todos los privilegios, los aforamientos especiales no deben servir para la impunidad. Es innecesaria la cantidad de litros de gasolina que se exonera, no es adecuado y tiene que reglamentarse, ya que es un foco de corrupción”, dijo.
En relación con los viajes que realizan los funcionarios del Órgano Judicial, indicó que estos deben ser responsables, ya que son costeados con el erario. “Los viajes no son un premio, involucran responsabilidad. Estos tienen que tener un propósito determinado y un beneficio para el país”, apuntó.