Un total de 129 mil 101 unidades de medicamentos ilícitos, es decir, que no tienen registros sanitarios o fueron falsificados, decomisaron las autoridades en los últimos 16 meses –de enero de 2017 a la segunda semana de abril de este año–, según reportes del Ministerio Público.
Los fármacos más comunes son: sildenafil y cialis (viagra), ambos usados para tratar la disfunción eréctil; y el alprazolam, que se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad. Además, el cytotec, que aunque es recetado para la prevención de úlceras gástricas, las autoridades de salud detectaron que es utilizado como abortivo.
Todos estos fármacos son elaborados con sustancias controladas y requieren que quien los solicite cuente con una receta médica.
La investigación
El fiscal Igor Blanco, de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, detalló que en todo el año 2017 se decomisaron 62 mil 194 unidades de medicamentos que ingresaron al país de manera ilícita, mientras que durante los primeros cuatro meses de este año la cifra alcanza 66 mil 907 unidades.
“Existe una inquietud de parte del Ministerio Público, porque se trata de un delito que va en detrimento de la salud pública”, comentó.
Blanco agregó que cada pastilla se vende a precios que oscilan entre 10 y 15 dólares, es decir, que los decomisos efectuados durante los últimos 16 meses representan un valor económico de entre 1.2 millones de dólares y 1.9 millones de dólares.
El último decomiso de medicamentos ilegales ocurrió el pasado 10 de abril, durante un operativo simultáneo llevado a efecto en Panamá, Panamá Oeste y Colón.
En ese operativo, las autoridades decomisaron 4 mil 830 unidades de medicinas sin registro y detuvieron preventivamente a cuatro personas, que de hallarse responsables enfrentarían penas de prisión de mínimo siete años.
“Estamos adelantando las investigaciones, porque sabemos que se trata de una red de personas, tanto nacionales como extranjeras, que están ingresando estos fármacos por ambas costas del país”, precisó.
‘Atentado contra la vida’
Datos de la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) dan cuenta de que en el país hay una base de datos con 32 mil registros sanitarios, que no solo incluyen medicamentos, sino también cosméticos y productos de limpieza.
La base de datos detalla, asimismo, que hay cerca de 3 mil establecimientos farmacéuticos en el país, que suplen las necesidades de la población.
Lisbeth Tristán, directora de Farmacia y Drogas, indicó que la inquietud radica en que estos productos no solo están llegando al país con mayor frecuencia, sino también en que “los establecimientos farmacéuticos están aceptando productos ilícitos que no cumplen con las normas y los están vendiendo a la ciudadanía”, lo que, dijo, implica un “atentado” contra la vida de la población y el desarrollo del país.
Añadió que “se trata de personas inescrupulosas que ingresan medicinas que no garantizan la calidad, eficacia y seguridad”.
Tristán informó que otra modalidad que se está reportando es la comercialización y venta de productos a través de plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, en las que se ofrecen productos como blanqueadores para los dientes y la piel, reductores de peso, pastillas para calmar el dolor o tratar la depresión, entre otros usos.
La estrategia
Respecto a la estrategia para tratar de reducir estos casos, el Minsa creó desde el año 2009 una comisión nacional interinstitucional, conformada por el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Fronteras, Policía Nacional y la Universidad de Panamá, para dar seguimiento a los implicados.
“Hacemos inspecciones de manera permanente, estamos monitoreando las plataformas digitales, hemos cerrado varias farmacias, pero necesitamos que las casas farmacéuticas comprendan que tienen que ser éticas con los negocios que tienen”, sostuvo Tristán.
De igual modo, hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier tipo de irregularidad ante las autoridades.
Educación y vigilancia
El Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) coinciden en que se trata de una situación de “alta peligrosidad”.
Ligia Álvarez, presidenta del Colegio de Farmaceutas, opinó que la proliferación de medicamentos ilícitos está relacionada con el hecho de que las penas por este tipo de delitos no son lo suficientemente severas. Además, guarda relación con la alta demanda de estos fármacos; la rentabilidad que representa su comercialización, porque los involucrados no asumen los costos de esta; y con el elevado precio de algunas medicinas legales.
Para contrarrestar la situación, sugirió que la Ley No. 1 de enero de 2001, que regula el tema de los medicamentos, sea revisada y adaptada, ya que en ella no se contemplan sanciones por la distribución de medicinas a través de las plataformas digitales.
Por su parte, Lucas Verzbolovskis, presidente de la Aredis, manifestó que para evitar la comercialización de estos productos es vital la farmacovigilancia por parte del Minsa y las sanciones ejemplares.
“Desafortunadamente, muchas personas no entienden el peligro que representa comprar un producto farmacéutico falsificado, lo que puede ir desde la no efectividad hasta la misma muerte”, comentó.
Ambos coincidieron en el hecho de que urgen campañas de sensibilización y educación a la población, de modo que se le ofrezcan herramientas a la ciudadanía para detectar las falsificaciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los productos médicos falsificados pueden no contener principios activos o contener principios activos incorrectos o cantidades incorrectas de principios activos. Incluso, es frecuente que contengan almidón de maíz o de patata
La OMS calcula que el 10.5% de los productos médicos utilizados en los países con ingresos bajos y medios son falsificados, lo que se traduce en gastos económicos que rondan los 30 millones de dólares.
