Finmeccanica, la prescripción no es igual a inocencia

Aunque los magistrados del Tribunal de Roma reconocen que prescribió el caso de Finmeccanica por supuesta corrupción internacional, aclaran que ello no significa que los imputados sean inocentes de los cargos. De hecho, los jueces creen que existían elementos que prueban una trama de corrupción. Los testigos y peritos en Italia señalaron con claridad que los acusados –entre ellos  Valter Lavítola– participaron en los hechos de corrupción, que implicaban recibir coimas de parte de Finmeccanica, calculadas en unos 18 millones de euros (25 millones de dólares al cambio de la época). 

LEY ITALIANA FACILITÓ LA IMPUNIDAD

Las motivaciones jurídicas del caso Finmeccanica, por las cuales fueron procesados en Italia Valter Lavítola y el exdirector comercial del conglomerado Paolo Pozzessere, confirman los actos corruptivos en la compra por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, del equipo de radares, helicópteros y cartografía digital por unos 250 millones de dólares, a pesar de que el delito quedará impune.

“La prescripción determina la inmediata declaración de no punibilidad del delito, en cuanto no resulta evidente la inocencia de los imputados entendida como prueba procesal que constate positivamente y con plenitud su extrañeza a los delitos que les han sido contestados”, se lee en la sentencia del proceso, que fue declarado prescrito en el Tribunal de Roma el pasado 22 de septiembre de 2017.

El documento judicial, al que tuvo acceso La Prensa, esclarece que los hechos delictivos investigados por la Fiscalía de Nápoles en octubre de 2011 resultaron consumados –según las investigaciones– en el verano de 2009, antes de la reforma judicial de noviembre de 2012, que aumentó la prescripción para los delitos contra la administración pública.

“Es, de hecho, en 2009 cuando se perfeccionó el iter criminis [camino del delito], con la aceptación de la promesa de indebidas utilidades [coimas] por la cual se procede, o sea la suma de 18 millones de euros, como correspondiente al ilícito de decisiones político-administrativas en favor del grupo Finmeccanica”, escriben los jueces.

En la legislación italiana, al contrario que en el resto de países europeos, el llamamiento a juicio no interrumpe los tiempos de la prescripción, lo que en no pocas ocasiones ha resultado contraproducente en la lucha legítima contra la corrupción.

Fue el ex primer ministro Silvio Berlusconi quien –atenazado por la acción de los jueces– logró aprobar una ley en el Parlamento que reducía a poco más de siete años los tiempos de prescripción de los procesos penales.

La norma cambió en 2012 para aumentar las penas y los tiempos; pero, en el caso Finmecanica, se aplicó la ley precedente, porque es la que estaba vigente cuando se configuró el delito.

Sin embargo, la prescripción no exime de la responsabilidad a los acusados, solo los libra de la condena. De la sentencia, se desprende que durante el proceso no fue relevada ninguna “prueba de inocencia”, ya que quedó claro el papel de los acusados en el intento de desvío de los 18 millones de euros de los contratos con las sociedades Selex, Telespazio y Agusta Westland, subsidiarias de Finmeccanica.

“Lo emergido durante la fase de instrucción asevera con plena confirmación el papel de los imputados en la circunstancia finalizada a los correspondientes ilícitos en el ámbito de las actividades con los representantes del Gobierno de Panamá, que han encontrado punto nodal la promesa ilícita con fecha en 2009”, se lee en el documento.

El 8 de septiembre de 2009, el presidente Martinelli emprendió su primer viaje como jefe de Estado. Partió con destino a la capital italiana. Berlusconi ofreció un almuerzo en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, al entonces jefe de Estado de Panamá. Solo asistieron seis invitados por cada país y en la mesa principal estaba sentado Valter Lavítola.

Los magistrados entienden que ese fue el punto que marcó el inicio de la actividad delictiva.

Para argumentar su resolución, los jueces citan las deposiciones de los testigos durante el juicio oral. Hacen referencia al testimonio de los tres agentes de la División de Investigación y Operaciones Especiales, el capitán Giusseppe Schiattarella, la agente investigativa Carmela De Simone y su colega Antonio Petito, quienes expusieron con agudeza en sede judicial el diseño de la trama delictiva a través de la sociedad panameña Agafia Corp: la empresa instrumental por la que debían pasar las coimas destinadas para Martinelli y su entorno, según la acusación, y que fue creada por Valter Lavítola 14 días antes de que Italia y Panamá firmaran en 2010 los compromisos contractuales.

Además, revelaron el contenido clave de una de las interceptaciones telefónicas en manos de la fiscalía, en la que Lavítola confía a Pozzessere que iba a llegar a un acuerdo con el entonces presidente Martinelli para quedarse con el 35% de la sociedad Agafia, Corp.

Esto –según los jueces– pone de manifiesto de manera irrefutable que, tanto Lavítola como Martinelli, tenían intereses comunes en Agafia, Corp., y que él pretendía adjudicarse, al menos, 6.3 millones de euros de los 250 millones de dólares que pagó el Estado panameño por los contratos firmados con Finmeccanica.

Los magistrados también evocan las revelaciones de Giovanni Meliadò, el abogado que ayudó a Lavítola a constituir Agafia, Corp., y de Elena Napolitano, exresponsable de la Unidad Operativa de Procesos Comerciales de Finmeccanica.

Ambos afirmaron que el conglomerado italiano debía pagar la coima de 18 millones de euros a través de cuentas bancarias en Sofía (Bulgaria) y que finalmente no se desembolsaron, porque el mismo día que concluyeron las gestiones estalló el escándalo de Lavítola en los medios de comunicación italianos, a través de filtraciones en la revista Panorama, propiedad del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

“En verdad, los testigos han confirmado en el juicio oral los hallazgos acusatorios adquiridos al fin de las indagaciones preliminares y las restantes pruebas declarativas/documentales asumidas corroboran la corrupción atribuida a los imputados”, concluyen los magistrados italianos.

La jurisdicción italiana es especialmente laxa en cuanto a la celeridad del procedimiento. Se trata de uno de los sistemas más garantistas de toda Europa y esto provoca que los abogados de los imputados usen todo tipo de mecanismos para llegar a extender indefinidamente el plazo del proceso, de manera contumaz y, en ocasiones, hasta dolosa.

En casi cuatro años de proceso desde que concluyeron las investigaciones, este juicio se ha visto interrumpido de manera continuada y finalmente prescribió sin ser juzgado.

Además, este caso constató la irresponsabilidad política del anterior gobierno, que impidió que Panamá pudiera constituirse como parte civil en el proceso, anulando así cualquier capacidad para pedir un resarcimiento económico a los responsables del delito patrimonial contra el Estado.