El 98.2% de los 590 cupos de buses “diablos rojos” que se analizaron recibieron compensaciones económicas por parte del Estado a las que no tenían derecho.
Así lo reveló la fiscal Anticorrupción Kyra Tascón, quien lleva adelante la investigación relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de compensación de los “diablos rojos”, tras ser reemplazados por el sistema de transporte Metro Bus en 2010.
De acuerdo con la fiscal, solo el 1.8% de las compensaciones económicas que desembolsó el Estado por los “diablos rojos” fueron “honestas” el resto fueron “deshonestas”.
“Esto quiere decir que la mayoría fueron compensados con irregularidades, a las cuales ellos no tenían derecho, pero que hicieron todo lo posible para ser garantes de una compensación a la cual le digo, no tenían derecho”, indicó.
La fiscal precisó que en la investigación se ha descubierto que las personas que supuestamente firmaron los trámites para la compensación, al momento en que son indagadas, no reconocen sus firmas en esos documentos.
Cuenta la fiscal que se registró el hecho de que grupos de transportistas de la ciudad de Panamá viajaron hasta el interior para comprar buses de lujo que luego introdujeron como si hubieran brindado el servicio de transporte en la ciudad, con el fin de cobrar la compensación del Estado.
También se ha detectado que había personas que entregaban dos veces el mismo bus, situación que la propia fiscal dijo que vio durante una de las diligencias.
Indicó que durante una de las inspecciones, encontró un bus con certificado de la ruta Mañanitas-Corredor, “pero cuando se le quita la calcomanía, debajo había otra ruta”.
Lesión al Estado
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República detectó una posible lesión patrimonial al Estado de $24 millones 90 mil por el pago presuntamente irregular a 590 certificados de operación de los “diablos rojos”.
Por este proceso se le han formulado cargos a 528 personas, entre exfuncionarios y transportistas. De ese total, han rendido indagatoria 399 personas.
Entre los imputados por la fiscalía figuran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno; el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz, y el exdirector de Registro Único Vehicular de la ATTT Nicolás Brea.
Entre los dirigentes transportistas sobresalen Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez. Además, está Franz Wever, actual secretario general de la Asamblea Nacional.
Se organizaron
La fiscal indicó que la investigación ha determinado que personas se agruparon en distintas situaciones y distintos hechos, pero con el objetivo en común de desfalcar al Estado.
Nuevos elementos
La fiscal dijo que se analiza una nueva línea de investigación al descubrirse 275 certificados de operación que no formaron parte de la auditoría de la Contraloría.
“Cada vez que se practica una prueba, trae más y más pruebas, y trae más implicados y más certificados de operación, al punto de que ahora mismo nosotros contamos casi con 275 certificados de operación por investigar”, dijo la fiscal Tascón.
