El fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, concluyó que el dinero público destinado a Transcaribe Trading, S.A. para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera fue usado para fines ajenos a la obra contratada por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno anterior.
Así lo indica Mojica en su vista fiscal, en la que pide al Juzgado Decimoquinto Penal abrir causa criminal contra 11 personas, entre ellas los exministros del MOP Federico Suárez y Jaime Ford, así como a los directivos de TCT David y Daniel Ochy.
También solicita que se llame a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del MOP encargados de supervisar la ampliación, y cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República. Además, incluye en la lista al representante de la empresa privada contratada para supervisar la ampliación.
El fiscal detalla que parte de los fondos pagados a TCT fueron a parar a particulares y a sociedades anónimas.
El destino final del dinero de TCT
La sociedad New Business Services -investigada desde 2017 por presunto blanqueo de capitales-, diputados de la Asamblea Nacional, sociedades anónimas, personas naturales y servidores públicos recibieron fondos de Transcaribe Trading, S.A., (TCT) procedentes de los pagos obtenidos del Estado por los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.
El primer desembolso -de $22.1 millones- que recibió TCT en noviembre de 2010 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue a parar a la sociedad New Business Service, según detalla el fiscal anticorrupción de descarga, Adecio Mojica, en la vista fiscal remitida al Órgano Judicial, tras concluir la investigación del caso.
El fiscal precisa que los fondos fueron girados a sociedades y particulares que, luego de recibir el dinero, procedían a comprar cheques de gerencia por los mismos montos a favor de la sociedad New Business Service, presuntamente constituida para la compra de Editora Panamá América, S.A. (ver tabla).
En la vista, el fiscal destaca que el MEF emitió para TCT 37 cheques por $137.5 millones que fueron depositados en una cuenta en un banco local, producto de un contrato de factoring.
Entre los beneficiarios de esos cheques aparecen personas y empresas que no tienen ningún tipo de injerencia con el proyecto de ampliación de la autopista.
El fiscal no menciona los nombres de esos beneficiarios, pero un informe de auditoría de la Contraloría que calculó en $7.9 millones la posible lesión patrimonial al Estado en este caso, sí los identificó. Entre los beneficiarios aparecieron, al menos, cinco diputados.
TCT también giró cheques a dos funcionarios del MOP encargados de inspeccionar la obra. Consta en la vista que Edder Márquez, inspector de obra del MOP, recibió de David Ochy, de TCT, un cheque de $3 mil para reemplazar una computadora que se le dañó.
Los responsables
El fiscal pide el llamamiento a juicio de 11 personas por la posible comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos (ver tabla).
“Se solicita el llamamiento a juicio de los imputados, toda vez que mal administraron dineros del Estado que pasaron a manos de los representantes de TCT y que a su vez utilizaron dichos dineros para otros fines muy lejos de lo contratado”, señaló.
La vista fiscal dirigida al Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza Mojica, apunta hacia los exministros del MOP Federico Suárez y Jaime Ford, para quienes pide el llamamiento a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado.
El fiscal atribuye a Suárez una presunta “mala administración y falta de custodia en el ejercicio de sus funciones”, que motivaron pagos a TCT “ fuera de las especificaciones contenidas en el pliego de cargos”.
En cuanto a Ford, señala que durante su período a cargo del MOP se incrementó el costo de la obra a través de adendas que ya estaban incluidas en el contrato.
Basilio Enrique González, abogado de Ford, dijo que la auditoría de la Contraloría excluye a su cliente de la lesión patrimonial, por lo que estima que también será exonerado de la parte penal.
A Daniel Ochy, representante de TCT, el fiscal le señala un presunto incumplimiento del contrato para la obra, y a su hermano Daniel Ochy, también de TCT, la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos.
En la vista se pide el llamamiento a juicio de otros seis exfuncionarios, entre ellos cuatro fiscalizadores de la Contraloría, por haber firmado informes de progreso de la obra que sirvieron para efectuar pagos a TCT.
El fiscal también pidió que se llame a Marco Antonio Saavedra Catalá, representante legal de Técnica y Proyecto, S.A. (Typsa), encargada de hacer las inspecciones de la obra.
Según el fiscal, producto de esas inspecciones “se procedió a realizar pagos a la empresa contratista, incumpliendo con lo establecido en el documento contractual”.
No obstante, en otro proceso que lleva la Fiscalía de Cuentas se exoneró a Typsa de la posible lesión patrimonial al Estado en esta investigación (ver relacionada).
La obra
El contrato para la ampliación fue firmado el 10 de septiembre de 2010 entre el entonces ministro Suárez y Daniel Ochy, representante de TCT, por $152.6 millones. La obra terminó costando $161.8 millones por la aprobación de adendas.
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