Fiscal pide condena para Pérez y Garuz, exsecretarios del CSN

El fiscal contra la delincuencia organizada Ricaurte González solicitó al juez decimosexto penal Enrique Pérez que dicte una sentencia condenatoria contra los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por la interceptación no autorizada de correos electrónicos y conversaciones telefónicas a través de equipos espías a más de un centenar de personas.

Durante la fase de alegatos de la audiencia, el fiscal rompió delante de Garuz y Pérez un papel que tenía el lema del CSN: “siempre vigilando las libertades” y señaló que ellos habían abandonado estos principios al utilizar la institución para espionaje.

El fiscal dijo, dirigiéndose al juez, que Pérez y Garuz violaron normas de la Convención Interamericana de Derechos que garantizan la privacidad de las comunicaciones e intimidad de las personas.

Sostuvo que la mejor prueba de que hubo un espionaje masivo a dirigentes políticos, obreros, gremiales y periodistas es el hecho de que los afectados reconocieron en la entonces Fiscalía Auxiliar, los correos electrónicos encontrados en equipos del CSN en el período que Garuz y Pérez estaban al frente de la entidad.

El fiscal señaló que esos correos son las pruebas fehacientes de que hubo una intromisión en la vida privada de cientos de panameños y que fue promovida desde el CSN.

También aseguró que una prueba contundente es el documento firmado por Gustavo Pérez, en donde acepta la adquisición del equipo de espionaje Pegasus, comprado a la empresa NSO Group. Además, en el documento firmado por Pérez se incluía el entrenamiento a los funcionarios del CSN para la operación del equipo espía.

En su alegato, el fiscal también relató cómo el CSN logró una adecuación de sus instalaciones para poder realizar las tareas de escuchas ilegales.

En ese sentido, precisó que en las instalaciones del CSN se habilitó un cable de fibra óptica con una capacidad de 10 megas; se colocó una antena en la estación de tanques de la Autoridad del Canal de Panamá que conectaba con otra antena ubicada en el edificio 150 del Consejo de Seguridad, ubicado en Quarry Heights. Con todos estos equipos se permitía la trasmisión de los datos espiados, precisó el fiscal.

Apuntó que tras una inspección hecha en la residencia de Garuz, se obtuvo un equipo electrónico en el que estaba grabada una conversación sostenida entre la dirigente magisterial Yadira Pino y otra persona.

También que en otra diligencia efectuada en las instalaciones de Panama Ports, en donde laboraba Pérez, se encontró un equipo con la geolocalización del teléfono de Mitchel Doens y que a este se le dio seguimiento por espacio de 15 días. Para esos días, Doens era el secretario general del PRD.

El fiscal recordó una declaración rendida por Gustavo Pérez, en la que señaló que en el CSN operaba un segundo grupo de inteligencia, pero que este solo respondía directamente al expresidente Ricardo Martinelli.

El agente del Ministerio Público detalló que durante los cuatro días de audiencia los funcionarios del CSN confirmaron la existencia de una cadena de mando que pasaba por el jefe de inteligencia Ronny Rodríguez, William Pittí y llegaba a los jefes del CSN.

Indicó que aunque Pérez y Garuz alegan que había un manejo compartimentado de la información, era imposible que no supieran lo que ocurría y se hacía en el CSN con los espionajes.

Testigo retractado

Mientras que el abogado querellante Rosendo Rivera desestimó la retractación del exagente del CSN Jaime Agrazal, ya que este estuvo en la cárcel El Renacer junto a su exjefe Gustavo Pérez.

Agrazal fue condenado a 64 meses de prisión por un delito relacionado con drogas.

A juicio de Rivera, la retractación de Agrazal estuvo diseñada para favorecer al expresidente Martinelli en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia por los pinchazos, debido a que el exagente en su nueva versión no se hace alusión a Pérez ni a Garuz, sino al caso de Martinelli.

Mientras que Mitchell Doens, también querellante, aseguró que Garuz y Pérez también eran víctimas de un jefe que intentó controlar todos los órganos del Estado, y que para ello intentó valerse de un grupo que hacía trabajos de seguimiento y escuchas telefónicas a sus adversarios políticos.

Doens, en su intervención, hizo un recuento de por lo menos 15 correos electrónicos y mensajes de texto que le fueron interceptados y que logró reconocer ante la fiscalía auxiliar. Precisó que los correos trataban de reuniones de carácter político.

La audiencia continúa hoy con los alegatos de defensores de Garuz y Pérez.