La Fiscalía Especial Anticorrupción adelanta una investigación por la posible comisión de delitos contra el orden económico y la administración pública en la ejecución del sistema de riego Remigio Rojas, que Odebrecht construyó en Alanje, provincia de Chiriquí.
El sistema de riego Remigio Rojas fue la primera obra ejecutada por Odebrecht en Panamá, entre 2006 y 2008, adjudicada en la administración del expresidente Martín Torrijos (2004-2009). El contrato original se firmó por $54.2 millones pero, tras varias adendas, terminó en $65.3 millones.
La investigación comenzó tras un informe elaborado el 22 de junio de 2017 por la secretaria judicial de la fiscalía, Marta Sánchez, quien indicó que había obtenido información sobre los proyectos que ejecutó Odebrecht en Panamá, entre los que estaba el Remigio Rojas.
Tras ese informe, la fiscal Vielka Broce abrió—de oficio— las sumarias en averiguación el 5 de julio de 2017.
La investigación —señala la fiscalía— trata de hechos y circunstancias que se remontan a 2006, cuando se firmó el contrato entre Guillermo Salazar, entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, y André Campos Rabello, intendente de Odebrecht en Panamá.
Ante la demora en obtener información y respuestas a oficios girados, la fiscal Broce pidió al Órgano Judicial una prórroga para seguir con las pesquisas.
JUEZ SE INHIBE
El juez duodécimopenal, Óscar Carrasquilla, se inhibió de conocer una solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción para que se le otorgara una prórroga en la investigación que adelanta por la posible comisión de delitos contra el orden económico y contra la administración pública en la ejecución del proyecto del sistema de riego Remigio Rojas, construido por Odebrecht durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).
Tras inhibirse de conocer el pedido que le hizo la fiscal Vielka Broce, el juez Carrasquilla decidió remitir dicha solicitud al Juzgado Adjunto, el Juzgado Decimoctavo Penal, a cargo de Baloisa Marquínez.
Carrasquilla, en un fallo del 10 de enero pasado, argumentó su decisión en el hecho de que su despacho “no posee competencia” para resolver la petición de la fiscal, toda vez que el acuerdo 264 del 13 de mayo de 2016, aprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, creó el Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal, para que se encargara del conocimiento de los delitos financieros y/o blanqueo de capitales.
Carrasquilla también citó el acuerdo No. 308 del 21 de julio de 2017 aprobado por el pleno de los jueces penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, mediante el cual el citado Juzgado Adjunto fue redenominado Juzgado Decimoctavo Penal.
“En base a lo antes expuestos, queda evidenciado que este despacho judicial no posee competencia para resolver la petición realizada por la Fiscal Vielka Broce Barrios, toda vez que conforme a los acuerdos antes mencionados, para este tipo de delito el conocimiento recae sobre el Juzgado Decimoctavo Penal, razón por la cual este juzgador considera inhibirse del conocimiento”, señaló el juez.
SUSTENTAN PRÓRROGA
La fiscal Broce abrió de oficio las sumarias en averiguación del proyecto Remigio Rojas el 5 de julio de 2017. La ley le otorga seis meses para concluir esta etapa sumarial.
Broce argumentó su pedido de prórroga debido a que ha existido una demora en la obtención de información y documentación del caso; además de que están pendientes varias respuestas a solicitudes que han sido elevadas tras las pesquisas.
La fiscalía abrió la investigación luego de que se recibió un informe de la secretaria judicial. En dicho documento, la secretaria judicial indicó que había obtenido información sobre los proyectos ejecutados por la empresa Odebrecht, entre ellos el sistema de riego Remigio Rojas.
La agencia de instrucción indicó que la investigación “trata de hechos y circunstancias que datan desde el año 2006, cuando se firmó el contrato de obra No. DAL-002-ADM-2006, entre el señor Guillermo Salazar, en representación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario [MIDA], y el señor André Campos Rabello, en representación de la empresa Odebrecht”.
La Fiscalía Especial Anticorrupción lleva adelante investigaciones relacionadas con proyectos ejecutados por Odebrecht en Panamá, así como pesquisas por el pago de coimas de la constructoras a funcionarios y particulares panameños.
REMIGIO ROJAS
El proyecto fue adjudicado a Odebrecht en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) por $54.2 millones, pero, tras varias adendas, la obra terminó costando $65.3 millones.
Se trataba de un sistema de riego agrícola que beneficiaría a productores de la región en la siembra de arroz, papayas y sandías, entre otros renglones.
El 16 de marzo de 2006 se dio la orden de proceder. Era la primera obra que ejecutaba Odebrecht en Panamá; el 20 de octubre de 2008, Torrijos la inauguró en medios de fallas y anomalías en el funcionamiento del sistema de agua y que a la fecha aún persisten.
La situación actual del proyecto es crítica. De 3 mil 200 hectáreas para cultivar, los productores solo han ocupado 600, siendo la mitad de ellas para arroz.
Para finales de este mes los productores que administran el proyecto tienen programado una reunión para aprobar nuevos cánonones en el arrendamiento por hectáreas debido a las fallas que no permiten un óptimo funcionamiento en el sistema de riego.
Según la página oficial de Odebrecht para Panamá, la obra “comprende una represa, de la cual se capta el agua proveniente del río Chico; un canal de conducción de 4,634 metros; un canal principal de 3,317 metros; cuatro canales secundarios de 22,047 metros en total; y una red de canales terciarios que totalizan 29,000 metros”.
El contralor Federico Humbert hizo en julio pasado una inspección al proyecto en medio de una auditoría que adelantaba de la obra y de la cual aún se ignoran los resultados.
ADENDAS
El contrato para construir el Remigio Rojas fue firmado el 8 de marzo de 2006 entre el MIDA y Odebrecht por $54. 2 millones.
El 21 de mayo de 2007 el gabinete de Torrijos aprobó la primera adenda al contrato que aumentó el costo de obra en $5.4 millones.
Entre las justificaciones para aprobar la adenda se señaló que había que modificar el diseño básico y cambios en el tipo de estructura debido a que el lugar donde se construiría la represa estaba constituida por grava y arena a 25 metros de profundidad, por lo que era un terreno muy inestable.
El 11 de agosto de 2008, el gabinete de Torrijos aprobó la segunda adenda al Remigio Rojas por $5.7 millones. Esta cifra aumentó el costo del proyecto a $65.3 millones. Con esta adenda se adicionaron obras y trabajos al proyecto tras reclamaciones que hicieron productores y residentes del lugar.
(Con información de Carlos Alberto Vargas).
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