Dos años después de que militantes mataron a 130 personas en ataques coordinados en París, funcionarios franceses dicen que aún existe un nivel de amenaza “interna” sin precedentes.
Con el grupo yihadista Estado Islámico perdiendo terreno en Irak y Siria, cientos de ciudadanos franceses -y en algunos casos, sus hijos - podrían intentar volver a Francia, lo que deja al Gobierno en una disyuntiva sobre cómo lidiar con ellos.
Por primera vez como presidente, Emmanuel Macron rendirá tributo hoy a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.
Los ataques llevaron al país a responder y a unirse a operaciones militares internacionales contra el Estado Islámico y otros grupos militantes islamistas en Irak, Siria, Libia y otros países.
También han sido aprobadas leyes más estrictas en Francia, como una que da a la Policía más facultades para registrar propiedades y cerrar mezquitas sospechosas de predicar el odio. La derecha sostiene que las regulaciones no son suficientes, mientras que grupos defensores de los derechos humanos manifiestan preocupación, pues sostienen que se le está dando margen a la Policía para limitar los derechos.
Macron ha hecho énfasis en la necesidad de equilibrar la seguridad con la libertad. Aunque puso fin al estado de emergencia aplicado tras los ataques, soldados fuertemente armados aún patrullan en las calles de París.
La semana pasada, la Policía arrestó a nueve personas y otra fue detenida en Suiza, en una operación antiterrorismo coordinada.