ELECCIONES 2019

Francolini y Ford, por el fuero penal

Francolini y Ford, por el fuero penal
Jaime Ford Y Riccardo Francolini.


De una forma sigilosa, el exministro de Obras Públicas (MOP) Jaime Ford y el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini –ambos vinculados a escándalos de corrupción– se postularon como precandidatos por la libre postulación para alcaldes de la ciudad capital.

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Pero, ¿cómo se descubre todo? La presentación de un informe de gastos e ingresos por parte de Ford y Francolini como precandidatos dejó al descubierto sus postulaciones.

Ni Ford ni Francolini concurrieron al Tribunal Electoral (TE) a llevar informes de la cantidad de firmas de apoyo como precandidatos.

“Ellos solo se postularon como precandidatos”, declaró una fuente del TE.

Sin gastos y sin firmas

Francolini y Ford reportaron al TE que abrieron cuentas bancarias, requisito que exige el Código Electoral para captar fondos en apoyo a la búsqueda de firmas para sus candidaturas.

En una declaración jurada que presentó al TE, Francolini informó que abrió la cuenta en el Banco Nacional de Panamá (BNP) con $50, que calificó como un “aporte personal”.

Esta cuenta, según la declaración jurada de Francolini, no recibió más fondos. En tanto, Ford detalló en su declaración jurada que abrió una cuenta en el BNP con $100.

¿Buscaban fuero?

Pese a que no presentaron firmas de apoyo, Ford y Francolini obtuvieron fuero penal electoral como precandidatos.

El artículo 260 del Código Electoral indica que el fuero penal electoral empieza a regir desde que el TE autoriza a los precandidatos la recolección de firmas de apoyo. En concreto, establece que se obtendrá el fuero penal electoral “para los candidatos por libre postulación desde que quede ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que les autoriza el inicio del trámite de recolección de firmas y hasta quince días después de la ejecutoria de la proclamación en la elección en que participe. Para los precandidatos que no logren calificar como candidatos, el fuero termina quince días después de cerrado el periodo para inscribir adherentes”.

El periodo para que los precandidatos por la libre postulación presentaran firmas de apoyo concluyó el 5 de enero pasado.

El fuero penal electoral de Francolini y Ford expiró el 20 de enero, pero ambos podrían adquirir una nueva coraza para evitar ser investigados por corrupción.

Según fuentes de Cambio Democrático (CD), sus nombres suenan para ser postulados en cargos de elección popular que el colectivo reservó para las elecciones generales.

En esos cargos, por ejemplo, CD postuló al expresidente Ricardo Martinelli para alcalde de la ciudad de Panamá, luego de que este logró más de 31 mil firmas de apoyo como precandidato por la libre postulación.

Si CD postula a Ford y a Francolini a algún puesto de elección popular, estos adquirirían un nuevo fuero penal electoral, que se extendería 15 días después de las elecciones del 5 de mayo.

Ford y Francolini se han postulado a diferentes cargos en las internas celebradas por CD desde 2015 y con ello obtuvieron fuero penal electoral.

El Código Electoral obliga al Ministerio Público a solicitar al TE autorización para el levantamiento del fuero penal electoral de personas que requiera investigar en algún proceso.

Los casos

Francolini es investigado por el Ministerio Público (MP) en los casos de las coimas pagadas por Odebrecht y por contratistas del Estado durante el gobierno pasado, este último conocido como Blue Apple.

También es señalado en el proceso por presuntas anomalías en el préstamo millonario de la Caja de Ahorros para la construcción del centro de convenciones de Amador.

Asimismo, figura en la investigación por presunto blanqueo de capitales en transacciones de la cuenta Jal Offshore en la extinta casa de valores Financial Pacific.

Entretanto, Ford figura en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, y además en el proceso por supuesto sobreprecio en el ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Sobre Ford y Francolini pesan medidas cautelares de impedimento de salida del país, como parte de los citados procesos penales.

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