Garuz dice que él no negoció los radares

El exviceministro de Seguridad y exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz se desvinculó de responsabilidades en las presuntas irregularidades en el contrato por 125 millones de dólares para la compra de 19 radares pactado por el gobierno de Ricardo Martinelli y la empresa Selex, filial de Finmeccanica.

Fuentes judiciales informaron que Garuz declaró ante la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, que él estaba encargado de la ejecución del contrato, mas no de la negociación.

Durante la indagatoria, Garuz no señaló a nadie como responsable de las supuestas anomalías en la compra de 19 radares. Según Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, su cliente dijo que había una comisión técnica que revisaba los trabajos de instalación de los radares y una vez el equipo estaba listo la comisión hacía pruebas y verificaba el sitio donde se ubicarían.

Luego de que se informaba a Garuz que todo estaba bien, este elaboraba el certificado de aceptación del sitio. “Él lo que ha sostenido es que fue la persona a la que se le encargó la ejecución de los radares”, dijo. Esto implicaba, según Arboleda, detalles como la adquisición de los terrenos donde se instalarían los radares.

Hoy, jueves, le corresponde al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino dar sus descargos y explicaciones en la indagatoria.

El actual ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, ha dicho que aportó pruebas al Ministerio Público que corroboran que los radares no tenían capacidad para detectar lanchas rápidas del narcotráfico.

Por otro lado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la medida cautelar de casa por cárcel que el Juzgado Decimosexto Penal otorgó a Garuz y al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez, tras culminar la audiencia preliminar contra ambos por su vinculación a escuchas telefónicas supuestamente ilegales.

En su decisión, el Segundo Tribunal detalló que el juez Enrique Pérez incumplió con los requisitos de correr traslado a las víctimas y desatendió los principios de igualdad y equidad procesal.