La situación de las personas desaparecidas en México y la necesidad de cambios en la administración de justicia en El Salvador fueron parte de los temas abordados ayer en las audiencias que efectúa en Panamá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de México, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que existen 29 mil personas desaparecidas en ese país.
Representantes del movimiento mexicano Por Nuestros Desaparecidos, conformado por 42 familias de ese país y de Centroamérica, denunciaron la impunidad imperante en los casos y la poca efectividad de las autoridades en la búsqueda de las personas reportadas como extraviadas.
El movimiento responsabiliza de las desapariciones al crimen organizado y a personas relacionadas con estructuras gubernamentales.
“Buscamos lo que el Estado mexicano no quiere encontrar, porque sus intereses políticos y económicos son más grandes que sus obligaciones hacia sus ciudadanos. Hemos ubicado predios con fosas clandestinas, algunas de las cuales han resultado ser propiedad de exalcaldes y excomandantes de la Policía municipal y estatal”, expresó Aracelis Salcedo Jiménez, madre de una joven desaparecida.
En tanto, el Estado mexicano, en la voz de Roberto Campas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que tienen un grave problema con las desapariciones e identificó la solución de estas denuncias como unos de los grandes retos en materia de derechos humanos en ese país.
En ese sentido, dijo que “el Ejecutivo Federal está trabajando de manera permanente con los legisladores y organizaciones de la sociedad” para darle respuesta a los familiares.
En tal sentido, el secretario habló de la importancia de trabajar de manera coordinada con los movimientos y familiares para expedir una ley general en la materia.
“Creemos que estamos en tiempo de concluir este proceso de negociación y en los días que resta para que concluya el período, se apruebe [la Ley] en la Cámara de Senadores”, dijo.
Como pasos positivos se citó la detención de 21 personas implicadas en la desaparición de cinco jóvenes en Terra Blanca, Veracruz.
Sobre los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se mencionó la detención de 128 personas supuestamente vinculadas con este hecho.
REFORMA SOBRE JUSTICIA
En tanto, dos organizaciones de la sociedad civil de El Salvador pidieron a la CIDH intervenir para que el Gobierno plantee un nuevo modelo de escogencia de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y permita mayor participación de los ciudadanos en ese proceso.
Nelson Flores, de la Fundación para el Debido Proceso, y Leonor Artega, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho Procesal, indicaron a la CIDH que el actual modelo “se encuentra penetrado por la injerencia política”.
Solicitaron a la relatora de ese país, Margarette Macaulay, observar de cerca el proceso de selección de los próximos magistrados, que se realizará en 2018.
El Estado salvadoreño, por su parte, rechazó los cuestionamientos de las organizaciones civiles, pero de igual manera se comprometió ante los relatores a estudiar las quejas de los peticionarios.
