Mientras la Fiscalía Anticorrupción no investigue o remita a la Asamblea Nacional el expediente sobre supuesta compra de fallos en la Corte Suprema, a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), las evidencias están en riesgo, denunció la abogada Edna Ramos.
Ramos se convirtió en el blanco de un hacker, luego de denunciar la supuesta compra de fallos en la Corte.
Hackearon correo de abogada que denunció ‘compra de fallos’
Al día siguiente de poner en conocimiento a la Fiscalía Anticorrupción de que poseía correos electrónicos que revelarían la propuesta de “negociar con la justicia” que le habrían hecho directivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), la abogada Edna Ramos sufrió un ataque cibernético, en el que su cuenta de correo eléctrónico fue hackeada.
“Cuando vengo a examinar el correo, me percato de que no está [la secuencia de mensajes de Cacsa]. Gracias a Dios, tengo un equipo de soporte informático bastante robusto y se pudo recuperar”, afirmó Ramos.
La abogada informó de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción –que adelanta una investigación sobre supuesto pagos de sobornos a magistrados–, pero “lastimosamente no se ha dado la captación de datos por parte del Ministerio Público (MP)”.
“Lo que me preocupa es que, luego que acudí [a la Fiscalía Anticorrupción] para esclarecer lo que públicamente se estaba afirmando. y en aras de ayudar al esclarecimiento de la verdad”, alguien entró a su correo electrónico personal, reveló.
Ramos rindió declaración ante el MP el pasado jueves y no regresó hasta el día siguiente a revisar su correo, cuando descubrió el hurto de sus correos.
La propuesta sobre “negociar con la justicia” que supuestamente habría hecho Cacsa a Ramos, sería para obtener un fallo a favor en la pugna legal millonaria que mantiene la cooperativa con el empresario Luis Muñoz.
El proceso legal está en espera de decisión en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que está por resolver un recurso de casación que interpuso Cacsa.
En este caso han sido mencionados los magistrados de la Corte Hernán De León –ponente en el caso– y Olmedo Arrocha, por tener presuntos vínculos con el abogado contratado por Cacsa.
Arrocha pidió el pasado 21 de octubre a sus colegas magistrados ser declararlo impedido de conocer el caso.
Por ahora se desconoce la decisión adoptada por los otros dos magistrados de la Sala Primera: De León y Ángela Russo.
Información sensitiva
“La secuencia de correos muestra información muy interesante que va desde febrero hasta marzo”, detalló la abogada.
En los correos, explicó, se encuentra toda la comunicación entre ella, un abogado intermediario (que le habló de la casación que presentó la coooperativa) y Cacsa.
Los correos más reveladores son los que contienen el contrato enviado por Ramos con su propuesta de honorarios –que ascendían a $2.5 millones–, y el nuevo correo que le habría enviado Edilberto Arjona, por entonces director del departamento de Legal de Cacsa.
El contrato que envió Ramos sería remitido a José Serrano Vinda, por entonces presidente de Cacsa, y hoy vocal de la junta de directores. Ramos precisó que el contrato fue remitido en formato digital de texto e imagen (Word y PDF) para su respectivo análisis.
Dijo que es la primera vez que envía un contrato a un cliente y éste lo devuelve “drásticamente” diferente. Aseguró que “lo único que había en común era que en ambos contratos estaban los nombres de ambas partes”.
El contrato que ella envió a Cacsa –dijo Ramos– “no contenía nada de eso [compra de fallos]. Sin embargo, cuando lo recibimos de vuelta [el contrato], la información de parte de la cooperativa, no es que insinuaba, [sino que] exigía [garantizar un fallo favorable] lo que está prohibido por la ley, y de esa manera quisimos esclarecer, pero hasta ahora la Fiscalía no ha logrado acceder a mi cuenta de correo”, resaltó.
Aparte de las escandalosas cláusulas del contrato, que exigían garantizar la admisión del recurso de casación en la Corte Suprema y del fallo favorable a Cacsa, en su clausula cuarta se exigía resultados favorables a fin de que Ramos pudiera recibir su pago (ver facsímil).
Ramos manifestó sentirse preocupada porque, al cumplir como ciudadana de poner al tanto a las autoridades de hechos irregulares cuando tenga conocimientos de estos, se presenta este tipo de ataque.
“Yo fui a informar de lo que yo tengo en conocimiento, y a pedirle a la Fiscalía que viniera a la fuente, a examinar mis equipos informáticos, específicamente mi cuenta de correo electrónico”.
Manifestó que “lo hice porque me acusan de haber hecho semejante propuesta, cuando era totalmente contrario a lo que habíamos planteado”.
‘Propuesta’
Días después de haber recibido el contrato de parte de Cacsa –el 27 de febrero de 2019– Ramos indicó que recibió llamadas de parte de directivos de Cacsa para reunirse en su oficina, pese a que les comunicó que no trabajaría bajo sus exigencias. Con todo, dijo que los recibió.
Recordó que varias personas acudieron a la reunión. Exactamente, ¿Qué se le estaba pidiendo? “Que nosotros garantizáramos resultados y eso está prohibido. El solo hecho de anunciar que tú puedes garantizar un resultado parece sugerir que hay alguna posibilidad de, así como ellos lo llamaban, de negociar los fallos”, respondió Ramós.
¿Cómo fue esa conversación?, preguntó La Prensa, “Traté de ser lo más didáctica posible, porque me sorprendió que una persona me dijera que garantizara resultados, y mi primer instinto fue decirle que si no conocía el Código de Ética del Abogado, pero, al parecer, eso no le importaba”. En su declaración ante el MP, Ramos mencionó que la persona que le hizo la propuesta fue Arjona, que, como ya se dijo, era el abogado de Cacsa.
Describió que en la reunión de junta de directores el 9 de marzo pasado –en la sede de la cooperativa– “se daba una presión un poquito más allá”, es decir, de hablar con magistrados para obtener un fallo favorable en el recurso de casación, por lo que –dijo– decidió retirarse y no volver a tener comunicación con ellos.
En entrevista con La Prensa, el presidente de Cacsa, Serafín González, calificó de “mentiras” los señalamientos de Ramos e indicó que la cooperativa no envía correos con contratos a abogados externos.
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