Henríquez: ‘No han caído todos’

Una nueva red de corrupción en el engranaje gubernamental fue desmantelada ayer, tras la “Operación Reclusión” ejecutada por el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno (Mingob).

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez; la procuradora de la Nación, Kenia Porcell; y el Fiscal Auxiliar de la República, Marcelino Aguilar, informaron que 13 personas, entre estas 4 funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, 3 exservidores de esa entidad, 4 particulares y 2 privadas de libertad, fueron aprehendidas como parte de la red que se dedicaba, entre otros ilícitos, a alterar las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, falsificar boletas de libertad, modificar listas de conmutación de penas y manipular el traslado de los reclusos a las cárceles.

Además, la red penetró la base de datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario para alterar la reducción de penas de los privados de libertad.

Las aprehensiones se dieron en los centros penitenciarios La Joya, el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, la cárcel Nueva Esperanza en Colón y en algunas residencias y oficinas donde laboraban las personas supuestamente vinculadas con la red de corrupción.

‘MODUS OPERANDI’

La procuradora Porcell reveló el modus operandi de la banda, que dijo podría haber estado funcionando desde hace varios años.

El móvil principal era cobrar dinero a cambio de falsificar libertades condicionales y por el traslado de detenidos a otras cárceles.

También cobraban dinero por reducir penas a los reclusos, acción que cometían mediante la penetración de la base de datos de los detenidos.

Porcell indicó que hay reportes de familiares que fueron estafados al pagar a esta red hasta $70 mil por la libertad condicional de un privado de libertad.

“Se trata de una red organizada, que traficaba con los derechos humanos de los privados”, advirtió Porcell.

EMPLEADA BANCARIA RECIBIÓ $80 MIL

Mientras tanto, el fiscal Aguilar destacó que los detenidos son 10 mujeres y 3 hombres. Entre las detenidas hay una empleada de un banco y en cuya cuenta personal se le encontraron $80 mil, que serían un posible pago por los servicios irregulares a que se dedicaba la organización.

El fiscal destacó que en la red también participaban dos privadas de libertad de la cárcel de mujeres de Panamá, que se hacían pasar por funcionarias del Sistema Penitenciario. Ellas están detenidas por delitos de drogas y estafa.

Aguilar detalló que una de estas detenidas había sido traslada a la cárcel de Colón y siguió con las prácticas de corrupción, tras seguimientos que se le efectuaron.

Precisó que entre los cuatro exfuncionarios que detuvieron figuran algunos que habían renunciado y otros fueron destituidos del Sistema Penitenciario.

El funcionario no confirmó si se le han formulado cargos a los detenidos, pero sí informó que los posibles delitos en este caso son estafa, falsificación de documentos públicos y corrupción de servidores públicos, entre otros.

NUEVAS DETENCIONES

Según el fiscal, las investigaciones están ahora en una segunda fase y se realizarán más detenciones en las próximas horas, dependiendo de los interrogatorios que se le hagan a los que ya están aprehendidos.

También serán revisados todos los equipos tecnológicos a los que tenían acceso los detenidos, y además se investiga a los miembros de la junta técnica que realizaba las evaluaciones de las libertades condicionales de los detenidos en el sistema penitenciario.

Aguilar señaló que se hará una auditoría acerca de las libertades condicionales que ha autorizado la junta técnica y de los traslados que se han realizado, ya que consideran que esta red ha operado por muchos años en el sistema.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 55 de 2003, que rige el Sistema Penitenciario, cada centro carcelario tendrá una junta técnica presidida por el director del penal y, en su defecto, por el subdirector.

INVESTIGACIÓN COMPLEJA

La procuradora y el fiscal destacaron la complejidad de la investigación, que se inició en diciembre de 2015 tras una denuncia que interpuso el entonces director general del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, sobre hechos irregulares que ocurrieron entre octubre y noviembre de 2015 en las cárceles.

El fiscal precisó que se hicieron tres ampliaciones de la denuncia.

Destacó que se utilizaron técnicas de investigación especiales, debido al poco acceso que tenían los funcionarios del Ministerio Público y de la DIJ para penetrar en las cárceles.

Resaltó que, sin embargo, consiguieron testimonios importantes que permitieron descubrir la operación de la red.

MINGOB EVALÚA

El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, aseguró que “no han caído todos los integrantes” de la red, pero las investigaciones continuarán.

Añadió que se realiza una exhaustiva evaluación de todos los procedimientos y protocolos internos, con la intención de identificar y corregir cualquier debilidad de los procesos que puedan comprometer la gestión del sistema penitenciario.

Señaló que se ha fortalecido el Departamento de Inspectoría General, que tiene bajo su responsabilidad todas las investigaciones de posibles irregularidades.

LLAMADO A SERVIDORES

La procuradora hizo un llamado a los servidores públicos a realizar sus labores en apego a lo que dictan las leyes, porque el Ministerio Público tendrá cero tolerancia a la corrupción.

Porcell recordó que este es el tercer operativo en que participan funcionarios del Ministerio Público, en los que se desmantelan redes de corrupción en el sector público. Se refirió específicamente a las bandas descubiertas en el Órgano Judicial y en la Autoridad Nacional de Aduanas.

El 12 de noviembre de 2015, la Fiscalía Auxiliar detuvo a 16 personas, entre funcionarios del Órgano Judicial y particulares, presuntamente vinculadas con una red que cobraba dinero a cambio de otorgar libertades a personas con procesos en el Segundo Tribunal Superior Penal y en juzgados de circuito penal.

Mientras, en abril pasado fue desarticulada una organización que operaba en la Autoridad Nacional de Aduanas y que, de acuerdo con las pesquisas, se dedicaba a introducir mercancía al país por el aeropuerto de Tocumen sin el debido registro, a cambio de sumas de dinero.

Al menos 23 funcionarios de la institución, 7 particulares y 1 exfuncionario de la entidad fueron aprehendidos.