El interés de entidades del Gobierno y particulares sobre tierras propiedad de la Nación motivó que la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) despojara al Hospital Nicolás Solano, en Panamá Oeste, de gran parte de las 61 hectáreas donde lleva décadas funcionando.
Por medio de una resolución de enero de 2018, que lleva la firma del entonces director de esa institución, Carlos González, el Ministerio de Salud perdió la “administración” y “uso” de esas tierras, lo que afecta no solo una eventual expansión del hospital, sino también a la Región Provincial de Salud.
Autoridades locales y activistas criticaron la decisión.
Nicolás Solano, sin espacio para crecer
La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) despojó al Ministerio de Salud (Minsa) –al menos en papel– del “uso y administración” de la finca 9058, donde por seis décadas ha funcionado el Hospital Nicolás Solano, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.
A través de la Resolución número 037 de 17 de enero de 2018 –y que se hizo pública recientemente–, la cual lleva la firma del entonces administrador de esa entidad, Carlos González, se detalla que aunque la propiedad está asignada al Minsa, “no es menos cierto que su propietario sigue siendo la Nación”, por lo cual no veían “administrativamente correcto” que una superficie de 61 hectáreas estuviera asignada para el desarrollo y operación del hospital.
Añade el documento que Anati mantiene otras solicitudes de uso y administración, traspaso a título gratuito y adjudicación tanto de instituciones públicas como de particulares dentro de los predios de esa finca.
“Que en atención a las necesidades de distintas entidades públicas para desarrollar sus proyectos que redunden en beneficio de la comunidad, luego de la revisión de la finca 9058 no tiene sentido tener un área de tal proporción en uso y administración del Minsa, y por lo tanto es necesario la regularización de dicha área”, indica la resolución.
Finalmente, Anati solicitó al Minsa la confección de los planos del “área útil” para el hospital, con el fin de, posteriormente, llevar a cabo la segregación de dicha zona de la finca principal.
Ante este escenario, el director provincial de Salud de Panamá Oeste, Joaquín Chang, expresó que la decisión de la Anati los afecta porque limita la capacidad de expansión y desarrollo del centro hospitalario, así como también la construcción de las instalaciones de la futura sede de la regional provincial del Minsa.
Chang subrayó que además de quitarle la facultad al Minsa de administrar los terrenos, la resolución no especifica cuál es la cantidad de terreno que le quedará al hospital, lo que los mantiene en una “disyuntiva”.
Aunque la Anati nunca los consultó, ni antes ni después de emitir la resolución, reconoce Chang, no pueden decir que fueron sorprendidos por la decisión, dado que desde hace algunos años venían escuchando rumores.
El funcionario dijo que en realidad bajo administración del Minsa hay 44 hectáreas, porque en el pasado les segregaron parte de la finca para construir la calle hacia Puerto Caimito y, luego, otra para desarrollar la sede del Órgano Judicial en Panamá Oeste, proyecto que empezó en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y no fue concluido.
Por último, señaló que no se deben tomar decisiones pensando solo en el presente, porque esta es una región que está en franco desarrollo y necesitará de una buena instalación hospitalaria.
De hecho, Panamá Oeste tiene medio millón de personas y es una de las provincias que más ha crecido en los últimos años, según estimaciones de la Contraloría General de la República.
Más rechazo
Otro que consideró que la actuación de la Anati no es la más acertada es el alcalde del distrito de La Chorrera, Tomás Velásquez, quien indicó que a principios de 2017, por gestión de los abogados municipales, lograron frenar el otorgamiento de terrenos dentro del lugar a particulares, un hecho del que se enteraron por casualidad.
Con la información que obtuvo Velásquez remitió una nota a la Anati, en la cual le explicó a esas autoridades la importancia de estos terrenos, y le solicitaron que suspendiera los trámites de adquisición de particulares.
Raúl Ossa, abogado y miembro de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, también está al tanto de lo ocurrido con esta finca y evalúa interponer acciones legales contra la resolución de la Anati para la recuperación del lote.
Ossa explicó que han realizado investigaciones que han determinado que de esa finca se segregaron terrenos para el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Social, el Órgano Judicial, y están en trámites otras para el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Tribunal Electoral.
En cuanto a los intereses de particulares en el lote, el activista afirmó que la finca está dentro de lo que llamó un “epicentro de crecimiento [y] de desarrollo poblacional”, muy valioso desde el punto de vista económico para proyectos de vivienda y centros comerciales.
Incluso, por esta área también está contemplada la construcción de la costanera, es decir, una carretera que pasará cerca de la costa como alternativa para unir a los distritos de Panamá Oeste con la ciudad de Panamá.
Este diario intentó localizar al ministro de Salud, Miguel Mayo, y al exdirector de Anati, y al cierre de esta edición ninguno respondió al llamado telefónico y mensajes de texto dejados en sus celulares.
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