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Imelcf, en alerta por planes para incorporarlo a la DIJ

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses solicita que cualquier cambio a la entidad sea analizado, velando por los intereses de los funcionarios y el modelo vigente.

Imelcf, en alerta por planes para incorporarlo a la DIJ

Un elemento surge en medio de las tensiones entre el Ministerio Público (MP) y el Ejecutivo, luego de que la procuradora Kenia Porcell acusó a Manuel Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de desmantelar las fiscalías anticorrupción.

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Porcell choca con el Ejecutivo por casos de corrupción

José Vicente Pachar, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), pidió al personal mantener la calma ante los presuntos planes del gobierno actual -de los que Pachar reconoce no hay comunicación oficial- para incorporar dicha entidad a la DIJ -y, por ende, a la Policía Nacional-. El Imelcf actualmente tiene autonomía administrativa, pero cumple las órdenes del MP para realizar investigaciones criminalísticas.

“Cualquier cambio jurídico que se proponga a la normativa que rige el Imelcf será analizada velando por los intereses de los funcionarios y el modelo institucional vigente, teniendo siempre como premisa: la ciencia y la tecnología al servicio de la verdad y la justicia”, dijo Pachar en una nota interna al personal.

Choque MP-Ejecutivo: alertan de que el futuro de las investigaciones podría estar en riesgo

Lamentable y peligroso. Afecta a la investigación criminal. Las frases resumen las posiciones de distintos sectores de la sociedad civil organizada, un día después de que quedara al descubierto un enfrentamiento entre el Ministerio Público (MP) y el Ejecutivo, a raíz de que la procuradora Kenia Porcell acusara a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de desmantelar las fiscalías anticorrupción mediante la remoción de investigadores.

El Ministerio de Seguridad Pública, que cobija a la DIJ, aseguró que apegado a la ley, envió de vacaciones a algunos agentes.

En medio del choque entre las dos partes está el futuro de emblemáticos casos de corrupción: Odebrecht, Blue Apple, Pandeportes, planillas de la Asamblea y juntas comunales, entre otros.

La exprocuradora y ex candidata presidencial Ana Matilde Gómez opinó que es “muy lamentable y peligroso para el curso de las investigaciones que no se coordine con el MP movimientos tan sensibles, por tratarse de personas asignadas a investigaciones muy complejas”. Advirtió que se “desconoce lo establecido en la ley de la DIJ en cuanto al personal directamente asignado a una investigación”.

"Los nuevos funcionarios vienen de asignaciones en el periodo del presidente Martinelli y esas investigaciones no han concluido”.


Ana Matilde Gómez
Exprocuradora de la Nación

Se refiere al artículo 9 de la Ley 69 de 2007, que creó la DIJ, que establece que sus miembros “no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención”.

“Es una mala señal y llama la atención que la explicación sean los pasivos laborales que también están pendientes en otros estamentos”, añadió Gómez.

También hizo énfasis en que los nuevos funcionarios vienen de asignaciones en el periodo del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Por último, retóricamente preguntó: “¿Qué necesidad hay, [tras] 20 días de un nuevo gobierno, de entrar en contradicciones entre la Procuraduría y el señor presidente de la República? ¿Quién gana agitando un avispero como ese?”.

Juan Carlos Araúz, quien la noche del pasado viernes fue electo presidente del Colegio Nacional de Abogados, argumentó que para fortalecer el rol del MP el poder político debe comprender la importancia de la autonomía de las instituciones de justicia. “Cualquier alteración en la rutina diaria debe involucrar una coordinación previa, una comunicación oportuna y un sustento en la legalidad. [...] Lo que deben propiciar las nuevas autoridades es una armónica colaboración con la procuradora, conociendo que el término constitucional de su designación es de 10 años (2024)”.

El Imelcf y la DIJ

Mientras, el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, a través de una nota interna, alertó que cualquier cambio jurídico a su institución será analizado velando por los intereses de los funcionarios y el modelo institucional vigente.

No obstante, informó que no ha recibido ninguna notificación o información oficial sobre tales cambios.

El presidente Laurentino Cortizo dijo el pasado viernes que no hay intención de “desmantelar” las fiscalías anticorrupción, pero respaldó las actuaciones de la DIJ, la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad. Cortizo está en Nueva York. Regresará al país el martes.



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