De “incesto jurídico” catalogó el abogado constitucionalista Carlos Bolívar Pedreschi el fallo de la Corte Suprema de Justicia que deja sin efecto la parte medular del proceso judicial por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares a una empresa filial de Finmeccanica.
“La sentencia es una suerte de cuerpo extraño que veo difícil que el organismo social panameño lo asimile”, asegura Pedreschi, quien no descarta que por este fallo, el pueblo salga a la calle.
RUSSO Y OTROS SEIS CASOS DE ALTO PERFIL EN LA CORTE
Luego de que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anula parte del proceso por supuestas irregularidades en la compra de 19 radares a Selex, filial de Finmeccanica, las miradas están puestas en la magistrada Ángela Russo, ponente de la sentencia que tumba una de las investigaciones más icónicas relacionadas con corrupción en el pasado gobierno.
De acuerdo con el fallo, que avalaron los magistrados Hernán De León, Harry Díaz, Luis Ramón Fábrega, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Gisela Agurto (suplente escogida por sorteo) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), el Ministerio Público (MP) carece de competencia para ordenar una serie de diligencias, incluyendo la orden de detención del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien gestionó la compra de los 19 radares.
Pero, ¿qué otros casos tiene en sus manos Ángela Russo? De acuerdo con una búsqueda realizada por La Prensa, la magistrada –que fue nombrada por el presidente Juan Carlos Varela en diciembre de 2015 (ver perfil)–, debe resolver, al menos, seis recursos que están relacionados con procesos de alto perfil.
Uno de ellos es el amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho González en representación de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, para que se deje sin efecto una orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso Odebrecht, a fin de revisar las cuentas bancarias de los hermanos.
Russo admitió el amparo el pasado 27 de abril y la decisión suspendió todas las diligencias gestionadas por la fiscalía relacionadas con las cuentas de ambos investigados. Camacho González atacó la resolución expedida por el MP el 21 de febrero de 2017, en la que la fiscal Tania Sterling giró oficios a bancos locales para que le dieran información sobre cuentas y transacciones de los hijos del exmandatario.
El mismo día en que admitió el amparo, Russo envió una nota a Sterling, en la que le ordenó suspender cualquier trámite relacionado con las cuentas de los Martinelli Linares. Esa vez, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, aclaró que la orden de Russo solo suspendía las diligencias relativas a las cuentas bancarias de los hermanos, pero el resto de la pesquisa seguía su curso.
Russo también tiene en su despacho un habeas corpus preventivo interpuesto por la defensa del comerciante Gabriel Btesh. La acción busca que Btesh no sea detenido, como parte del proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de contratos suscritos con el Estado para obras de infraestructura, pero cuyos fondos, de acuerdo con las pesquisas, habrían sido usados para la compra de Editora Panamá América S.A., (caso New Business).
Esta magistrada también debe decidir si admite una denuncia contra el expresidente Martinelli, en la que se le acusa de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Se trata de la pesquisa por supuestas irregularidades en el fallido proceso de Riegos de Tonosí. En indagatoria ante el Ministerio Público, el comerciante Felipe Pipo Virzi dijo que el contrato otorgado a la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H) fue concedido por instrucción del entonces presidente de la República. Virzi reconoció haber recibido $10 millones por una supuesta consultoría a H&H, dinero que distribuyó siguiendo órdenes de Martinelli.
Russo, además, debe resolver un habeas corpus interpuesto por Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, investigado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso FIFA, que dejó al descubierto corrupción en el fútbol mundial.
Y también tiene en sus manos un amparo de garantías interpuesto por Rodrigo Sarasqueta, quien fungió como secretario de Seguridad de la Presidencia durante el gobierno pasado.
El recurso adversa la resolución del 11 de diciembre de 2015 del magistrado Jerónimo Mejía, que declaró al expresidente Martinelli en estado de rebeldía en el caso que se le sigue por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, tras la presunta interceptación de comunicaciones.
La mencionada magistrada también fue la encargada de contestar una asistencia judicial que solicitó la Fiscalía Federal de Suiza, con el fin de obtener información del expresidente Martinelli sobre su posible vinculación con el pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht a través de bancos suizos.
HABLA PORCELL
La procuradora Kenia Porcell, en entrevista concedida a Telemetro, manifestó ayer que al Ministerio Público “no le queda más que acatar y respetar la decisión” de la Corte.
“Debo señalar que queda una insatisfacción por parte de los 4 mil funcionarios del Ministerio Público, porque era una investigación compleja (...)”, advirtió.
Otro que se pronunció fue el presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien contó que habló con el presidente de la Corte, José Ayú Prado, para notificarle sobre algunas irregularidades en el Órgano Judicial.
“El presidente de la Corte sabe de situaciones que están pasando dentro de la Corte, que no están bien”, dijo. El mandatario dejó entrever, además, que no llamaría a una consulta ciudadana para escoger a los dos magistrados de la Corte que reemplazarán a Jerónimo Mejía y a Oydén Ortega, a quienes se les vence el periodo en diciembre.
(Con información de Juan Manuel Díaz, Olmedo Rodríguez y Aminta Bustamante).
Berguido: ¿Y ahora impunidad?
Fernando Berguido, exembajador de Panamá en Italia, calificó, en una entrevista en TVN, como “lamentable” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula parte de la investigación seguida al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exviceministro de esa cartera Alejandro Garuz por la compra de 19 radares a Selex. Argumentó que con esta decisión “se esquiva un caso de malversación de fondos monstruoso”. Berguido, quien encabezó las negociaciones con Finmeccanica, que implicaron la devolución de, al menos, $100 millones al Estado, recordó que hace dos años envió a Panamá dos sentencias condenatorias y 6 mil páginas de evidencias que contienen conversaciones, correos, peritajes e informes en donde queda retratada la trama detrás de la compra de los equipos. En tanto, en declaraciones a este medio, el exembajador dijo que “en estas compras hubo trampa, falsedades, ocultamiento, sobreprecios y amenazas. ¿Y ahora impunidad?”.
