Una investigación en España ha dejado en evidencia el supuesto uso de fondos públicos del Estado panameño –en manos de españoles– para promover campañas políticas de candidatos locales, como Roxana Méndez, y la imagen del expresidente Ricardo Martinelli.
En la pesquisa se menciona la creación de portales noticiosos “fantasmas” para promover a Méndez, quien habría, supuestamente, destinado fondos del Municipio de Panamá para la obtención de estos servicios.
En España se determinó que dos de los medios creados fueron “Tocumen Digital” y “Prensa Juan Díaz”, administrados desde Valencia, España.
Méndez otorgó un contrato a una sociedad que hacía el mismo trabajo (promoción de imagen) a favor de funcionarios españoles, pero con fondos públicos.
Un auto judicial del 11 de octubre de 2016, firmado por el juez español de la Central de Instrucción, Eloy Velasco, afirma que se dieron “hallazgos relacionados con indicios de blanqueo, a través de sociedades panameñas”.
El juez determinó que estas sociedades están vinculadas al exsenador español Francisco Granados; al ex alcalde socialista de Cartagena José Alonso, y al empresario español Alejandro de Pedro.
Lo anterior es parte de una investigación denominada “Caso Púnica”, que realizan autoridades españolas desde 2015, en la que se reveló la existencia de una red de corrupción municipal y regional, infiltrada en diversos ayuntamientos de ese país.
Por esta investigación, en España se logró la detención de varios políticos y empresarios. En Panamá, las autoridades aseguran desconocer estos hechos.
INTERCEPTACIONES
Las interceptaciones telefónicas en España permitieron a las autoridades españolas descubrir que los tentáculos de esta red llegaron hasta el Palacio de las Garzas en Panamá.
La investigación precisa que este grupo habría logrado conexión con Martinelli para un contrato de consultoría, reportó el diario digital español El Confidencial.
Martinelli y Méndez, informó El Confidencial, “contrataron con fondos públicos” a la sociedad Eico para publicar noticias positivas sobre ellos para que así“difundieran el mayor número posible de noticias positivas en pleno periodo electoral [2014], con el objetivo de que desaparecieran de los buscadores las informaciones que perjudicaban sus intereses”.
Así quedó plasmado en el proceso que se le sigue a Francisco Granados y David Marjaliza, que también son investigados por la Fiscalía Federal de Suiza por “sospechas serias de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas”.
Fue gracias a las intervenciones telefónicas a Marjaliza que se conocieron las actividades de Alejandro de Pedro en Panamá, Costa Rica y Colombia.
En indagatoria a Marjaliza, este acusó al exalcalde colombiano Alonso de hacer los ofrecimientos a funcionarios en diversos países. Cuando se le preguntó qué prometía a cambio de los contratos, respondió: “Siempre había una máxima: si te gusta la magia, no preguntes el truco”.
En el documento se revela que el 20 de julio de 2015 se envió a las autoridades panameñas una comisión rogatoria (auxilio judicial), en la que se explican detalles del viaje de los tres sospechosos (Granados, De Pedro y Alonso), entre el 2 y el 7 de abril de 2013 a Costa Rica y Panamá, ofreciendo sus servicios de asesoramiento político, publicidad y propaganda.
Las autoridades españolas descubrieron que De Pedro pagó el viaje y el hotel al entonces senador Granados, y al exalcalde de Cartagena José Alonso.
“De la investigación se ha podido constatar que desde hacía un año se venían satisfaciendo mensualidades de 12 mil 906 euros (unos 13 mil 500 dólares al cambio actual), por un contrato con la alcaldesa de Panamá”, resalta el documento.
En uno de esos viajes, Granados se fotografió frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, imagen que se encuentra en el expediente (ver fotografíainferior).
Por las interceptaciones telefónicas también se conoció que De Pedro trasladaría sus oficinas de Valencia a Panamá para “ampliar su cartera de clientes”.
¿FONDOS PARA POLÍTICA?
De acuerdo con el juez Velasco, Méndez habría destinado 162 mil dólares de fondos públicos en un año para el servicio de propaganda política personal en la red.
Ello, al otorgar un contrato al consorcio Opera Global Internacional, S.A., para determinar un “mapa de stakeholders (palabra del inglés que en el ámbito empresarial significa parte interesada), monitoreo de sus necesidades y participación activa en la interacción para políticas públicas del Municipio”.
El juez mencionó que los pagos se hacían por un contrato “en términos muy similares a los que se realizaban para las autoridades españolas” para desviar dinero.
Empero, un informe de la Contraloría General de Panamá, al que tuvo acceso La Prensa, revela que ese consorcio recibió cerca de medio millón de dólares entre 2013 y 2014.
En una revisión del portal electrónico gubernamental de Panamá Compra se detectó un contrato de 395 mil 105 dólares a favor del consorcio Opera Global Internacional, S.A., para el mapa de stakeholders antes mencionado.
El documento detalla que el municipio entregaría un pago anticipado del 20% del monto contratado.
El consorcio logró el contrato tras licitación abreviada en septiembre de 2012, siendo el único proponente.
El grupo estaba integrado por Opera Global Internacional, Novasoft Ingeniería y Novasoft Pacífico y el Caribe, estas dos últimas sociedades son investigadas en España.
Opera Global y Novasoft Ingeniería fueron inscritas en el Registro Público panameño poco antes del contrato, entre enero y abril de 2012, mientras que Novasoft Pacífico y el Caribe, en julio de 2011.
Estas sociedades estarían vinculadas a Eico On Line, SL y Madiva Editorial y Publicidad, SL, pertenecientes a Alejandro de Pedro y su socio José Alonso, investigados por usar estas sociedades para “ofertas ficticias y aparentar concurrencia pública”.
Las autoridades españolas investigan los fondos que estas personas podrían haber percibido y guardado en bancos panameños.
‘NO TENGO NOTICIAS’
Méndez, al ser cuestionada sobre las acusaciones de las autoridades españolas, evitó responder. En un lacónico mensaje de texto aseguró: “Yo no tengo noticias recientes sobre el caso”.
Luego, remitió al medio a su abogada, María Eduarda Córdoba, quien mostró dos notas que envió al Ministerio de Relaciones de Exteriores y al Ministerio Público, el 7 de julio de 2016, preguntando sobre la existencia de la carta rogatoria. Dijo que no ha tenido respuesta.
En la investigación del juez Velasco, se destaca que la Guardia Civil de España relató el contenido de una supuesta conversación de Granados con su “amante Cristiane”. Esta última habría dicho a Granados: “la mujer de Panamá ha perdido las elecciones”, a lo que este le respondió: “estaba ya muy debilitada internamente y no ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer [...]. No se ha aliado con el que nosotros queríamos [...] y ha palmao”. Granados se encuentra detenido desde el 31 de octubre de 2014.
NO HAY DOCUMENTO
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que no consta la recepción de la asistencia judicial por vía diplomática. “Esto generalmente sucede cuando el convenio sobre el que se fundamenta la asistencia tiene una autoridad central determinada”, distinta a la entidad, resaltó.
Pero en caso de tenerla el Ministerio de Gobierno o la Procuraduría, “no están obligadas a informar” a esa entidad, indicaron.
Al Ministerio de Gobierno también se le consultó sobre la documentación. Dijeron que “revisamos y hasta el momento no ha ingresado ninguna asistencia con esos datos”.
Mientras que la Secretaría General del Ministerio Público informó que, de existir la solicitud, se mantendría la reserva.
“Así sea que exista o no una solicitud de asistencia jurídica internacional, estas se rigen con base al principio de confidencialidad, la cual comprende hasta la reserva del requerimiento de la asistencia”, destaca la nota de la Procuraduría.
Este mes, el juez Velasco fue ascendido, por lo que abandonará investigaciones con repercusiones en Panamá, como los casos “Púnica” y “Lezo”. En este último caso, el Estado panameño se vio perjudicado, ya que se otorgaron contratos a empresas que los incumplieron o simplemente no los ejecutaron, por la suma de 35 millones de dólares.
En dicha investigación se descubrió que funcionarios panameños habrían recibido coimas para otorgar contratos millonarios en varias otras instituciones estatales.
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