Juez Leslie Loaiza amenaza con demandas

“Si la decisión no es del agrado de algunos, para ello existen los recursos respectivos. Emitimos las resoluciones de manera imparcial, independientes, y sin presiones mediáticas”.

La frase es parte del fundamento jurídico que expone el juez decimoquinto penal Leslie Loaiza en el fallo que anuló parcialmente el caso que se le seguía a siete funcionarios del pasado gobierno por supuestas irregularidades en el alquiler de helicópteros con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Su advertencia no termina allí. En seguida dice que de verse atacado en el ejercicio de sus actuaciones judiciales, se verá obligado a entablar las acciones que el Código Penal le permiten para denunciar amenazas a jueces. Eso incluye, afirma, sanciones por faltar al respeto, y demandas civiles por atacar su honra.

Luego de dicha advertencia, Loaiza expone las razones que pesaron al momento de declarar la nulidad relativa del proceso seguido a los exministros de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio, y de Salud Franklin Vergara y Javier Díaz. El fallo también favorece al exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil Arturo Alvarado, y al exdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Franklin Oduber. En esa lista también está el exviceministro de Salud Serafín Sánchez. En total, siete personas.

A todos, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción les formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Sin embargo, Loaiza resolvió declarar la nulidad relativa del caso alegando faltas al debido proceso, en momentos en que se les formuló la indagatoria.

Se inspiró en convenios internacionales y particularmente en dos fallos de la Corte Suprema. Uno de ellos es la sentencia de la magistrada Ángela Russo que anuló el proceso que se le seguía al exministro de Seguridad José Raúl Mulino, por supuestas anomalías en la compra de radares. Ese fallo alegó que la fiscalía se extendió en el proceso de investigación.

El otro es la decisión del Segundo Tribunal Superior, que decretó la nulidad del proceso seguido a la exministra de Educación Lucy Molinar, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la compra de instrumentos musicales. El tribunal advirtió que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se excedió en el plazo de investigación y no solicitó al juez de la causa la autorización para continuar la pesquisa.

Las controversias

Se trata de la segunda decisión de Loaiza en el mismo mes que beneficia a investigados en el mismo caso.

El 8 de noviembre pasado declaró la nulidad del proceso que se le seguía al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino en esta pesquisa, argumentando que no está probado el hecho punible “al ser  ineficaz la auditoría de la Contraloría”. Curiosamente, el juez había validado un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y el exdirector del PAN Rafael Guardia, en el que el exfuncionario se  declaró confeso de la comisión del delito contra la administración pública en este proceso.

Pero el juez decimoquinto también ha sido noticia en el último mes por otros fallos.

Concedió una fianza de excarcelación por $500 mil al exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez, en la investigación que se le sigue por supuesto sobreprecio en el proyecto de ensanche de la vía Domingo Díaz.

Al parecer, en eso de conceder fianzas, el juez tiene amplia experiencia, y el Ministerio Público así lo probó. Un informe de ese despacho advierte que es uno de los jueces que más fianzas ha dado en casos de alto perfil, con 23.

Más casos

Pero el mes de noviembre le alcanzó para más. El día 14 el Órgano Judicial dio a conocer que Loaiza admitió un incidente de nulidad contra las indagatorias de los exministros Lucy Molinar (Educación), Roberto Cohen Henríquez (Presidencia), Ferrufino (Desarrollo Social) y Jaime Ford Castro (Obras Públicas), como parte de la investigación por la compraventa de granos del PAN.

En este mismo caso, en mayo pasado, la jueza encargada Dalys Sánchez (actualmente secretaria del juzgado) dictó el archivo del proceso contra el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

Mientras que en julio de este año, el juez dio un sobreseimiento definitivo a 16 personas en el caso de la compra de mochilas con dinero del PAN. Entre los procesados figuran Molinar, Poulette Morales, Mario Martinelli, Giácomo Tamburrelli y Pablo Ruiz Obregón.

Hay más. En agosto pasado también dictó un sobreseimiento definitivo a favor del excandidato a diputado de Cambio Democrático por el circuito 6-2 (Pesé, Los Pozos y Parita) Heriberto Yunito Vega. La medida también benefició a Tamburrelli.