Juez archiva caso a Ferrufino

Con el alegato de que la auditoría de la Contraloría General de la República fue ineficaz y la hicieron funcionarios no idóneos en experticias aereonavales, el juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, excluyó al exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino, de uno de los procesos seguidos por irregularidades en la gestión del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Se trata de la investigación relacionada con el alquiler de helicópteros por parte del Mides y otras entidades, en el gobierno pasado, para efectuar sobrevuelos que eran pagados con dinero del PAN.

Ferrufino fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del PAN.

En fallo fechado y divulgado ayer, el juez Loaiza anuló la investigación seguida a Ferrufino con el argumento de que hubo violación al debido proceso.

El juez tomó la decisión al resolver un incidente de nulidad interpuesto por la defensa del exministro.

Según el juez, el hecho punible con el que se vincula a Ferrufino “no quedó acreditado de manera fehaciente [...] e incluso requerían los auditores de funcionarios idóneos para este tipo de experticia aéreo naval”.

En el fallo, Loaiza citó, al menos, 10 declaraciones juradas rendidas por empleados de las empresas aéreas, así como de pilotos, quienes señalaron que el Mides sí realizó los sobrevuelos para el pago de los subsidios del programa “Red de Oportunidades” a lugares de difícil acceso.

Loaiza indicó que, tras esas declaraciones, le ocasiona “dudas” el método que se utilizó en la auditoría de la Contraloría.

Destacó que le llama “poderosamente la atención” que los auditores de la Contraloría, al momento de realizar el análisis, no profundizaron en corroborar la información proporcionada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) y la empresa Heliflight Panamá, S.A., “las cuales son meramente técnicas en cuanto al tema de navegación aérea”.

Loaiza citó una carta del 22 de julio de 2015, suscrita por el entonces director encargado de la AAC, Roberto Katz, quien aclaró que los sistemas Radar y AMHS –para el registro de vuelos– fueron cambiados en 2013 y no se podía mantener los registros de años anteriores.

Ese mismo funcionario dijo que en las áreas de difícil acceso no se cuenta con cobertura de comunicación, porque Panamá no tiene una cobertura del 100% de antenas para monitorear los vuelos.

El juez también se basó en declaraciones de pilotos de la empresa Heliflight Panamá, S.A., quienes señalaron que era posible que los lugares visitados durante la misión de las entidades no coincidieran con los centros de comunicación de la AAC.

En ese sentido y para sustentar que los vuelos se efectuaron, el juez citó la declaración de Fotys Lymberópulos –dueño de Heliflight Panamá, S.A.–, a quien también anuló todos los cargos que le formuló la fiscalía en este caso por sospechar que se benefició con las contrataciones de los sobrevuelos.

Revisión

La auditoría, que data de 2015, calculó en $10.1 millones la presunta lesión patrimonial al PAN.

El análisis reveló que el pago por los servicios de alquiler de avionetas y helicópteros a varias entidades gubernamentales se realizó a través del PAN “sin que se evidenciara la contraprestación del servicio y, en otros casos, las rutas y horas de vuelo no coinciden con los registros que reposan en la Autoridad Aeronáutica Civil”.

La investigación

En noviembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción abrió la investigación, luego de recibir una denuncia anónima que detallaba contratos fraudulentos en los sobrevuelos pagados por el PAN.

El 2 de febrero de 2017, la fiscalía remitió al juzgado la vista fiscal, en la que solicitó el llamamiento a juicio de 21 personas, incluyendo a Ferrufino. Aún no hay fecha de audiencia preliminar.

Los otros casos

El exministro enfrenta otros tres procesos penales. En dos de ellos fue llamado a juicio: uno por presunto enriquecimiento injustificado (Juzgado Undécimo Penal), y otro por supuesta corrupción (Juzgado Decimotercero Penal). El tercer caso, por presunto blanqueo, está a la espera de que el Juzgado Primero Penal decida si lo llama a juicio.