El juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, validó un acuerdo de colaboración eficaz entre el exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén y el Ministerio Público (MP), al tiempo que la fiscal anticorrupción Vielka Broce pidió el llamamiento a juicio de 17 imputados en ese caso.
Todo lo anterior ocurrió en dos audiencias que Loaiza celebró ayer por separado, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de funcionarios y fraude en las contrataciones del Estado, ligados a la compra y distribución de mochilas escolares a través del PAN.
Juez Loaiza responde
Poco antes de abrir la primera audiencia sobre el acuerdo de colaboración, fijada para las 8:30 a.m., el juez, en una acción poco común, habló con los periodistas y aseguró que en este caso la carga de la prueba estaba en manos del MP y que su despacho valoraría las pruebas y evidencias del expediente para dictar un fallo.
Loaiza indicó que en este proceso la responsabilidad del MP consiste en probar la implicación de los investigados y que las decisiones en su despacho se toman de acuerdo con la ley y los códigos de procedimiento penal.
El juez le sugirió a los periodistas que cuando hagan entrevistas de los procesos judiciales tomen en cuenta si la fuente ha estado en la audiencia o conoce el expediente, “porque hay gente que hace señalamientos desfasados y sin conocimiento de los hechos”.
Loaiza ha sido fuertemente criticado por fallos polémicos que ha dictado.
Por ejemplo, concedió sobreseimientos definitivos a tres imputados en el caso Buko Millonario sin que se realizara la audiencia preliminar del caso.
Cuando fungió como juez municipal, dictó un sobreseimiento a trabajadores de la empresa Transcaribe Trading (TCT) acusados por el bloqueo realizado a los diarios La Prensa y Mi Diario en agosto de 2012.
Valida acuerdo
En la primera audiencia, Loaiza validó el acuerdo de colaboración entre Guardia Jaén y el MP.
En el acuerdo, el exfuncionario –que fungió como jefe del PAN entre 2012 y 2014– aseguró que los contratos para la compra de las mochilas eran asignados a grupos económicos preestablecidos, que tenían más de dos empresas.
En las licitaciones, una de esas empresas presentaba un precio alto para que se adjudicara el contrato a la otra.
En ese acuerdo, Guardia Jaén también aseguró que Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, era quien coordinaba todo lo relacionado con la asignación de los contratos.
Una vez validado el acuerdo, el juez Loaiza decretó la ruptura procesal a favor de Guardia Jaén en esta investigación y este abandonó de inmediato la sala de audiencia con su abogado, Víctor Orobio. El exfuncionario no tendrá que pagar ninguna pena de cárcel por este caso.
Al salir, Guardia Jaén dijo sentirse satisfecho con el acuerdo, recordó que ya estuvo tres años detenido por otras investigaciones sobre el PAN y señaló que aún tiene pendiente una pena de cinco años de prisión, fijada como parte de un acuerdo de pena que alcanzó en el caso de la compra de granos.
“Mi situación es difícil, estoy separado de mi familia y tengo graves padecimientos de salud y no es fácil enfrentar la justicia, pero, bueno, aún tengo pendientes otros 14 acuerdos de colaboración que alcanzar”, dijo.
Rechazan prescripción
Luego, el juez abrió la audiencia preliminar en la que el MP imputa cargos a 17 personas por el caso de las mochilas.
Loaiza rechazó dos incidentes de prescripción presentados por los defensores de los imputados Roberto Luzcando y Carlos Araúz; también negó dos incidentes de nulidad presentados por los abogados de Poulett Morales y René Guardia.
Loaiza dijo que los recursos se presentaron a último momento y sin advertir a la fiscalía y al juzgado el hecho de que se había rebasado el tiempo de la investigación.
Fiscal pide juicio
Durante sus alegatos, la fiscal Vielka Broce aseguró que en este caso el apoderamiento de bienes del Estado quedó demostrado con el concierto de personas de un mismo grupo de empresas que eran beneficiadas con adjudicaciones de contratos para el suministro de mochilas entre los años 2012 y 2014 al Ministerio de Educación (Meduca), sin tomar en cuenta la experiencia de las empresas y los precios ofertados, ya que existieron sobrecostos en los precios pagados por el PAN.
También recalcó que en la investigación no se determinó con exactitud si todas las mochilas fueron entregadas de acuerdo con la programación entre el PAN y el Meduca.
Detalló que señalamientos concretos de otros exfuncionarios apuntan a que Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, fue el beneficiario final de los fondos entregados por el PAN por las compras de las mochilas.
La fiscal hizo referencia a la vista fiscal que dictó el 11 de marzo de 2016, en la que pidió al juzgado el llamamiento a juicio de 17 investigados.
En tanto, el fiscal anticorrupción Javier Mitre Burgos expresó que en la investigación el MP logró acreditar que se produjo una presunta lesión patrimonial al Estado de $14.2 millones por los contratos.
En la audiencia, la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio por la supuesta comisión del delito de peculado para los exfuncionarios Lucy Molinar, extitular del Meduca; Julissa Lizbeth Stanziola, ex asistente ejecutiva del PAN; Berta Roldán, exdirectora de Administración del Meduca; Abraham William, exasistente del PAN; y Adolfo Chichi De Obarrio, exfuncionario de la Presidencia.
Por la supuesta comisión del delito de fraude en actos de contratación pública, peculado y corrupción de funcionarios pidió el llamamiento a juicio de Mario Martinelli, Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Araúz, Carlos Araúz, René Guardia Camargo, Pablo Ruiz Obregón, Janeth Araúz de Caballero, Poulett Morales Montero, Daniel Ruiz Obregón y Eliécer Tuñón, todos ellos representantes de empresas que lograron contratos con el PAN para las mochilas.
En este caso, la fiscalía solicitó un sobreseimiento para Giacomo Tamburelli, exdirector del Fondo de Inversión Social (FIS), entidad que operó antes que el PAN.
Habla la defensa
José Nelson Brandao, representante legal de Mario Martinelli, afirmó que contra su cliente no existe ninguna vinculación en el expediente, mientras que Franklin Amaya, defensor de Poulett Morales, aseguró que todas las transacciones realizadas por su cliente son perfectamente legales y que en la investigación se pudo probar que las mochilas fueron debidamente entregadas.
Mario Batista, en representación de Eliécer Tuñón y René Guardia, dijo que el caso ya prescribió.
Expectativa por fallo
Al cierre de esta edición, la audiencia aún transcurría con los alegatos de la fiscalía.
El juez Loaiza advirtió que dictaría su fallo cuando la fiscalía y las defensas terminaran sus alegatos.
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