Falta de presupuesto, divergencias en el proceso de selección de los jueces de paz y conflictos en los procedimientos, son algunas de las falencias que el Ministerio de Gobierno (Mingob) ha detectado en la operación de la justicia comunitaria de paz, sistema que entró en vigencia en todo el país a mediados de junio pasado.
Por eso, evalúa hacer cambios a la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que le dio vida a los jueces de paz.
A partir del jueves 19 de julio, el Mingob, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, iniciará una serie de consultas por un mes para abordar qué aspectos requieren cambios.
El propósito de este proceso es elaborar un proyecto de ley que atienda las principales falencias que ha tenido la puesta en marcha y el funcionamiento de las nuevas casas de justicia comunitaria. Una vez se logre el consenso sobre los cambios, la iniciativa será llevada al Consejo de Gabinete para su aprobación y posteriormente presentado a la Asamblea Nacional, donde debe ser debatida.
Para ello, se conformará una mesa de trabajo integrada por la Secretaría Nacional de Descentralización, la Procuraduría de la Administración, la Procuraduría General de la Nación, el Órgano Judicial, la Dirección Nacional de Métodos Alternos, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes de Panamá (Amupa) y la Dirección de Asesoría Jurídica del Municipio de Panamá.
Las quejas
Karen Palacios, subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, explicó que hay incomodidad por lo lento que es el proceso al momento de reunir a la Comisión Técnica Distrital, entidad que se encarga de seleccionar a los jueces de paz y los mediadores comunitarios.
Otra de las inconformidades que han señalado los propios jueces de paz es que hay ciertos procedimientos relacionados con la resolución de conflictos que no fueron establecidos en la ley.
Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana pro Justicia.
“Podemos mencionar el tema de la práctica de pruebas. Al momento de atender un caso, se deben establecer ciertos términos para el derecho a la defensa, pero la ley no dice nada relacionado con esto […]. Otra crítica que se da es que hay que esperar hasta 30 días para efectos de si se inclumple un fallo emitido por el juez, para que este se eleve ante la comisión de apelaciones. Según Palacios, “muchos usuarios consideran que este término es mucho tiempo”.
Asimismo, Palacios manifestó que no se puede descartar el rol que juegan los alcaldes y las inquietudes que estos han expresado. “La ley les dio competencia a los alcaldes para resolver conflictos de tipo comunitario, pero ellos nos han señalado que estas deben estar en manos de los jueces de paz, y para que eso pase hay que modificar la ley (...)”, agregó la funcionaria.
Por su parte, Guillermo Torres, abogado de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, indicó que algunos municipios han planteado que no tienen presupuesto para ejecutar los nombramientos.
De hecho, el alcalde de Las Tablas, Noe Herrera, advirtió recientemente que su municipio no cuenta con los recursos necesarios para nombrar a 20 de los 24 jueces de paz que se requieren en los corregimientos. Indicó que, por el momento, solo designará a 4.
Torres recordó, además, que la Secretaría Nacional de Descentralización le presentó a los municipios del país algunas propuestas sobre cómo utilizar los fondos para implementar la justicia comunitaria.
Sin embargo, Jorge Luis Herrera, alcalde de Aguadulce y presidente de la Amupa, reiteró que los municipios no están preparados financieramente para enfrentar este año a la justicia comunitaria. “No contamos con los recursos”, dijo.
Incluso, cuando solo faltaba dos meses para que la justicia de paz se implementara en el Primer Distrito Judicial ( enero 2018), el propio alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, manifestó que habría inconvenientes para aplicar la ley por temas de dinero.
En ese momento se estimaba que se requerirían un total de $6.8 millones para ejecutar el sistema.
Sin registro
Torres también reconoció que el Ministerio de Gobierno no cuenta con una cifra específica de cuántos jueces de paz hay nombrados hasta el momento.
“La ley le dio facultad a los municipios de reducir las casas de paz. En unos deberían tener hasta siete casas de paz, pero solo están implementando cuatro y eso modifica la cifra que deberíamos tener. Estamos haciendo recorridos en las provincias para conocer en qué lugares se implementó la ley y en cuáles no”, dijo el jurista.
