Las millonarias contrataciones de funcionarios por servicios profesionales, sus funciones y cuántos de estos contratos fueron realmente trabajados es uno de los grandes secretos que guardará consigo el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, cuyo segundo periodo culmina hoy 30 de junio.
Pese a que por ley esta información es de carácter público, por segunda vez la Asamblea se negó a entregarla a La Prensa (ver facsímil). La petición se reiteró tras la publicación –en marzo pasado– de una investigación periodística que reveló irregularidades con donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea Nacional, especialmente en los últimos dos períodos, que corresponden a la gestión de Rubén De León, y que suman, al menos, $82 millones, asignaciones que en buena parte no llegaron a sus beneficiarios nominales.
“Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas”, indica el artículo 11 de la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia.
“Los asesores legales me indicaron que esa documentación está en manos de la Contraloría General de la República [que efectúa una auditoría]. Técnicamente [ustedes] hicieron mal la solicitud”, contestó Rubén Murgas, de Relaciones Públicas de la Asamblea, al consultarle al respecto, razón por lo que se negaron a entregar la documentación.
Desde mayo pasado, a De León se le reiteró una petición de entrevista, tras 10 llamadas a su celular –que no respondió ni una sola vez–, múltiples mensajes de voz, 5 correos electrónicos y varios mensajes que se le dejaron en Relaciones Públicas, igual que ocurrió antes y durante la publicación de la investigación pasada.
descubrió que en los contratos por servicios profesionales muchos beneficiarios solo recibían el 10% de su monto total y no tenían que apersonarse a trabajar.
El mismo porcentaje recibían algunos de los favorecidos de donaciones, entregado por asistentes de diputados que acompañaban a los receptores nominales al banco. Los funcionarios se quedaban con el restante 90%.
Contrario a las donaciones –declaradas recientemente inconstitucionales por la Corte Suprema– nada impide a la Asamblea generar nuevos contratos por servicios profesionales. De julio de 2014 a diciembre de 2016 se pagaron $68 millones para 17 mil contratos de este tipo.
IRREGULARIDADES
Siete contratos por servicios profesionales –que sumaron unos $28 mil– gestionados en la presidencia del diputado Adolfo Beby Valderrama (2014-2015) fueron a nombre de cinco directivos de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Fundader), dirigida por la diputada Marylín Vallarino y su suplente y esposo, Agustín Sellhorn. En la directiva también figura una funcionaria del despacho de la diputada Vallarino.
La hija de ambos, Marlyn Elizabeth Sellhorn, también figura con sendos contratos en 2015 y 2016, por $23 mil.
La Prensa intentó entrevistar a Vallarino, quien citó al medio en Fundader, pero fue imposible.
“Los contratos de la Asamblea son para que nombremos personal para que haga un trabajo en la comunidad [...]. Si a usted le parece mal el trabajo que estamos desarrollando en Fundader para beneficio de la comunidad, entonces investigue a los otros diputados... ¿Qué están haciendo con sus nombramientos que no lo tienen nombrados en ningún lugar específico para beneficio de la comunidad”, se defendió Vallarino, evadiendo responder sobre sus contratos.
A cada pregunta, pedía a La Prensa visitar las instalaciones de Fundader. “Vaya, vaya, vaya y conozca”, mientras se apartaba. Ignoró las insistentes preguntas y ante cada pregunta, su respuesta era describir las bondades de su fundación, mientras recorría sus aulas. Vallarino gestionó para su fundación donaciones que suman en total $106 mil.
A su vez, el exdiputado Marcos González figura entre quienes se beneficiaron con contratos temporales. De julio a diciembre de 2016, obtuvo uno de $11 mil 800, cuando el promedio de cada contrato es de $5 mil. ¿Qué funciones tenía González en la Asamblea que valían $2 mil al mes? La Prensa intentó saberlo de su viva voz, pero este no atendió las llamadas a su celular.
También figuran en esta lista de contratos por servicios profesionales dirigentes, políticos, exfuncionarios y familias enteras.
ANHELADAS DONACIONES
En tanto, algunos diputados vieron frustradas las donaciones gestionadas, ya que, producto de la investigación periodística, se suspendieron estos pagos.
En estado de subsanación, en la Contraloría General de la República, quedaron varias donaciones, entre estas, una por $10 mil, a favor de la Liga Provincial de Béisbol de Herrera, que presidió el diputado panameñista José Luis Popi Varela, y cuyo vicepresidente está asignado a su despacho.
El secretario y tesorero de la liga también son funcionarios del Legislativo y otros dos directivos figuran con contratos en la Asamblea. “El vicepresidente es mi asistente personal”, respondió Varela sobre el nombramiento.
Este fue, precisamente, el patrón que reveló La Prensa en la pasada investigación periodística: directivos de oenegés y ligas deportivas, beneficiados con donaciones y asignados a los despachos de los diputados –en la planilla permanente– en caso de que no la presidieran los legisladores.
Varela confirmó que gestionó la donación porque desde la presidencia de la Asamblea “circuló” el manual de la Contraloría que las regulaba para que los diputados hicieran uso de estas. No obstante, aseguró que él demoró en tramitarla y, producto del reportaje, el cheque fue retenido.
Este medio pudo conocer que existen cheques de donaciones retenidos y listos por entregar en el Ministerio de Economía y Finanzas –por decenas de miles de dólares a nombre de oenegés vinculadas a diputados que previamente ya habían recibido donativos.
Por ejemplo, Fútbol Club Bugaba –que se reúne en las oficinas del diputado CD Rony Araúz, y cuyo presidente está asignado a su despacho–. A esta organización previamente se le habían refrendado otros $30 mil.
La Organización Pro Bienestar Social y Desarrollo Comunitario es otra. Opera en las oficinas del centro político del diputado Elías Castillo. Ya había recibido $30 mil en donación.
Otra es la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Niño, que ya se había beneficiado con $60 mil en donaciones. En esta fundación es firmante la diputada Dalia Bernal, pero la preside una funcionaria de su despacho. También, la Fundación para el Desarrollo Sostenido de Azuero, que opera en el antiguo centro de campaña del diputado Carlos Afú, a la que se le refrendaron antes otros $85 mil.
Más de una docena de diputados gestionaron también donaciones para sus organizaciones.
INVESTIGACIÓN LIDERADA POR EQUIPO INTERNO
La Contraloría abrió una investigación de las donaciones y contratos por servicios profesionales en la Asamblea, cuyo equipo auditor lidera Jorge Perea, director nacional de Auditoría Interna, encargada de los procesos internos de Contraloría.
La Prensa consultó en dos ocasiones al contralor Federico Humbert el porqué no designó a la Dirección de Auditoría Forense, creada en 2015, o a la Dirección Nacional de Auditoría General para este proceso, pero evadió las preguntas.
Abordado respecto a los avances de esta investigación y sus hallazgos, indicaron que aún no han concluido: “son procesos largos”, dijeron.
