Janio Lescure, el abogado panameño que fue objeto de una operación encubierta en España organizada por agentes de inteligencia de la empresa Black Cube –contratada por un empresario panameño– reveló haber pagado $500 mil a un cuñado del exmagistrado Oydén Ortega Durán, en pago por un fallo que favoreció a uno de sus clientes.
Sin embargo, su versión es negada, tanto por su cliente –el rector de la Columbus University, Joaquín Villar-García– así como por el propio Ortega, quien negó categóricamente haber recibido un centavo por alguno de sus fallos.
Ortega fue ponente de una sentencia que favoreció a Villar-García, luego de que un tribunal superior ordenara abrir causa criminal en su contra por el delito de estafa agravada.
Esta sería la segunda vez que Ortega es acusado de vender fallos. La primera vez fue hace unos años, cuando un empresario llamado César Alvarado Taylor dijo haber pagado a un hijo del entonces magistrado unos $40 mil en sobornos para que dictara un fallo a su favor en un recurso de casación.
Por este caso, el hijo homónimo del exmagistrado tiene una causa criminal abierta en el Ministerio Público.
La Prensa preguntó al exmagistrado Ortega si había considerado la idea de querellar a Lescure por todo lo que había dicho de él en España, pero el exfuncionario respondió: “¿Qué se gana con demandar... Qué se gana con una demanda?”.
Janio Lescure: ‘La plata se la dimos al cuñado de Oydén Ortega’
En marzo de 2017, un empresario chiricano llamado César Alvarado Taylor presentó una denuncia en la Asamblea Nacional. Había pagado un soborno para que en la Corte Suprema de Justicia fuera admitido un recurso de casación en un pleito por inmuebles que sostenía desde hacía años.
El caso no había sido favorable en las instancias inferiores, por lo que el recurso de casación era su último cartucho antes de perder las tierras de su familia.
Alvarado Taylor llegó a adelantar sobornos que él mismo calculó en unos $40 mil, y de esa cantidad, $15 mil eran para que el recurso fuera admitido en la Corte Suprema.
Pero el hombre descubrió sobre la marcha que en la Corte Suprema de Justicia los magistrados tienen un tarifario sobre lo que tramitan... y que no son nada baratos.
Una cosa es darle admisión a un recurso –algo que, en términos relativos, cuesta poco– y otra muy distinta era el fallo de fondo, esos que concluyen los litigios, que son definitivos, irrevocables y obligatorios. Esos son los que cuestan dinero y a él ya no le quedaba mucho más. Había entregado casi todo el dinero que poseía tras haber sido exprimido poco a poco.
Cuando Alvarado Taylor fue informado por su intermediario –el hijo homónimo del entonces magistrado Oydén Ortega– de que el fallo del recurso –admitido por la suma de $15 mil– le iba a costar otros $250 mil, el empresario concluyó que aquello era un franco abuso y decidió interponer una denuncia.
Pero antes, Alvarado Taylor pudo disfrutar por unos pocos minutos del sabor de la victoria. Le dejaron probar el caramelo.
Dijo haber leído un fallo en el que él era declarado ganador del pleito. Sin embargo, también fue oficialmente advertido de que en esa carrera no estaba solo.
A Alvarado Taylor le dijeron que su contraparte había ofrecido $250 mil, y si él no pagaba, el dulce sabor a caramelo se avinagraría, porque entonces el fallo que había leído diría exactamente lo contrario.
El mensaje parecía claro. ¿Haría falta pujar con dinero por un fallo? ¿La Corte Suprema vendía fallos al mejor postor?
Los protagonistas de la historia de Alvarado Taylor eran dos magistrados de la Corte Suprema: el hoy presidente interino de la Corte Suprema, Hernán De León, –ese que le dijo a la procuradora Kenia Porcell que lo habían grabado– y Oydén Ortega. También, como ya se dijo, uno de los hijos de este último, que actuaba ante Alvarado Taylor como intermediario en la compra-venta del fallo, contó el afectado a los fiscales.
Ortega, segunda vez
La manera en que magistrados se convierten en diligentes sastres judiciales –confeccionando fallos a la medida del comprador– fue parte de otra conversación, pero en un lugar bastante más lejano que el gimnasio del hijo del magistrado Oydén Ortega, donde, según Alvarado Taylor, se celebraban las reuniones para pactar y cobrar por la venta de su fallo.
Ortega –que dejó de ser magistrado en marzo pasado– fue tema de atención en un restaurante en España, pero no era sobre las fincas de Alvarado Taylor. Este era un segundo caso, contado ahora por el abogado Janio Lescure, quien describía una relación “comercial” que dijo mantener con Ortega.
El abogado panameño era, a su vez, cazado por exagentes de inteligencia israelíes pertenecientes a una compañía privada de investigaciones de Israel –Black Cube– contratada por un empresario panameño que, precisamente, se siente víctima de las subastas de fallos que reina en el Órgano Judicial panameño, según él mismo ya había revelado.
Pero lo que era malo para unos, era un buen negocio para otros. Janio Lescure, a manera de carta de presentación ante potenciales clientes rusos, presumía en España de sus contactos e influencias en el Órgano Judicial panameño.
Para probar su punto, contó a unos supuestos empresarios rusos –que en realidad eran investigadores privados encubiertos– una historia de un “caso penal”, de no muy lejana data, en el que él personalmente había intervenido.
“Lo querían meter a la cárcel”, narró Lescure, refiriéndose a un tal Villar.
“Es un caso para que tenga una idea –le dijo el abogado al supuesto empresario ruso– y te mueras de la risa. En ese amparo [de garantías constitucionales] no solo le salvé el pellejo a él [a Villar], sino a la hija de él […que] también estaba involucrada”.
Y ¿a cuánto salen estas cosas?, fue interrumpido. Lescure comenzaba a tomarse unos momentos para explicarse, pero nuevamente intervino el investigador: “Por lo que he oído, [el entonces magistrado Oydén] Ortega es un actor clave muy importante”.
“Sí, sí –respondió Lescure– […] yo sé que [Oydén Ortega] es mi amigo [...] porque yo tengo un fallo de la Corte Suprema favorable a mí, en donde, efectivamente, sacan al doctor Villar, Joaquín. Villar-García de un caso penal muy delicado que tenía, a través de un amparo de garantías constitucionales. Y eso se lo conseguí yo al doctor Villar, por lo tanto [...] él está en deuda conmigo”.
‘Nos costó medio millón’
En deuda, “¿por Ortega?”, le preguntaron. “Por Ortega –respondió– […] Villar está muy en deuda conmigo […]”, respondió Lescure.
Luego lanzó la granada: “Yo usé a Ortega [...] para este caso [...] Y ocho magistrados escriben esto: la cosa está bien. [Solo] uno piensa que no es bueno [...], pero gané”.
Lescure no dejó dudas de cómo obtuvo la sentencia. Fue por sus “conexiones con Ortega”.
Pero, de nuevo, insistió el investigador: “¿Cuánto le costó esto al padre y a la hija?... Lescure intentaba traducir del inglés: “O sea, ¿cuánto puede costar?”. “No, –le corrigieron los israelíes– ¿Cuánto costó?”. Lescure se puso mosca y trató de encriptar su respuesta… “Nos costó medio […] medio millón”.
El abogado no blofeaba. El amparo de garantías constitucionales por el que dijo haber pagado “medio millón” lo interpuso su firma –Lescure Bufete– y lo “ganó” con la ponencia del entonces magistrado Ortega.
El fallo –tal como lo dijo– solo tuvo un salvamento de voto: el del magistrado Jerónimo Mejía. Todo encajaba, incluso, en eso de que a su defendido lo iban a meter en la cárcel.
El cliente del que hablaba Lescure era Joaquín Villar-García, rector y presidente del Consejo de directores de Columbus University, lugar donde Lescure, a la sazón, era profesor de la cátedra virtual “Historia del Derecho”.
En el proceso de Villar-García la contraparte de Lescure era el también abogado Rogelio Arosemena, quien mantenía querellas en la esfera penal y civil contra Villar-García y otras autoridades de la mencionada universidad.
El ‘favor’
El veredicto que metió en aprietos judiciales a Villar-García y a su hija lo emitió el Segundo Tribunal Superior, en cuya sentencia los magistrados ordenaron abrir causa criminal contra Villar-García, así como otras personas, incluyendo a su hija, Marissa de Medina, decana general y vicedecana administrativa de la universidad, por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de Rogelio Arosemena.
Es contra este fallo que Lescure interpuso el amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, alegando una conocida frase: “violación al debido proceso”.
Oydén Ortega acogió el argumento. Pero hizo algo más que eso. Convirtió el pleno de la Corte en juzgador de fondo del proceso penal al alegar que la Corte Suprema de Justicia, “luego de verificar las pruebas obrantes en los antecedentes del proceso penal que nos ocupa, considera que las pruebas existentes no acreditan la comisión del delito de estafa agravada ni la vinculación...” de los acusados. O sea que no había por qué seguir con este caso. Así que, no tan solapadamente, lo envió al archivo.
Tan bien estaba hecho el “favor”, que el magistrado Mejía se excluyó de ser parte de ese fallo a favor de Villar-García. Salvó su voto, no solo alegando todo lo contrario a los argumentos de la sentencia de Ortega, sino porque quería mantenerse al margen de esas otras consideraciones que Ortega se tomó la libertad de analizar, es decir, dar su opinión sobre el mérito de las pruebas aportadas en el proceso.
“…Me aparto de la consideración que se hace en el fallo…” sobre el tema del valor de las pruebas aportadas en el juicio, escribió Mejía en su voto de salvamento: “Considero que en sede de amparo a este Pleno solo le corresponde justipreciar el cumplimiento y garantía de los derechos fundamentales invocados y no entrar a dilucidar el fondo de la causa”.
“El hombre sí, el hombre cobra, pero entonces, al final se vende como el que te está haciendo un favor de amigo...”, dijo Lescure, refiriéndose al entonces magistrado Ortega.
Los investigadores insistían: ¿Pero qué costó qué? ¿Medio millón para sacar ese fallo? Sí, para sacar “al señor como a la hija”, aclaró Lescure a los agentes encubiertos.
Un antecedente
El pleito entre Villar-García y Arosemena era por dinero. Este le seguía, como ya se dijo, procesos civil y penal, pero este último, fue cerrado por el fallo orquestado por Ortega, de acuerdo con lo que reveló Lescure.
Al igual que muchos otros casos, el de Arosemena-Villar García es de vieja data. Y en el transcurso de los años, se han sucedido incidentes que revelan lo agrio de su disputa.
El 17 de noviembre de 2016, por ejemplo, dos jóvenes lograron entrar a las oficinas del bufete de Arosemena. Uno de ellos lo amenazó con meterle un tiro, y le exigió que le entregara su reloj, en lo que Arosemena califica como la simulación de un asalto.
Arosemena forcejeó con uno de los sujetos, pero fue derribado por el segundo, con un golpe al rostro.
En el piso –de acuerdo con la denuncia que interpuso Arosemena en el Ministerio Público– el abogado fue pateado repetidas veces en sus costados hasta que uno de ellos concluyó la golpiza advirtiéndole que “esto es para que no te metas con Joaquín Villar”.
En esa denuncia, Arosemena también narró a la autoridad que un asistente suyo había sido interceptado días antes por dos carros, haciéndolo chocar en la carretera.
De uno de los carros de los agresores, un sujeto le gritó: “Ahora vamos por tu jefe”. Este relato también fue corroborado por La Prensa con la persona que sufrió la agresión.
La denuncia ante el Ministerio Público que interpuso Arosemena finaliza haciendo una advertencia: “Existen los antecedentes suficientes de amenazas y en el día de hoy surge el nombre de Joaquín Villar, que es con la única persona con la que tengo una diferencia de dinero, a quien hago responsable de lo que me pueda suceder a mi persona como a mis colaboradores”.
Villar-García desmiente
La Prensa habló con Villar-García, quien negó haber pagado por el fallo a su favor en el amparo de garantías que interpuso Lescure en la Corte Suprema.
“Somos incapaces de meter la corrupción en asuntos educativos”, afirmó el rector. “Janio Lescure, si lo dijo [lo de la compra-venta del fallo a Oydén Ortega…] o es un mentiroso o estaba borracho”, sostuvo.
“Yo jamás he sacado un real para pagarle a ningún abogado o juez o cualquier magistrado que haya tenido una incidencia legal con la universidad para tener un fallo favorable. Amén de que el amparo fue fallado por el pleno de la Corte, con ocho votos a favor”, afirmó Villar-García.
Sobre el ataque que sufrió en su oficina el abogado Arosemena, Villar-García afirmó que no estaba al tanto de ello. Que, de hecho, se estaba enterando en la entrevista, porque nadie del sistema judicial lo había notificado de esa denuncia.
Sería incapaz –afirmó– de mandar a alguien a pegarle. “Me estoy desayunando” con la noticia, dijo.
El soborno
Los agentes encubiertos seguían halando del hilo. Le preguntaron a Lescure si había tenido que sacar dinero de su bolsillo para pagar sobornos: “¿Es tu dinero o traes la plata del padre y la hija y de ahí la pasas [a los jueces]?”.
“Me ha tocado [poner el dinero] por petición [de los clientes…] cuando hay mucha afinidad [y me ha tocado] hacer un pago por ellos […], en nombre de ellos”, reveló. Pero después... yo les paso una cuenta, como si fueran honorarios [...] y ellos me pagan la suma de dinero, más los impuestos...”.
“Supongo que el padre y la hija no pagaron directamente”, comentó el investigador. Lescure, cándidamente, respondió que no, que “se la dimos [la plata] al cuñado de él”. ¿Al cuñado? ¿De Ortega? Sí, reiteró Lescure: “al cuñado de Ortega”.
Entonces, ¿no usaron los métodos convencionales: ni bancos ni offshore ni British Virgin Islands (BVI) ni Liechtenstein?, preguntaron, refiriéndose al pago en bancos ubicados en territorios considerados paraísos fiscales.
“No –respondió Lescure–, en este caso se lo dimos a Ortega de los fondos de la universidad, y se lo dimos en efectivo”.
¿$500 mil en efectivo? ¡Waooo! ¿Y cómo estuviste tú involucrado en todo esto? Lescure sonrió: “Al 100%”, respondió.
El abogado, incluso, detalló, cómo hizo para entregar tal cantidad de efectivo: “… Lo triangulé para que nunca, nunca pudieran llegar a él [a Ortega], y nunca, en el sistema bancario, pudiera haber algo que se refiriera a lo que él ha recibido. Y su cuenta bancaria, de la noche a la mañana, se subió”.
No obstante, Villar-García negó a La Prensa que hayan salido fondos de la universidad para estos fines. Y, además de él, el exmagistrado Ortega negó rotundamente haber recibido un centavo por sus fallos (ver nota relacionada).
La Prensa intentó hablar con Lescure sobre sus afirmaciones en España, pero después de que aceptó una entrevista, se negó a hacerlo. En su lugar, en una carta que no afirma ni desmiente el contenido de las grabaciones, amenazó con querellas criminales si los audios eran divulgados.
Lea en nuestra próxima edición... Lescure:' Es preferible pagar el precio y seguir adelante'.
